El Consejo del Poder Judicial estudia sancionar a la jueza Rosell por una denuncia de un amigo de Salvador Alba
El Promotor de la Acción Disciplinaria ha propuesto una sanción de un mes por “falta muy grave” a la magistrada Victoria Rosell por unos hechos ocurridos en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2014, denunciados a principios de 2016 por el abogado Eduardo López Mendoza y archivados sucesivamente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El denunciante es amigo del magistrado Salvador Alba, imputado en estos momentos por seis delitos en la Sala de lo Penal del TSJC tras descubrirse gracias a una grabación de audio que conspiró contra su compañera Victoria Rosell mientras la sustituía al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. López Mendoza estaba imputado en ese juzgado por estafa en noviembre de 2014 por querella de una colega, la letrada Myriam González-Palliser.
Según el pliego de cargos del Promotor, el letrado imputado había recusado a la magistrada y antes de que la Audiencia Provincial de Las Palmas resolviera aquel incidente de recusación (que fue finalmente rechazado por no apreciar la causa alegada por López Mendoza) aquella intervino en dos declaraciones del querellado en noviembre de 2014. Esas declaraciones no se llegaron a celebrar, sino que se suspendieron y ambas estuvieron presididas por el secretario del juzgado, Miguel Juanes, según declaró éste ante el Promotor de la Acción Disciplinaria. Las dos funcionarias que estuvieron presentes, cada una en una de las declaraciones, también declararon que Victoria Rosell no presidió las declaraciones, aunque “por error” firmara el acta de la primera de ellas cuando le fue pasada a la firma junto a otros documentos del juzgado y charlara informalmente con una abogada presente en la segunda de ellas cuando se quejó de que fuera a suspenderse el acto por el incidente de recusación que aún pendía sobre la causa.
El abogado amigo de Alba, al que llevó su divorcio hace unos años, se querelló contra la magistrada ante el TSJC en noviembre de 2014, pero la Sala de lo Civil y Penal ni siquiera admitió a trámite la querella del entonces imputado contra la jueza que lo investigaba. El denunciante volvió a la carga más de dos años después, cuando la magistrada ya era diputada de Podemos, con idéntica denuncia, silenciando las resoluciones del TSJC para ejercitar la misma acción penal dos veces, y utilizó para tal fin a la Fiscalía de Las Palmas, que acababa de ser condenada por vulneración de derechos fundamentales por la investigación preprocesal (penal) que hizo a Victoria Rosell. Dada la cualidad de aforada de la denunciada, la Fiscalía de Las Palmas remitió la denuncia de López Mendoza a la Fiscalía del Supremo, que tampoco apreció ningún tipo de reproche penal en su actuación.
Sin embargo, la Fiscalía del Supremo remitió en abril de 2016 la denuncia al Consejo General del Poder Judicial, por si la actuación de Rosell pudiera ser constitutiva de una infracción disciplinaria. Tras una larga instrucción en la que han declarado varias personas, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha concluido proponiendo una sanción de un mes por “falta muy grave” presuntamente cometida por la magistrada al firmar en una causa sobre la que estaba pendiente un incidente de recusación. La Comisión Disciplinaria del CGPJ estudiará el caso para imponer una sanción a la magistrada o proceder al archivo del expediente.
El Promotor de la Acción Disciplinaria aún no ha tomado ninguna decisión sobre el expediente disciplinario abierto en mayo de 2016 al magistrado Salvador Alba, al que le atribuye dos faltas muy graves y una grave, mientras que el Tribunal Superior de Justicia le tiene abiertas diligencias penales por seis delitos: prevaricación, cohecho, revelación de secretos, abuso en el ejercicio de su función, negociación prohibida a funcionario público y falsedad.
