El Gobierno deniega por segunda vez el indulto al exjuez corrupto Salvador Alba
El Consejo de Ministros ha denegado por segunda vez el indulto para el exjuez corrupto Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por los tres delitos que cometió (prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental) cuando conspiró contra Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, con el objetivo de perjudicar la carrera política y profesional de la entonces diputada de Podemos.
Este segundo expediente se ha tramitado a instancias de los padres del condenado, que habían solicitado para su hijo esta medida de gracia a través de un escrito en el que sugerían que la magistrada en excedencia lo había denunciado y acusado falsamente, pese a que la investigación se abrió de oficio después de que se difundiera una grabación en la que se escuchaba al entonces juez maquinar en contra de Rosell.
Esta segunda petición de indulto fue rechazada por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada el pasado martes 16 de mayo. La primera, denegada en noviembre, fue cursada por la esposa de Alba, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo.
En el primer expediente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es el órgano encargado de la ejecución de la sentencia, ya se había opuesto a la medida de gracia incidiendo en que el exjuez no había mostrado signo alguno de arrepentimiento y en que los delitos por los que había sido condenado son “los más graves” que puede cometer un magistrado en el ejercicio de sus funciones.
Poco después de que esa primera petición fuera denegada por el Consejo de Ministros, fueron los padres de Alba quienes solicitaron el indulto defendiendo que su hijo era inocente y que lo estaban tratando “como si fuera un asesino”. En su informe preceptivo, Instituciones Penitenciarias tampoco hizo constar ningún arrepentimiento del exjuez corrupto, aunque sí aludía a su adecuado comportamiento dentro de la cárcel de Estrenera, en donde trabaja como auxiliar de limpieza del comedor.
Alba entró en prisión el 18 de octubre de 2022, casi un año después de que su condena fuera firme. Ingresó primero en la cárcel de Salto del Negro, en Gran Canaria, para posteriormente trasladarse a Madrid, al centro penitenciario de Estremera, a finales de ese mismo mes, previa escala en el de Puerto de Santa María, en Cádiz.
La ejecución de la pena se demoró once meses porque su defensa trató de evitar o retrasar su entrada en la prisión alegando que padecía enfermedades incompatibles con una estancia en un centro penitenciario. Fue en febrero de 2022, tan solo un día antes de que expirara el plazo que la justicia le había dado para el ingreso voluntario en la cárcel, cuando el abogado de Alba presentó el escrito con informes médicos que, según la defensa, acreditaban que no podía viajar en avión para desplazarse hacia uno de los centros penitenciarios que disponen de módulos especiales de seguridad para reos que, como Alba, han ejercido como autoridades encargadas de la persecución de delitos.
Hasta tres informes forenses constataron que las dolencias alegadas por Alba se podían tratar en prisión, por lo que no había impedimento para cumplir la pena en un centro penitenciario. Finalmente lo hizo el 18 de octubre del año pasado, el mismo día que el TSJC había dictado contra él una orden de busca y captura.
Alba fue condenado por manipular un procedimiento penal con el objetivo de dañar la reputación de la magistrada a la que sustituyó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, cuando la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género decidió presentarse a las elecciones como independiente en las listas de Podemos en 2015. Además de la pena de cárcel, la sentencia impuso a Alba 18 años de inhabilitación, el pago de una multa de 12.150 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 60.000 euros.
5