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La alcaldesa de Mogán, de nuevo ante la justicia por restringir el acceso de la Guardia Civil a expedientes municipales

Onalia Bueno y Mencey Navarro salen de los juzgados este jueves con sus respectivos abogados. (ALEJANDRO RAMOS)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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La alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno, y el número dos de la corporación, Mencey Navarro, ambos de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), volvieron a pisar este jueves los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para prestar declaración en calidad de investigados. En esta ocasión, en el marco de una de las cuatro piezas en las que se desglosó la causa sobre la presunta compra de votos por parte de esa formación en las dos últimas elecciones locales.

El procedimiento original fue archivado en marzo por haber prescrito los hechos acaecidos en 2015 y por falta de pruebas suficientes respecto a los de 2019. Sin embargo, sus derivadas siguen vivas en los juzgados.

La regidora y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo comparecieron el jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la localidad sureña como imputados en las diligencias 960/2022, que investigan la orden de bloquear el acceso remoto de la Guardia Civil a expedientes administrativos tras el registro realizado en las dependencias municipales el 17 de septiembre de 2020. Bueno, Navarro y la también concejala Tania del Pino Alonso (responsable del área de Servicios Sociales) fueron detenidos en esa operación que llevó a cabo la Guardia Civil en busca de documentación vinculada con los delitos que se investigaban en aquel momento (electoral, prevaricación, cohecho y malversación). 

Al igual que en el resto de las piezas separadas, el origen de este procedimiento es un informe del equipo de la policía judicial. En él, los investigadores recogen la declaración prestada por la jefa del servicio de Informática y mensajes de WhatsApp que intercambió con los imputados. Durante el registro a las dependencias municipales, los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, en colaboración con la funcionaria, volcaron en un servidor la copia de seguridad de los archivos municipales para poder acceder a ellos de forma remota. Lo hicieron así ante la imposibilidad de exportar la documentación en discos duros externos o de apropiarse físicamente de los servidores municipales, puesto que esta opción paralizaría la actividad de la administración.

Sin embargo, días después, el 1 de octubre, Onalia Bueno y Mencey Navarro se reunieron con la responsable del área de Informática a petición de la alcaldesa. Fue ahí, siempre según el relato contenido en el informe de los investigadores, cuando ordenaron a la funcionaria desconectar el control remoto de ese servidor aduciendo que la Guardia Civil podía acceder a más documentación de la autorizada por el juez. “Cuenta deshabilitada. Tal como me habéis ordenado”, escribió la trabajadora municipal a la regidora y al primer teniente de alcalde sobre las once de la mañana de ese día, acompañando el mensaje con una captura de pantalla. Solo contestó Bueno con un escueto “ok”. 

Después de ejecutar la orden que le habían dado, la jefa de servicio contactó con un sargento de la Benemérita y se lo comunicó. Ante la advertencia de que, con esta acción, podía estar incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia y/o contra la administración pública, la funcionaria se volvió a poner en contacto con la alcaldesa: “Onalia, tenemos que hablar. La Guardia Civil me ha dado la orden de habilitar el usuario. Si no lo hago incurriré en un delito de desobediencia judicial y pueden imputarme por obstrucción a la justicia”. 

La empleada pública no recibió respuesta de la líder local de Ciuca (aliada de Coalición Canaria), pero sí de Mencey Navarro, con quien mantuvo dos breves conversaciones telefónicas. En la primera, el concejal de Urbanismo se mantuvo en su postura e insistió en que debía acatar la orden de bloquear el acceso. Sin embargo, 25 minutos después y tras una consulta con sus abogados, dio marcha atrás y le pidió que volviera a habilitar el acceso. 

Los imputados han defendido su actuación alegando que ese control remoto de los archivos municipales por parte de los investigadores constituyó una “intervención general e indiscriminada” de todos los expedientes del Ayuntamiento de Mogán. 

Amaño y contratación de asesores

La de este jueves ha sido la tercera vez que Onalia Bueno acude a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana a declarar como investigados después del archivo del delito electoral. El pasado 7 de junio compareció en el Juzgado de Instrucción 1, donde recayeron otras dos piezas separadas, la que investiga un presunto amaño para beneficiar a un empresario al que los investigadores identifican como financiador de Ciuca en las elecciones de 2015 y la que indaga en la contratación de dos asesores municipales.

Las diligencias 1205/2022 fueron incoadas en mayo del año pasado. La alcaldesa y su número dos están imputados por, presuntamente, haber maquinado un acuerdo ficticio en un proceso de mediación judicial con el también investigado Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, empresa concesionaria de parte del servicio de abastecimiento de agua en el municipio, y administrador de la promotora inmobiliaria Cornisa del Suroeste.

Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que ese proceso fue amañado por la alcaldesa, el concejal de Urbanismo y por el funcionario Salvador Álvarez para favorecer, a cargo del erario público, los intereses del empresario como contraprestación a la supuesta contribución económica que este habría dado a Ciuca en la campaña de 2015. 

