Un exconcejal de Podemos sostiene que un empresario le ofreció un sobre con 2.300 euros para que le adjudicara el servicio de hamacas de La Oliva
El denunciante del caso Hamacas, Álvaro de Astica, ha afirmado este miércoles ante el Jurado que el empresario Gregorio Roberto V.G. le entregó los 2.300 euros del supuesto soborno en un sobre, tras haberlo citado en su casa, y que al salir de la vivienda el procesado fue detenido por la Policía, que tenía conocimiento de la cita.
En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra Gregorio Roberto V.G, que se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión por un delito de cohecho, el entonces edil de Votemos (Unidas Podemos) en el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ha detallado que la entrega de dinero para conseguir un trato de favor en la adjudicación del servicio de hamacas se produjo la tarde del 27 de abril de 2016.
El dinero se lo entregó el acusado en un sobre blanco que llevaba el nombre de Roberto, ha indicado el denunciante.
Así mismo, ha explicado que decidió grabar en un teléfono móvil la entrega y que como Gregorio Roberto V.G. le había dicho que le iba a pagar 3.000 euros, por temor a que la Policía pensara que se había quedado con la diferencia, le preguntó por los 700 euros pendientes y este le dijo que se los entregaría una vez que consiguiera la concesión del servicio de hamacas.
El denunciante ha indicado que el 28 de marzo de ese año contactó el empresario con él para interesarse por la adjudicación de las hamacas, pero no le denunció a la Policía hasta el día 6 de abril porque fue en el intervalo de esos días cuando tuvo “claro” las intenciones de Gregorio Roberto V.G.
Así mismo, ha señalado que con anterioridad a la cita del 27 de abril mantuvieron otra, en la calle, para la entrega del dinero, que también conocía la Policía, pero que en esa ocasión el empresario le dijo que no había podido reunir la cantidad.
El denunciante ha considerado que el acusado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, tiene como “estrategia no decir nada de todo lo que sabe”, pues, según su información, iba a utilizar a un testaferro para que se presentara al concurso porque como tenía deudas no podía hacerlo él
El edil ha rechazado la versión de la defensa de que era él quien le pedía dinero al empresario debido a las numerosas deudas que tenía: “Un reconocimiento de mi honestidad y de que ni robaba ni me metía a pactos con golfos”, ha recalcado.
Además, ha sostenido que sus deudas eran de conocimiento público en las redes sociales y esa versión del acusado surgió a partir de 2019, tres años después de denunciar los hechos.
A preguntas de la defensa, ha explicado que la acusación popular se retiró del caso porque cuando se acabó legislatura él no se volvió a presentar a las elecciones y se quedaron sin fondos para pagar a los abogados.
En esta sesión ha declarado un amigo del acusado y vecino de La Oliva, que fue quien prestó los 2.300 euros al empresario y el que escribió el nombre de Roberto en el sobre, extremo sobre el que no recordaba que así lo había manifestado en su día a la Policía.
Este testigo ha reconocido que prestaba dinero a su amigo de vez en cuando, entre 1.500 y 2.000 euros, y que siempre se los devolvía.
Los dos policías que detuvieron al empresario el 27 de abril, han indicado que se encontraban a las afueras de la casa del concejal y que cuando los dos salieron, los identificaron y cachearon y cogieron el sobre que el edil llevaba en un bolsillo.
Aunque el edil ha dicho que habían pactado una señal para avisar de que el empresario le había entregado el dinero, los dos policías han negado ese extremo, así como que había grabado al acusado en su casa.
La letrada del departamento administrativo del Ayuntamiento de La Oliva ha declarado al tribunal que el acusado la llamó en varias ocasiones porque estaba interesado por un sector, pero no recordaba si trataba de uno de los que estaba desierto o con adjudicatario.
Ha explicado que el concurso de las hamacas sale a licitación por un periodo de cuatro años y que, en caso de que alguien renuncie, se adjudica por orden de lista.
Tras declarar el comisario de Policía e instructor de la causa, que fue el que ordenó a los dos policías que vigilaran la casa de Astica, el Ministerio Público y la defensa han elevado a definitivas sus conclusiones.
La Fiscalía ha pedido al tribunal una sentencia condenatoria al considerar que el procesado entregó a Astica, por su condición de concejal, 2.300 euros para intentar que influyese a favor en la mesa de contratación del Ayuntamiento y se le adjudicase el servicio de hamacas de forma ilegal.
Ha rechazado que la versión de la defensa y ha sostenido que las únicas deudas con la Seguridad Social que tenía el denunciante sumaban 44 euros en ese entonces, una cantidad “irrisoria”, que además si hubiera querido aceptar ese dinero no hubiera denunciado los hechos.
La abogada de la defensa, en cambio, ha reclamado un veredicto absolutorio para su cliente, “honesto y limpio”, y ha insistido en que le entregó el dinero para ayudar al concejal, porque sabía que tenía numerosas deudas en ese entonces, que frente a los que sostiene la Fiscalía, son más y están todas ellas publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Así mismo, ha alegado que su cliente fue denunciado por ayudar económicamente a Astica y que, si hubiera querido sobornar a un edil hubiese elegido a otro y no “al Robin Hood” del Ayuntamiento, “al que evitaría a toda costa”, pues su lucha contra la corrupción era de todos conocida.
Así mismo, ha cuestionado al Jurado cómo puede ser que su defendido acuda a la letrada del Ayuntamiento y a un concejal de la oposición para solicitar información si su intención es sobornar para resultar favorecido.
La abogada defensora ha señalado que son muchas las “dudas” que figuran en la causa y que el denunciante “miente a la Fiscalía y a la Policía”, y ha insistido en que su cliente es inocente.
El acusado, en su derecho a la última palabra, ha afirmado que tiene “un agotamiento tremendo desde 2016”.
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