Comienza el juicio al fotógrafo para el que se solicitan 187 años de prisión por pornografía infantil

La sección primera de la Audiencia de Las Palmas juzgará en las próximas dos semanas al fotógrafo que se enfrenta a una solicitud de 187 años de cárcel por utilizar a adolescentes como modelos en su estudio de la capital grancanaria e incurrir, supuestamente, en 36 delitos de pornografía infantil y cinco de corrupción de menores en grado de tentativa.

La Fiscalía de Las Palmas solicita que el acusado, Luis Jorge M. E., de 55 años, indemnice con 244.200 euros a sus 41 víctimas y denunciantes de estos hechos, ocurridos entre los años 2013 y 2018, cuando fue detenido.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado mantenía tratos con otros fotógrafos y fue director y socio de la agencia de modelos llamada Moodels Canarias, con la que se dedicaba a contactar, a través de redes sociales, entre otros medios, con jóvenes mayores y menores de edad, que tuvieran interés en ser modelos.

De modo sistemático, el acusado, después de evitar la presencia de los padres de las menores en el local donde realizaba las sesiones, que principalmente era una cochera o garaje acondicionado como estudio fotográfico, les proponía a sus víctimas que se quitasen la ropa, asegura la acusación pública.

El procesado les hacía posar en actitud sugerente o sensual, con gestos eróticos, mostrando los pechos, así como desnudas, para confeccionar los correspondientes archivos informáticos de imagen de las menores, sostiene la Fiscalía en su escrito.

Así mismo, la acusación pública señala que convencía a las adolescentes, en la mayoría de los casos, aprovechándose de la ilusión que les hacía llegar a ser profesionales, pues les decía que para estar a la altura de tal nivel profesional “debían tener plena confianza con el fotógrafo y perder la vergüenza”, indica el escrito de la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal solicita, además de la pena de prisión, que se le imponga al acusado 21 años de inhabilitación para ejercer oficio o profesión que requiera la custodia de menores, 41 para poder desempeñar un trabajo que conlleve contacto regular o directo con menores y 10 años de libertad vigilada.

La Fiscalía reclama también el decomiso de los aparatos que utilizó el acusado para cometer los delitos que se le atribuyen.

El juicio comenzará el próximo día 13 y concluirá el 23 de julio, según las sesiones previstas.