El Gobierno de Clavijo se saltó la Ley al subir en un 50% el fondo social para funcionarios, según el Constitucional

El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el incremento en un 50% del fondo social para los empleados públicos del Gobierno de Canarias que aplicó el Ejecutivo regional de Coalición Canaria, que lo hizo, además, en periodo electoral. La sentencia dictada ahora ha estimado en parte el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el artículo 47.1 de la Ley 7/2018 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, al considerar que incumplía el artículo 3.DOS del Real Decreto-ley 24/2018.

En un Consejo de Gobierno presidido por Fernando Clavijo se aprobó fijar una cuantía para el llamado fondo de acción social de 9,2 millones de euros (frente a los 6,7 millones del ejercicio anterior) destinado a los gastos derivados de las pólizas de seguros que cubren los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente del personal público de la administración autonómica y a ayudas “de acción social reglamentariamente establecidas”, según el artículo 47.1 de los presupuestos regionales.

El recurso presentado por el abogado del Estado en septiembre de 2019 argumentaba que la cuantía establecida superaba a la autorizada por la normativa estatal. En concreto, el Real Decreto-ley establece que las retribuciones del personal del sector público “no podrán experimentar un aumento global superior al 2,5%” en 2019 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018. Y respecto a los gastos de acción social, el texto especifica que “no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a 2018”. Por ello, pedía directamente que se declarase inconstitucional la norma recurrida. Es decir, cuando el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo aumentó de 6,7 a 9,2 millones el fondo de ayuda social, contravino la  Ley.

Tras las alegaciones efectuadas por el Gobierno regional, la sentencia estimó que la declaración de institucionalidad debe proyectarse sobre el incremento, pero el fondo de acción social se mantiene con la cuantía de 2018, de 6,7 millones de euros. De esta forma, el Ejecutivo regional podrá ordenar el abono de las cantidades al personal público “que estaba pendiente de pago desde enero de 2019”, según explica en un comunicado.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad especifica que “en la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria”; la mayoría referidas a ayudas a la educación o formación; prótesis dentarias; prótesis oculares y prótesis dentarias de conyugues e hijos.

Y prevé que el abono de las cuantías se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo de 2020, que se efectuará de forma proporcional en función de la reducción establecida del importe tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Canarias añade que desde el 17 de febrero está abierto el plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2020 y finalizará el 17 de marzo, pudiendo realizarse de forma telemática en un canal de comunicación abierto por la Dirección General de la Función Pública.