El reto de los juicios telemáticos y el cúmulo de procedimientos atrasados marcan el regreso de la Justicia en Canarias tras la pandemia

La Justicia retoma este jueves su actividad después de más de tres meses interrumpida tras la declaración del estado de alarma por la COVID-19, en los que los servicios prestados se han limitado a los esenciales: el Juzgado de Guardia y el de Violencia sobre la Mujer. En Canarias, el poder judicial enfrenta su “nueva normalidad” con dos grandes retos: desbloquear el cúmulo de procedimientos pendientes y la celebración de vistas y juicios telemáticos. El Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril establece medidas organizativas para hacer frente al virus en este ámbito. Entre ellas, convertir agosto en un mes hábil, que los plazos procesales suspendidos vuelvan a computar desde su inicio y que la atención al público sea a través de cita previa. El juez decano del partido judicial de Arrecife, Adalberto de la Cruz Correa, insiste en que es un “camino que no ha andado nadie nunca” y que pretende recorrerse con todas las garantías: “Debemos recordar que la pandemia aún no se ha ido”.

No será hasta julio cuando se conozca el dato oficial de procesos pendientes, con la publicación de las estadísticas del segundo trimestre, pero el también titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arrecife reconoce que los retrasos y la falta de personal son anteriores a la emergencia sanitaria. Convertir agosto en mes hábil es una de las medidas establecidas en el Real Decreto-ley para agilizar la Justicia en lo que queda de año, pero los Colegios de Abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se han posicionado en contra por el obstáculo que supone para la conciliación y el respeto a las vacaciones de estos profesionales. En esta línea, Adalberto de la Cruz ha explicado que cada juez o jueza tendrá en cuenta las necesidades del personal de la abogacía en los señalamientos de los juicios.

La reconfiguración de la agenda prevista para 2020 es también una de las preocupaciones de la Administración, ya que deberán recolocarse todos los juicios que estaban programados para los meses de marzo, abril y mayo. “No es solo fijar la fecha, sino también notificar a las partes, citar a los testigos...”, matiza De la Cruz.

Los decanos de los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, Óscar González y Juan Luis Lorenzo Bragado, señalan que el panorama más complejo parece perfilarse en los juzgados de lo Social, ya que el resto de jurisdicciones tenían las agendas saneadas y no prevén un incremento de la litigiosidad tan alarmante, a excepción de la mercantil.

En los juzgados de lo Social de Las Palmas, la reactivación del servicio público se afronta con una lista de espera de unos 4.000 litigios: “Hemos estado tres meses parados, cada juzgado celebraba entre 15 y 18 juicios al día dos ídas a la semana, cuatro semanas por mes en tres meses, son en torno a 400 por cada órgano, y hay diez”, detalló. A estas cifras hay que añadir el previsible aluvión de litigios laborales que llegarán en julio o septiembre.

El desafío tecnológico

Una red de Wifi potente para el Palacio Judicial de la capital de Lanzarote, medios para favorecer el teletrabajo y la presencia de un informático en cada sala durante la celebración de vistas y juicios son algunas de las peticiones que el decanato ha trasladado al Ejecutivo regional, con quien ha habido “una coordinación absoluta”, para poder aplicar de manera efectiva las recomendaciones recogidas en el Real Decreto-ley.

El documento aconseja que durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización todos los actos procesales se realizarán “preferentemente mediante presencia telemática”, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. El juez decano ha matizado que la decisión final sobre la celebración del juicio por vías tecnológicas será acordada por cada juez. “No tiene por qué celebrarse todo el juicio así, puede limitarse a la intervención de un testigo o de un abogado de forma aislada”, detalla. De esta forma, se pretende además “garantizar la independencia de la Justicia en España respecto a las decisiones políticas”.