La declaración de los investigados, prevista en un principio para el 7 de junio, fue suspendida y se acabó celebrando trece días después, el 20 de junio, sin la presencia del fiscal, que no acudió a la cita, y sin acusación popular, ya que la jueza solo aceptaba la personación de la concejala de Nueva Canarias (NC) Isabel Santiago si depositaba una fianza de 6.000 euros para ejercerla. En esa comparecencia, Onalia Bueno defendió que en el prcedimiento para resolver antiguos pleitos entre el Ayuntamiento y las empresas de Luis Oller se limitó a plantear la mediación y a acudir a las primeras sesiones y que, a partir de ese momento , dejó todo en manos de los técnicos municipales. Mencey Navarro, por su parte, sostuvo que solo acudió a dos de las diez reuniones celebradas. 

Antes de la llegada de Ciuca al poder en Mogán, el empresario reclamaba al Ayuntamiento el cobro de facturas de jardinería y limpieza viaria por valor de 853.415,27 euros. La administración, por su parte, había exigido a Cornisa del Suroeste (en ejecución de una sentencia firme) el pago de 1,35 millones para hacerse cargo de unas obras deficientes en una urbanización construida por la promotora. Finalmente, y a pesar de las discrepancias expresadas por dos abogadas que acabaron siendo apartadas de este proceso, el litigio se resolvió con un saldo favorable para las sociedades de Luis Oller de cerca de 900.000 euros. 

Tanto Onalia Bueno como Mencey Navarro y Luis Oller pidieron el archivo de las actuaciones tras prestar declaración. La Fiscalía se opuso a esta pretensión aduciendo que no era “el momento procesal oportuno”. 

La otra pieza es la 1204/2022 y en ella ostentan la condición de investigados, además de la alcaldesa y del interventor accidental del Ayuntamiento (David Chao), dos asesores del Ayuntamiento. Uno de ellos es Raico Guerra, que concurrió a las elecciones de 2019 en la plancha de Ciuca y que, al no obtener acta de concejal, fue nombrado personal de confianza en distintas áreas, entre ellas la urbanística, días después de vender las participaciones que tenía en una empresa familiar, Arpiplan, que había sido contratista de los servicios sanitarios del Ayuntamiento desde 2015. Los investigadores cifraron en 276.000 euros los fondos municipales que se llevó Guerra o su entorno en cinco años (hasta 2020) a través de contratos fraccionados. La policía judicial constató que había una “intencionalidad manifiesta” en beneficiar al asesor, que tiene “limitados conocimientos técnicos” (solo dispone del título de Enseñanza General Básica -EGB-). 

Por su parte, el arquitecto Jesús Romero Espeja, que fue viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias con Coalición Canaria (CC) en el poder, fue contratado por el Ayuntamiento de Mogán como asesor en materia de Urbanismo unos días antes. En este caso, se investiga si se fraccionaron contratos menores con el mismo objeto para eludir “las normas de publicidad y concurrencia competitiva”. El abogado del ex alto cargo del Ejecutivo regional también ha solicitado el archivo de estas diligencias. 

Fianzas a la acción popular 

La concejala de NC Isabel Santiago, que ya ejerció como acusación popular en la causa inicial sobre el pucherazo electoral, también ha pedido personarse en esas tres piezas separadas.

El Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, donde se tramita la vinculada a la orden de bloquear a la Guardia Civil el acceso a documentación electrónica, aún no ha contestado a esta solicitud.

Sí lo ha hecho la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 del partido judicial del sur de Gran Canaria en los dos procedimientos que ha asumido (el presunto amaño para favorecer a un empresario y la contratación de dos asesores), pero su decisión, pese a tener ambos el mismo origen, no ha sido la misma. 

En las diligencias 1204/2022, la de los asesores, permitió en junio la personación de la edil de NC como acción popular sin exigirle ninguna fianza. En cambio, en la 1205/2022, que investiga el “acuerdo ficticio” con el presunto financiador de la campaña electoral de Ciuca, sí le impuso una fianza de 6.000 euros para poder ser parte en el procedimiento, una decisión que ha sido recurrida por Santiago y que está a la espera de pronunciamiento. 

También ha sorprendido el cambio de postura de la fiscal del caso de los asesores, Lucía Cascales, que en junio apoyó la personación de la concejala de NC como acusación popular y, sin embargo, recientemente, ha interesado la estimación del recurso presentado por Onalia Bueno instando a que se fije una fianza para que pueda ejercerla. Los abogados de la alcaldesa sostienen que Santiago está utilizando la vía penal para “dirimir una rivalidad política”. 

La cuarta pieza separada versa sobre los incrementos salariales concedidos a funcionarios afines al partido de la alcaldesa.

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