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El juez Salvador Alba, obligado a abandonar una vista tras ser recusado por un abogado a quien denunció

Sergio Armario, el letrado que acompañó al empresario Miguel Ángel Ramírez en la reunión en la que el magistrado conspira contra Victoria Rosell, evita que Alba decida si mantiene en prisión a un cliente encausado por tráfico de drogas

El abogado alega enemistad manifiesta con el juez que le acusó de coacciones después de que se difundiera la grabación de aquel encuentro

El Poder Judicial sigue sin encontrar a Alba y publica otro anuncio en el Boletín Oficial del Estado para la notificación de un acuerdo

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El juez Salvador Alba, junto a sus compañeros de la Sección Sexta Emilio Moya y Carlos Vielba. (ALEJANDRO RAMOS)

El juez Salvador Alba, junto a sus compañeros de la Sección Sexta Emilio Moya y Carlos Vielba. (ALEJANDRO RAMOS)

El magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba se vio obligado este miércoles a abandonar el tribunal que debía juzgar la conveniencia de mantener en prisión provisional a una veintena de encausados por narcotráfico después de que el abogado de uno de ellos solicitara su recusación alegando enemistad manifiesta. Este letrado es Sergio Armario, el mismo que acompañó al presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, a la reunión que da origen al denominado Albagate, un encuentro en el despacho del juez -grabado por el empresario, al que entonces investigaba- para maquinar una declaración que perjudicase a la magistrada a la que Alba sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, en aquel momento (marzo de 2016) diputada de Podemos.

Después de que se difundieran los audios de esa reunión clandestina entre juez y empresario y de que se le abrieran sendos procedimientos en los ámbitos penal (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) y disciplinario (Consejo General del Poder Judicial) por la presunta comisión de hasta seis delitos y tres faltas, Alba denunció a Ramírez y a Sergio Armario por presuntas coacciones para archivar la causa que instruía contra el primero por delitos fiscales. Esa denuncia del magistrado recayó en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital grancanaria, que la acabó archivando en diciembre del año pasado, tan solo un mes después de que el propio Alba se apartara del procedimiento, una decisión que no le ha impedido recurrir el auto de archivo.

Estas circunstancias son las que han llevado a Sergio Armario a pedir la recusación del juez al inicio de una vista celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Las Palmas. En un principio no estaba previsto que Alba formara parte del tribunal que debía deliberar sobre la prórroga de la medida de prisión provisional. Los magistrados inicialmente nombrados eran Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo. Sin embargo, esta última había solicitado un permiso que le impedía poder celebrar ese día, por lo que se había dictado una providencia de última hora por la que se designaba en su sustitución a Alba, el otro juez de esa sección.

Según las fuentes consultadas por este periódico, Armario dio por notificada esa providencia en la misma sala, tras tropezarse con el juez que lo denunció, y reclamó in voce la recusación de Alba a Emilio Moya, el magistrado que presidía la vista. Moya le ha dado un plazo de tres días para formalizarla por escrito tras consultarlo con el representante de la Fiscalía, Javier Ródenas, que se pronunció a favor de las pretensiones del abogado al considerar que sus argumentos estaban bien fundamentados. Será la sección de la Audiencia Provincial que por reparto corresponda, previa consulta al fiscal, quien deberá resolver sobre la cuestión.

La Ley Orgánica del Poder Judicial impide que los jueces intervengan en un procedimiento hasta que no queden resueltas las peticiones de recusación formuladas por las partes, por lo que Alba tuvo que abandonar la sala y ser sustituido por otro magistrado, José Luis Goizueta, que en la actualidad ejerce en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, pero que hasta hace unos meses compartía órgano judicial con Emilio Moya, Carlos Vielba y el propio Salvador Alba. Son, precisamente, los tres jueces a los que Alba grabó en el office de la Sección Sexta mientras departían sobre el caso Unión, la mayor trama de corrupción de Canarias. Por estos hechos, Alba mantiene abierto otro expediente disciplinario en el CGPJ.

El acto de este miércoles, una vista “que no dura más de media hora”, según las mismas fuentes, no se suspendió por su carácter de urgencia. Y es que el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la duración de la prisión provisional no podrá exceder los dos años si el delito, en este caso tráfico de drogas, tuviera señalada una pena privativa de libertad superior a tres años. Un plazo que estaba a punto de cumplirse para los veinte encausados, por lo que el tribunal debía decidir si concurrían las circunstancias que prevé esa norma para poder prolongar durante otros dos años la medida preventiva.

Sergio Armario ha confirmado los hechos, adelantados por el periódico La Provincia en su edición de este jueves, pero ha declinado hacer declaraciones al respecto. Hasta la fecha y desde que se difundiera la grabación de su encuentro con el empresario Miguel Ángel Ramírez, el juez Alba no había coincidido en ningún otro procedimiento con el letrado que este miércoles lo ha recusado.

El Poder Judicial sigue sin encontrar a Alba

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a recurrir al Boletín Oficial del Estado (BOE) para tratar de notificarle un acuerdo al juez Salvador Alba sobre el expediente disciplinario abierto al magistrado en noviembre por tres faltas disciplinarias, dos muy graves -inobservancia del deber de abstención y revelación de secretos- y una grave -exceso o abuso de autoridad al desviarse del objeto de las diligencias penales para adentrarse en una investigación ajena al procedimiento-.

Como ya ocurriera el 18 de abril, el CGPJ ha publicado este jueves un nuevo anuncio de notificación ante la imposibilidad de localizar al magistrado en su domicilio.

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