Los correos de dinero quedaban con los guardias civiles acusados en qué día podían pasar la aduana

La relación entre ciertos guardias del aeropuerto de Gran Canaria y los correos que con más frecuencia viajaban a la isla desde el Sahara, Marruecos o Mauritania con sumas de dinero llegó a tal punto, que les llamaban antes de comprar el vuelo para saber que día estaban en la aduana.

El comandante de la Guardia Civil que dirigió la investigación abierta contra diez guardias civiles de la unidad fiscal del aeropuerto, incluido el sargento que estaba al mando de ella, ha explicado esta tarde al Jurado de la Audiencia de Las Palmas la mecánica que pudieron detectar no solo con la cámara que grabó la actividad de los procesados, sino a través de escuchas telefónicas.

En este caso, la Fiscalía sostiene que esos guardias civiles exigían sobornos a pasajeros que llegaban a la isla con sumas de efectivo de declaración obligatoria en la frontera (para los países ajenos a la UE, cualquier cantidad por encima de 10.000 euros), a cambio de consignar en los documentos oficiales la cantidad que ellos decían llevar, sin contarla para verificar si era cierta.

En la sesión de esta tarde, han declarado en primer lugar los dos únicos acusados extranjeros que comparecen en el juicio, ya que los demás hace tiempo que fueron declarados en rebeldía, por no haberse presentado a las citaciones de la Justicia española.

Se trata de dos hombres saharauis que volaban con relativa frecuencia desde El Aaiún a Gran Canaria para transportar dinero en efectivo. Los dos han alegado que solo eran “ayudantes de comerciantes”, es decir, correos que viajaban con el dinero de determinados empresarios con el encargo de entregarlo en Canarias.

Estos dos procesados, Mahjob A.B. y Salem A.A., se enfrentan a posibles penas de un año prisión por un delito de cohecho, porque fueron grabados por la cámara que destapó toda la operativa de la unidad fiscal entregando billetes de 50 euros a los agentes.

Los dos acusados han alegado que se limitaban a hacer lo que les habían mandado sus jefes: dejar 50 euros sobre la mesa del guardia civil que les atendía, pero sin saber en realidad para qué era ese dinero. Desconocían, alegan, si era “una tasa o un impuesto”.

Preguntado por una de las defensas si eso de dejar 50 euros al policía del aeropuerto como “gratificación” era una costumbre comercial relativamente común en países del norte de África, Mahjob A.B. ha respondido tajante. Nunca lo ha hecho, salvo en Canarias.

Estos dos procesados sí han admitido que en la mayor parte de las ocasiones no les contaban el dinero de forma exhaustiva, sino simplemente “a ojo” o haciendo un recuento de los fajos que portaban (en algunos viajes, transportaron hasta 300.000 euros), y que también les dejaban entrar al país con carne traída desde El Aaiún (a pesar de que está prohibido importar productos cárnicos).

El comandante designado por la Guardia Civil para investigar lo que ocurría en el aeropuerto ha explicado al Jurado que en la Comandancia de Las Palmas ya habían recibido algún comentario sobre lo que estaba pasando, pero no tuvieron indicios claros hasta que un pasajero llegado desde El Aaiún denunció que los guardias del control de aduanas le habían pedido entre 1.500 y 2.000 euros.

“Eso es algo completamente ilegal, corrupto y muy, muy grave”, ha manifestado este testigo, que ha recordado que esos guardias tenían el encargo de fiscalizar el dinero que entraba en España desde terceros países, en este caso del norte de África.

A partir de ahí, consiguieron que un juez autorizase a instalar una cámara y a pinchar los teléfonos a los procesados.

Las escuchas permitieron averiguar, ha explicado, la relación de confianza que se había establecido entre varios de los guardias y los extranjeros que solían cruzar la frontera en esos vuelos.

“Les llamaban (a los guardias) para preguntarles qué día estaban de servicio antes de comprarse el billete”, ha dicho este testigo.

Este comandante ha admitido que, incluso, se llevó una decepción con uno de los procesados, un guardia de la unidad fiscal al que la Policía Judicial solía recurrir para que parase a determinados pasajeros sospechosos de transportar droga, porque era especialmente diligente y resolutivo en ese tipo de servicios.

“Cuando vimos por la cámara que un día también cogía 50 euros, nos produjo una gran tristeza, porque esperábamos que él no entrara en eso”, ha añadido.