Espionaje, grabaciones y denuncias: la justicia investiga a un asesor de Vox por acceder al mail y el WhatsApp de otra empleada del partido
Vox duplicó el número de diputados en las últimas elecciones autonómicas al Parlamento de Cantabria. Pasó de dos a cuatro. Pero desde el primer momento hubo dos bandos: los partidarios de la nueva portavoz, Leticia Díaz, y los que estaban a favor del anterior, Cristóbal Palacio que, por razones que no se explicaron, no repitió como número uno de la formación en Cantabria. Ahí empezó un cisma que ha acabado en los tribunales.
Una asesora del grupo parlamentario denunció a la portavoz por acoso laboral -que estuvo suspendida de militancia durante seis meses-, otro asesor afín a ella presuntamente utilizó un bolígrafo espía para grabar convesaciones en el despacho de Vox, otros tres asistentes han dejado sus puestos, Cristóbal Palacio abandonó el grupo y mantiene su escaño como diputado no adscrito y hace casi un año la Polícia entró en el Parlamento para registrar los ordenadores de Vox.
Ahora, el juez de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acaba de citar como investigado a un asesor de Vox por un posible delito contra la intimidad. La misma persona a la que dos diputados -Cristóbal Palacio y Armando Álvarez- denunciaron por grabar conversaciones privadas con un bolígrafo espía que activaba al salir del despacho. Un objeto que les pareció extraño y que desmontaron hallando en su interior un minúsculo dispositivo de grabación.
A la vez, una denuncia interna le acusa de acceder y grabar el correo electrónico de la trabajadora del partido que denunció por acoso laboral a la portavoz parlamentaria, Leticia Díaz.
El auto judicial señala que este asesor - un ingeniero informático que ha reconocido haber grabado un video del contenido del mail- ha podido realizar un acceso remoto al ordenador de la empleada del partido, usando sus claves, mientras grababa dicho vídeo para “apropiarse de correos y comunicaciones personales de WhatsApp”.
El objetivo de este acceso, apunta el juez, sería que la portavoz Leticia Díaz aportara esos documentos posteriormente para defenderse en el expediente abierto por el Comité de Garantías de Vox ante la denuncia de acoso de la trabajadora.
También señala que “ha quedado notablemente debilitada” la tesis de descargo ofrecida por Leticia Díaz, quien acusó a esta trabajadora de hacer “un borrado masivo de datos” del ordenador que no se observa, según el auto.
Sí aprecia el juez, a raíz del informe pericial del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, “indicios de manipulación del vídeo aportado (por Leticia Díaz) para evitar que se vea que la persona que graba pueda estar al mismo tiempo utilizando el ordenador, lo que permite suponer que el acceso en remoto haya podido ser planificado por la investigada o por un tercero a su instancia, dado que consta que tenía acceso a las claves de la perjudicada”.
En su auto, contra el que cabe recurso, el juez cita a declarar al asesor de Vox el próximo 28 de mayo, a las 9.30 horas.
Fuentes judiciales han señalado a EFE que el titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander también investiga a este hombre por presuntas escuchas ilegales grabadas con un bolígrafo que tenía en su interior un dispositivo para grabar.
Denuncia hace un año
La asesora que denunció a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria por acoso laboral presentó hace un año una querella contra ella y contra el grupo parlamentario por un presunto delito contra la integridad moral.
La trabajadora empezó a prestar servicios para el grupo parlamentario como asesora financiera en septiembre de 2019, cuando su portavoz era Cristóbal Palacio, ahora diputado no adscrito.
La asesora estuvo de baja desde enero de 2024, con tratamiento psicológico y farmacológico.
Leticia Díaz fue sancionada el 16 de septiembre de 2024 por la dirección nacional del partido con seis meses de suspensión de sus derechos como afiliada, aunque posteriormente la sanción fue rebajada a dos meses por el Comité Ejecutivo Nacional, tras estimar parcialmente un recurso que interpuso la portavoz en octubre.