La Fiscalía ve “mínimo” el último retraso de un año en el caso La Bufona, que afecta a la presidenta del PP de Lanzarote

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias ha archivado las diligencias que abrió el pasado mes de abril para investigar la última demora en la causa penal de La Bufona, que juzga la construcción de una urbanización en Arrecife sobre terrenos que no eran propiedad de la promotora y con parte de los chalés, entre ellos el de la actual alcaldesa, Astrid Pérez (Partido Popular), asentados en suelo protegido.

Para el fiscal Vicente Garrido, los 367 días que el procedimiento estuvo completamente paralizado (entre el 30 de abril de 2021 y el 2 de mayo de 2022) constituyen un retraso “mínimo” y no son suficientes para acreditar que la magistrada encargada del caso persiguiera con su actuación una “finalidad ilegítima”. 

En el caso La Bufona, los acusados son Federico Echevarría (arquitecto) y Antonio Caro (constructor), dos de los tres promotores de la urbanización. El tercero, Francisco Carmona, exresponsable del catastro municipal, murió durante la instrucción de la causa original, abierta hace ya 22 años tras una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El primer juicio y la posterior sentencia condenatoria fueron anulados por un error formal, porque se había dictado la orden de demolición parcial de las viviendas sin dar la opción a sus propietarios de personarse como responsables civiles y defender su posición. Además de la alcaldesa Pérez, también presidenta del PP de Lanzarote, entre los dueños de los chalés de esta urbanización figura el exfiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés. 

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias incoó diligencias sobre el último retraso en el procedimiento a raíz de un escrito presentado por Gonzalo Murillo, propietario de terrenos donde se construyó la urbanización. Después de haber solicitado un impulso procesal, el denunciante pidió que se investigara “la pasividad” de la jueza y si su actuación pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación judicial o de retardo malicioso en la administración de justicia. Murillo temía que esta última demora provocara la caducidad de una causa penal que ha sufrido numerosas dilaciones desde su apertura. 

La respuesta a esa denuncia llegó el pasado 17 de octubre con un decreto firmado por el teniente fiscal, Demetrio Pintado, a partir de una propuesta de resolución elaborada por Vicente Garrido, exfiscal superior de Canarias. En este escrito, el Ministerio Público admite que la celeridad en las resoluciones es “un objetivo deseable en el ámbito del funcionamiento de los tribunales”. Sin embargo, califica los hechos denunciados por Murillo de “excesivamente inconcretos y genéricos” y descarta que constituyan delito alguno. 

“No se desprenden indicios de que la jueza denunciada se haya negado definitivamente a resolver” el proceso penal, recoge el decreto. “El mero retraso, en este caso mínimo (desde el 30 de abril de 2021, fecha real de acceso del procedimiento referido al Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, hasta el auto de 2 de mayo de 2022, por el que se admiten las pruebas propuestas y se declara la apertura de juicio oral), no basta para acreditar que su objetivo sea obtener una finalidad ilegítima”, añade el fiscal. 

Para el Ministerio Público, la magistrada “ha evidenciado un deseo claro de cumplir con su obligación de juzgadora, intentando en primer lugar la posible conformidad de los acusadores, acusados y responsables civiles y, en segundo lugar, la inmediata celebración del juicio cuando la agenda de señalamientos se lo permite y el consenso de todas las partes en la fijación de un nuevo señalamiento para evitar cualquier suspensión como consecuencia de coincidencias con otros juicios”. 

Las contradicciones en el retraso

El decreto de la Fiscalía no se pronuncia, sin embargo, sobre las razones de esa última demora. El caso de La Bufona se sustanció en el Juzgado de Primera Instancia 3 de Arrecife y el primer juicio se celebró a finales de 2015. Sin embargo, la Audiencia de Las Palmas anuló esa vista porque los propietarios de las viviendas no habían sido citados como responsables civiles y, por tanto, no habían podido expresar su posición con respecto a la demolición parcial de las casas. Debido a ese error procedimental, ordenó retrotraer las actuaciones y la causa pasó al Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife para que señalase una nueva fecha para el segundo juicio. La titular de este órgano, María Luisa Moreno, se abstuvo y, a partir del 30 de abril de 2021, asume el caso en su sustitución la magistrada Margarita Gómez, que tiene plaza en el Juzgado de lo Penal 1 de la capital. 

