Ascienden a 64 los investigados por pertenecer a una presunta organización de tráfico de droga en Canarias

Un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha precisado que la lista de investigados dentro de un supuesto caso de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal suma 64 personas, una veintena de las cuales recurrieron la continuación del procedimiento abreviado.

Tras practicar el grueso de las detenciones desde 2016 a 2018 existen indicios suficientes para pasar a la siguiente etapa procesal, tal y como se acordó en 2022, al dar por terminada la investigación y no proceder el archivo de la causa.

El escrito de Fiscalía fue emitido en septiembre de 2024 y en el mismo se incluyen penas para alguno de los imputados, que suman hasta 14 años por los dos cargos y pagos millonarios, aunque las defensas pretenden rebajar las condenas al pedir que se tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

Actualmente se espera que los abogados de los encausados emitan sus escritos en contra de las penas solicitadas y que el juez diga la última palabra sobre si cree procedente que se celebre el juicio.

En 2016 comenzaron las investigaciones, que concluyeron en marzo de 2018, período en el que los encausados fueron detenidos cuando realizaban esta actividad ilegal en puertos y aeropuertos de Santa Cruz de Tenerife, La Palma y en Gran Canaria, en puntos como Castillo del Romeral, La Aldea y Las Palmas.

Una vez identificados los 55 iniciales procesados un Juzgado de La Laguna inició la causa penal, que ya ha concluido al considerar finalizadas las investigaciones y que sitúa la cifra final en 64 personas.

En su momento trascendió que miembros del grupo asentado en el barrio de Añaza de la capital tinerfeña realizaban viajes y reuniones con los de Gran Canaria y efectuaron transacciones por valor de hasta 265.000 euros, que fue cuando se detuvo a dos personas con cinco kilos con una pureza del 67%.

A partir de este punto comenzó la identificación de decenas de personas más repartidas por distintas islas hasta llegar a la lista definitiva.

De esta manera se pudo confirmar que la principal vía de entrada de la mercancía era la marítima, para lo que se utilizaban empresas de estiba de buques procedentes de Sudamérica y se contaba con la participación de más colaboradores para sacar la droga de los puertos.

Todo ello demostraría que la banda disponía de un mecanismo de funcionamiento sincronizado, estable en el tiempo y consolidado como una auténtica empresa delictiva, de donde se derivaría el cargo de pertenencia a organización criminal.

Otra de las detenciones más significativas tuvo lugar el 6 de julio de 2017 al interceptar a dos personas en el puerto de Las Palmas cuando iban en un camión en el que se encontraron 170 kilogramos con una pureza del 77% y un valor de más de seis millones.

En este auto la Audiencia rechaza los argumentos de que existe una indefensión material al señalar que los investigados tuvieron acceso a las actuaciones, podían examinarlas, solicitar diligencias, proponer pruebas y la posibilidad de defenderse en el juicio oral, por lo que la causa sigue adelante.