Más allá de la necesaria dotación de medios que exigen las instalaciones judiciales de las Islas, todas ellas cuentan ya con un sistema informático mediante el cual se trabajará en esta “nueva normalidad” y a la que se accede a través de un código. Otra de las líneas de trabajo en este nuevo escenario tecnológico es el diseño de vías seguras y accesibles para las gestiones telemáticas de los usuarios, como solicitar previa. “Debemos velar por la protección de datos de las personas que requieran asistencia jurídica”, señaló el juez. El decano apuntó que es momento de probar modelos efectivos y valoró que “es mejor ir despacio y con pasos certeros que hacerlo rápido y equivocarse”. Desde su punto de vista, muchas de estas innovaciones pueden “llegar para quedarse”.

Vistas públicas

La reducción del aforo en las salas choca con el carácter público de las actuaciones orales. El Real Decreto-ley plantea que debe limitarse el acceso atendiendo a las características de las salas de vistas, manteniendo las distancias de seguridad, evitando las aglomeraciones y el trasiego de personas cuando no resulte imprescindible. En la sala del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arrecife apenas han quedado seis sillas para público. “Las personas que quieran asistir deben avisar con tres días de antelación”, explica De la Cruz. En el caso de los medios de comunicación, el juez decano asegura que está gestándose un protocolo específico.

Plazos procesales

Todos los plazos procesales suspendidos desde el 14 de marzo volverán a computarse desde su inicio a partir de este viernes 5 de junio, pero los usuarios no recibirán notificación de que los márgenes de tiempo comienzan desde cero. En el caso de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la excepción son los procedimientos de lo Penal, donde “debe darse por válido lo ya investigado y no reiniciarse desde cero” ya que esta medida “va en perjuicio directo contra el reo”.

Instalaciones adaptadas

El Palacio de Justicia de Arrecife, tras una auditoría, se ha adaptado “a contrarreloj” a las exigencias de protección ante la pandemia. Geles desinfectantes presiden cada una de las salas y también la entrada al edificio. En el suelo, pegatinas azules indican el lugar en el que cada persona puede estar, con una distancia de dos metros entre ellas, y flechas indican el camino que se debe seguir para llegar a cada Juzgado. En los mostradores de atención al público, un precinto separa a los usuarios de los trabajadores a falta de mamparas, que aún no se han colocado pero que se instalarán.

En las salas polivalentes, cada asiento está separado del contiguo por una mampara, cuentan con una televisión y una cámara mediante la que pueden establecerse conexiones con el exterior y los micrófonos están tapados con plásticos, que se cambiarán después de cada uso. En las salas de vistas, una línea roja en el suelo marca el camino hacia el estrado, donde también las mamparas separan cada asiento y los plásticos tapan cada micro. Por otra parte, el espacio dedicado al público cuenta con la mitad de las sillas que antes de la crisis sanitaria. Entre juicio y juicio, el personal de limpieza desinfectará el lugar.

Para entrar al establecimiento, el personal de seguridad pedirá el documento que acredite que la persona cuenta con cita previa y será obligatorio desinfectarse las manos y llevar mascarilla. Tanto en el caso de los trabajadores como de los ciudadanos.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias ha señalado en declaraciones a Efe que la actividad se ha reanudado este jueves con normalidad y ha destacado el esfuerzo para introducir todas las medidas que favorecen a una organización “más racional” que puede mantenerse en el futuro. La jueza en excedencia ha explicado que todas las instalaciones judiciales se han dotado de herramientas de seguridad y el acceso a ellas debe ser con cita previa para evitar aglomeraciones.

Vallejo indica que en estos momentos trabaja de forma presencial el 60% de los funcionarios, pero el próximo martes ya lo hará el 100% de la plantilla. La viceconsejera ha recordado que el Gobierno canario ha destinado más de dos millones de euros para facilitar el teletrabajo y disponer de las medidas de seguridad que se precisan, así como para contrataciones, entre otros gastos extraordinarios derivados del coronavirus. “El grueso de la inversión” prácticamente está realizada, ha apuntado.

Por su parte, el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, ha insistido en que “hay que comprender que el derecho a la salud pública afecta al normal desarrollo de la actividad jurisdiccional”.