El procedimiento estuvo paralizado desde esa fecha hasta el 2 de mayo del año siguiente, cuando la jueza decretó la apertura del juicio oral (el segundo) y admitió las pruebas solicitadas tanto por la Fiscalía, como por las defensas de los acusados y los responsables civiles.

Un mes antes, el denunciante de La Bufona, Gonzalo Murillo, ya había presentado denuncias y quejas ante distintos estamentos. A uno de ellos, la Diputación del Común, respondió la magistrada para explicar que, según le habían comunicado desde el propio juzgado, la razón de esa parálisis era la baja de larga duración (diez meses) del funcionario encargado de la tramitación de las diligencias. Decía en su contestación que esa baja no fue cubierta por ningún otro trabajador de la Administración de Justicia en ese periodo. 

La versión ofrecida por la jueza a la Diputación del Común se contradice con la del Gobierno de Canarias y las fuentes sindicales consultadas por Canarias Ahora. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo regional, Mónica Ceballos, manifestó a este periódico el pasado mes de junio que durante 2021 se produjeron tres bajas de larga duración de funcionarios adscritos al Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife y que todas ellas se cubrieron en “tiempo y forma”, en los plazos habituales para este tipo de procedimientos, que no suelen superar los dos meses. Evacuada la correspondiente consulta interna, representantes de los trabajadores en Justicia confirmaron que esa baja de diez meses se cubrió en apenas 40 días y que no hubo ninguna otra de esa extensión. 

Es precisamente esta contradicción la que ha propiciado una nueva denuncia de Murillo. “¿No habría que investigar lo sucedido en el procedimiento abreviado 163/2020 (caso La Bufona) del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife cuando afirma la jueza que el motivo del retraso es que el funcionario encargado de su tramitación estuvo de baja un largo periodo (que alcanza casi los diez meses) sin nombrarse un sustituto, pero al parecer esta baja fue cubierta en menos de 40 días?”, se pregunta. 

Murillo solicita en su último escrito, fechado el pasado 20 de octubre y dirigido al teniente fiscal de la comunidad autónoma, Demetrio Pintado, que se pongan los hechos en conocimiento del servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado “por si los mismos fueran objeto de revisión en expediente disciplinario” y para que valore “si es un mero retraso mínimo” que la causa haya estado “totalmente paralizada” durante más de un año. 

Una condena “ridícula”

El segundo juicio del caso de La Bufona dará comienzo el 9 de enero. El primero, anulado por el mencionado defecto procedimental, se había resuelto con una condena para los acusados que los magistrados llegaron a calificar de “puramente simbólica, por no decir ridícula”. El Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife había impuesto a los procesados seis meses de cárcel por un delito continuado contra la ordenación del territorio. La Audiencia de Las Palmas rebajó un grado la pena hasta los dos meses de prisión (sustituible por una multa de 1.200 euros) tras aplicar la atenuante “muy cualificada” de dilaciones indebidas. 

Ya la primera sentencia cifraba en cinco años y siete meses la paralización no justificada de la causa, entre otras razones porque el fiscal Carlos Fernández Seijo tardó más de 500 días en contestar un recurso después de traspapelar la documentación. La Fiscalía General del Estado le abrió un expediente disciplinario, pero terminó archivándolo por prescripción de los hechos, no sin advertir de que podían ser constitutivos de una falta grave.

Gonzalo Murillo no solo ha denunciado el último retraso, sino también que se haya citado a los propietarios de las viviendas como responsables civiles y no como responsables penales. Defiende que, según “los técnicos del Gobierno de Canarias competentes en materia de ordenación del territorio”, los promotores de las obras ilegales de ampliación de los chalés sobre suelo protegido son los propios dueños. Hay que recordar que, en el caso de la presidenta del PP de Lanzarote, hay una orden firme de demolición parcial de la vivienda (nunca fue recurrida por sus titulares) que sigue sin ser ejecutada casi una década después.