La alcaldesa de Santander llega a las elecciones con una gestión cuestionada por los tribunales
El Ayuntamiento de Santander, que lidera la alcaldesa Gema Igual (PP), acumula en lo que va de 2026 más de quince casos en los tribunales. Y esto solo contando los que son sido públicos. La regidora afronta un presente particularmente judicializado contra su gestión, tras 23 años en el equipo de gobierno de Santander (13 como concejala y 10 como alcaldesa), más teniendo en cuenta que volverá a ser candidata por el PP en las próximas municipales.
Están las adjudicaciones anuladas, como la feria taurina y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También las medidas cautelares, como la que otorgó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para permitir la celebración de la misma feria de toros o la que obliga a la reapertura temporal al tráfico del acceso peatonalizado bajo el arco de Faro Santander, que fue peatonalizado. También están las demandas sindicales por conflictos de personal municipal. Y a esto se suman las denuncias de colectivos, como la del futuro McDonald’s´s en un mercado o la zona de bajas emisiones, de grupos vecinales y asociaciones.
El Ayuntamiento de Santander enfrenta dos litigios ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por adjudicación de contratos: el de la feria taurina y el del PGOU. El verano llegó con la posibilidad de que no se celebrase la feria taurina, una de las fiestas más importantes para la alcaldesa, cuando un tribunal anuló la prórroga del contrato que la empresa Lances de Futuro tenía para gestionar externamente la plaza de toros.
Entonces, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal, recurrió la decisión y pidió con éxito medidas cautelares para poder festejar, aunque el recurso sigue pendiente. Si no se hubiese celebrado, según el auto del juez, Santander se hubiera quedado “alicorta, deprimida; irreconocible, en suma, como tal fiesta grande de la ciudad”.
El mismo tribunal que anuló la adjudicación de la feria taurina, suspendió poco después, de forma cautelar, el contrato para redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el Ayuntamiento adjudicó a la segunda empresa mejor valorada Esto sucedió tras un recurso admitido de una firma, que quedó excluida a última hora del proceso.
La empresa Omicron-Amepro obtuvo la mejor puntuación, por lo que recurrió su exclusión del proceso y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resolviera el recurso. Esto sucede en una ciudad en la que su último PGOU se aprobó en 2012 y fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016.
Este año, la justicia admitió a trámite el recurso para la reapertura al tráfico que hizo el grupo municipal Izquierda Unida del vial que discurre bajo el arco del nuevo centro cultural Faro Santander, que estos días está de inauguraciones. Y es que la regidora dijo hasta en cinco ocasiones, a lo largo de seis años, que el cierre concluiría en cuanto terminase la obra de Faro Santander.
Un caso en el que un juez de lo Contencioso-Administrativo obligó a la administración local a la reapertura provisional de una calle que ha sido peatonalizada. El Ayuntamiento pidió a la justicia que revocase la decisión y la alcaldesa avanzó que, de hacerlo, no lo haría antes de que concluyan los eventos inaugurales.
Así tendrá que ser -aunque la alcaldesa no lo ha ejecutado- mientras se resuelve el contencioso en el que IU ha exigido ante la Justicia que el ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) abra de nuevo una calle cerrada al tráfico desde 2021.
La política de personal del ayuntamiento también es un frente abierto para Gema Igual, con cinco victorias judiciales, solo del sindicato CSIF, casi consecutivas. La justicia anuló y exigió que el ayuntamiento rehiciese las bases para el concurso de intendente de Policía Local y la adjudicación de una comisión de servicios. También obligó al consistorio a pagar a un trabajador un curso de adiestrador canino que había pagado de su bolsillo,un complemento no cobrado desde 2017, y a pagar 26.000 euros a los escoltas de la alcaldía por horas extra que se les adeudaban.
