A juicio por fingir ser inspector de Hacienda y estafar 90.000 euros a dos hermanos en Tenerife

Un agente tributario de la Comunidad Autónoma de Canarias será juzgado el próximo lunes, 14 de noviembre, en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acusado de un delito de estafa por supuestamente hacerse pasar por un inspector de Hacienda para reclamar, y obtener, 90.000 euros de dos hermanos para una regularización fiscal.

Según se recoge en el escrito de calificación de la Fiscalía, que pide para el acusado siete años de cárcel, las dos víctimas recibieron una comunicación de la Agencia Tributaria estatal para el inicio de un expediente de comprobación e investigación. Un proveedor de los dos hermanos les dijo que tenía un amigo que era inspector de Hacienda y que les podía facilitar una cita con él para arreglar su problema. Este no era realmente inspector de hacienda sino agente tributario de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, quien en sus relaciones con terceras personas “muchas veces afirmaba falsamente” ser inspector de la AEAT, relata el Ministerio Público. Es más, ya había sido condenado a dos años por el mismo delito pero la pena le fue suspendida.

En los días siguientes a esa conversación, el acusado llamó por teléfono y citó en su oficina, en Santa Cruz de Tenerife, a una de las víctimas de la estafa. En una segunda cita le preguntó por los datos del negocio y a la vista de los datos recibidos le exigió el pago de 30.000 euros a cambio de solucionar su problema y con el pretexto de que ese dinero no era para él sino para los actuarios de Hacienda. También le preguntó si su hermano podía pagar la mitad, a lo que la víctima contestó afirmativamente.

Ambos realizaron el pago en metálico y, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte del acusado, introdujeron el dinero en una caja de zapatillas de deporte, cubierto con papel transparente, y se lo entregaron en una tienda a una empleada indicándole quién era el destinatario. Tras ese primer pago, el acusado les indicó que “todo iba bien” pero al mismo tiempo “trataba de infundirles miedo” sobre la posible existencia de un delito fiscal, con la intención de que le entregaran más dinero. Les decía que los funcionarios de Hacienda “se estaban portando bien y que no llevarían el tema a la Fiscalía”, pero que para eso era necesario otra entrega de otros 30.000 euros, a lo que ambos accedieron nuevamente.

Más adelante, el acusado exigió una nueva entrega de 30.000 euros “para el buen fin de sus gestiones” y las víctimas hicieron otra entrega bajo el mismo procedimiento. En esta ocasión uno de los hermanos dejó una nota al acusado en la que le decía que no tenía más dinero y que lo que le había entregado era el dinero que tenía ahorrado para su hijo, que estaba acabando magisterio infantil, y al que le iba a ayudar a montar una guardería.

Sin embargo, el procesado volvió a exigirles otros 30.000 euros, pero estos se plantaron.

El expediente de comprobación tramitado ante la AEAT terminó con la firma de las actas de conformidad, en virtud de las cuales, se regularizó la situación tributaria del IRPF de los dos hermanos, formulándose en las mismas unas propuestas de liquidación de las que se derivaban unas deudas tributarias por importe de 73.664,81 y 73.332,49 euros, respectivamente, deudas que fueron abonadas.

El acusado “no tuvo ningún tipo de participación real” en la tramitación de estos expedientes de comprobación, “pues ni era funcionario al servicio de la AEAT ni tenía ninguna capacidad de influencia en la actuación profesional de sus funcionarios, ni hizo nada por influir en los mismos”, sostiene la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide en concepto de responsabilidad civil que el acusado les devuelva a los hermanos 45.000 euros a cada uno, más los intereses legales correspondientes.