El tribunal deniega al ex juez Alba la consideración de indigente, pero le permite pagar su multa en dos años

El ex juez Salvador Alba Mesa deberá pagar íntegramente la multa de 12.150 euros a la que fue condenado en 2019 por la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental cuando conspiró para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le ha denegado la reducción de ese importe al mínimo que prevé la ley, reservado únicamente a personas en situación de indigencia. La justicia sí le ha autorizado, sin embargo, a abonar esa multa en un plazo de dos años a contar desde este mismo mes de marzo y a razón de 578,57 euros al mes, con la advertencia de que si dejara de pagar dos plazos, se le reclamaría íntegra la deuda pendiente.

En uno de los numerosos escritos presentados a la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias, responsable de la ejecución de la sentencia (seis años y medio de prisión, 18 de inhabilitación, 12.150 euros de multa y 60.000 euros de indemnización a su víctima), Salvador Alba había pedido que se le aplicaran las condiciones económicas de una persona indigente. Pedía, concretamente, que la multa de 15 euros diarios durante 27 meses se redujera a dos euros diarios, lo que reduciría aquella a 1.620 euros. Y alegaba para tal petición que sus ingresos se habían visto menguados desde que, en 2018, al decretarse la apertura de juicio oral por sus delitos, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió en sus funciones y su salario se redujo en un 70% hasta los 1.800 euros al mes.

Pero el tribunal le ha recordado que “en el momento de dictarse la sentencia, el tribunal encargado del enjuiciamiento no sólo era consciente de su reducción de ingresos por su suspensión en las funciones jurisdiccionales sino que, dado el sentido de la condena, el tribunal conocía perfectamente que su pérdida de ingresos iba a producirse en tanto que, entre otras, le imponía una pena de inhabilitación para el cargo público de juez o magistrado”. 

El ponente del auto, Nicolás Acosta, recuerda al penado que “no estamos, pues, ante una variación no previsible, no estamos tampoco ante una situación en la que, por el importe de la cuota diaria, podamos considerar que la misma es desproporcionada pues siendo sobradamente conocido el hecho de que la cuota mínima de dos euros está reservada a situaciones de indigencia, lo que no se puede predicar del solicitante, una cuota de quince euros sería bastante baja en el caso de un magistrado en activo”.

A la sala le reafirma en sus tesis la comprobación, mediante investigación patrimonial, de que Salvador Alba es poseedor al 50% de una vivienda y al cien por cien de un vehículo a motor.

Sí acepta el TSJC que los 12.150 euros los pague Alba en 24 meses, contados a partir de la firmeza de la sentencia, es decir, desde el 17 de noviembre pasado. Por lo que deberá abonar desde este mes 578,57 euros mensuales, con el apercibimiento de que el impago de dos plazos determinará el vencimiento de los restantes.

Al pago de esta multa, contra la que se revuelve Alba, hay que sumar que el ya ex juez deberá devolver a las arcas del Estado más de 80.000 euros correspondientes a los salarios que ha venido cobrando desde 2018 hasta marzo estando en situación de suspendido en sus funciones  por el CGPJ. Además, deberá hacer frente a las cantidades que, en su caso, le reclame la aseguradora Allianz, que lo afianzó durante el periodo de instrucción y que, de momento, ha tenido que correr con el pago de los 60.000 euros de indemnización a la víctima del condenado. Quedan pendientes de liquidar los intereses y las costas judiciales, a lo que habría que añadir lo que la aseguradora haya cubierto de los gastos de defensa, peritos incluidos.