El consistorio también tuvo que suspender el examen de diez plazas de auxiliar administrativo y anunciar una nueva convocatoria, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declarase caducada una plaza de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2019, por lo que se obligaba a anular los actos posteriores a esa plaza. El TSJC señalaba que los tres años de vigencia de una oferta debían abarcar todo el proceso selectivo, no solamente la convocatoria, y las diez plazas correspondían a 2022.
Después vino el final del largo conflicto con la ex concesionaria del servicio de basuras. Ascan-Geaser rechazaba la finalización del contrato decidida por el Ayuntamiento tras años de señalamientos políticos y vecinales de mal estado de los contenedores y falta de limpieza en las calles. La sentencia, en este caso favorecía al Ayuntamiento, porque rechazaba la petición y avalaba la resolución municipal del contrato por incumplimiento del contratista.
Conflictos con el Estado
Los choques por competencias están en los tribunales también. En el primer caso, es una larga guerra de competencias en los tribunales respecto a un antiguo balneario, conocido como La Horadada. Dedicado mucho tiempo a restauración y a una escuela de surf, quedó abandonado hace veinte años, en la playa de Los Peligros. Este caso, muy alargado en el tiempo, deriva de que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) anunció en 2011 su demolición, por el mal estado del edificio, pero el Ayuntamiento impidió al Gobierno Central la demolición del edificio “por su protección cultural”.
La Audiencia Nacional obligó al Consistorio a asumir la conservación de La Horadada y rechazó su recurso contra la decisión del Miteco de que fuese el Ayuntamiento el que se hiciese cargo de la infraestructura. La Audiencia, de hecho, refrendó la legalidad de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre e impuso las costas al Ayuntamiento.
El segundo caso, el que está marcando el año, es la judicialización del desplome con consecuencias mortales de la pasarela de madera en la playa de El Bocal, en la que una joven resulto herida y murieron seis jóvenes. El Ayuntamiento se personó en la causa y la alcaldesa defendió su gestión en dos sentidos: por un lado, respecto a la obra del proyecto de la senda costera del litoral, que incluía la pasarela, Igual defendió en varias ruedas de prensa que nunca recepcionó la obra que realizó Dragados para la Demarcación de Costas y que, por lo tanto, no le correspondía el mantenimiento de la pasarela siniestrada.
Gema Igual hizo esta defensa hasta que la jueza que instruye el proceso determinó que el mantenimiento le correspondía a Costas. Y por otro, se desentendió de la policía local que recibió el aviso del 112 tras una llamada de un vecino el día antes de la tragedia y la expedientó, al tiempo que la agente pasaba a ser investigada.
Vecinos contra McDonald´s, ZBE y un arco
Las denuncias de asociaciones vecinales también son una vara de medir el presente de Gema Igual. A inicios de año, arrancó otro litigio que tenía que ver con el tránsito, en particular el de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el recurso por lo Contencioso que presentó la Asamblea Ciudadana Santander Saludable contra la ordenanza de la ZBE, que entró en vigor en 2026, y que abarca el 0.06% de Santander.
Luego, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche recurrió las licencias que ha dado el Ayuntamiento a la nueva concesionaria que va a explotar uno de los tres mercados de Santander, el de Puertochico, y fue admitido a trámite. Éste es uno de los casos más polémicos de los últimos años porque buena parte de la superficie del mercado ha pasado de ser pensada para poner algunos 'gastrobares' a aprobarse la instalación de un McDonald´s con una amplia terraza exterior, con horario continuado. Es uno de los casos que más sobresale por el conflicto vecinal que ha generado en el centro de Santander.
El mismo día de la inauguración de Faro Santander, el 7 de septiembre, una comunidad de vecinos de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, que conecta con el arco, presentaron una nueva demanda contra el Ayuntamiento para exigir la reapertura al tráfico. El vecindario de “más de 200 personas”, formado por 84 viviendas y 58 garajes, constituye el último caso de conflicto vecinal judicializado que afronta Gema Igual en la recta final hacia las elecciones municipales.