“Media admite que su negativa a actuar sobre los precios de la vivienda perjudica a los cántabros”, denuncian IU y Podemos
Izquierda Unida Podemos (IU-Podemos) de Cantabria ha afirmado que las declaraciones realizadas por el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, sobre la exclusión de Cantabria de determinadas ayudas estatales para vivienda constituyen “el reconocimiento” de que la negativa del Ejecutivo autonómico a declarar zonas de mercado residencial tensionado “está perjudicando a la ciudadanía cántabra, además de ser tan ideológico como defender lo contrario”.
El candidato de la coalición IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria y coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que “si el señor Media afirma que Cantabria pierde recursos para vivienda por no haber declarado zonas tensionadas, está admitiendo que una decisión de su propio Gobierno tiene consecuencias negativas para los cántabros”.
“Lo que no puede hacer el Ejecutivo autonómico es rechazar voluntariamente herramientas previstas por la ley y después presentarse como víctima de las consecuencias de esa decisión. Si realmente le preocupan los recursos para vivienda, debería utilizar todos los instrumentos disponibles para facilitar el acceso a una vivienda digna”, ha afirmado.
Ruiz Salmón ha defendido que la prioridad debe ser responder a las dificultades que afrontan miles de jóvenes y familias para acceder a una vivienda y no alimentar una confrontación permanente entre administraciones.
“Media debería darse cuenta de que los datos de la subida del precio de la vivienda en Cantabria enmiendan su política”, señalan IU-Podemos. “Por lo que sea, renunciar a poner límites a las viviendas turísticas y a las segundas residencias, centrar el programa en construir sin límite para beneficio de promotoras y fondos y agitar el fantasma de la ocupación no funciona; ahora, además del sentido común, lo dicen los datos” , sentencia Ruiz Salmón
Por su parte, la coordinadora de Podemos, Mercedes González, ha asegurado que la posición del Gobierno de Cantabria responde a un rechazo ideológico a cualquier intervención pública en el mercado residencial.
“La vivienda no puede seguir tratándose como un negocio mientras los precios del alquiler expulsan a vecinos y vecinas de numerosos municipios y dificultan la emancipación de la juventud”, ha señalado.
González ha defendido que las zonas tensionadas “no son un fin en sí mismo, sino una herramienta para actuar cuando el mercado no garantiza el acceso a una vivienda en condiciones razonables”, y ha considerado que el Ejecutivo autonómico debería analizar todas las medidas disponibles para aumentar la oferta residencial asequible y contener los precios.
Asimismo, IU-Podemos recuerda que el próximo 17 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, por lo que considera que el Partido Popular todavía está a tiempo de incorporar medidas que permitan aumentar la vivienda asequible, reforzar el parque público y actuar sobre los problemas derivados del encarecimiento de los alquileres.
“Si el Gobierno de Cantabria está realmente preocupado por las dificultades de acceso a la vivienda y por la pérdida de oportunidades para obtener financiación, tiene una ocasión inmediata para demostrarlo corrigiendo su ley, su discurso y su acción apostando por medidas eficaces que beneficien a la mayoría social”, ha concluido Ruiz Salmón.
Además, Ruiz Salmón y González han apuntado a la “complicidad” del PRC con el PP para sacar adelante una ley “que no atiende los problemas de raíz ni a quien más lo necesita”. “Es un grave error que se sumen a la deriva de quien tiene como prioridad a los fondos buitre y no a los inquilinos”, han añadido.
Las propuestas de IU-Podemos para la Ley de Vivienda
La coalición recuerda que presentó alegaciones al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria para reforzar la consideración de la vivienda como un derecho subjetivo exigible, impulsar un parque público de alquiler de gestión íntegramente pública, garantizar que las viviendas protegidas mantengan permanentemente dicha condición y evitar la entrada de operadores especulativos en la gestión del parque público.
Asimismo, propone la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler allí donde sea necesario, la implantación de un canon sobre las viviendas vacías para favorecer su puesta en uso y la ampliación de los colectivos con acceso preferente a las políticas públicas de vivienda, incluyendo a personas afectadas por desahucios de alquiler y otros colectivos vulnerables.
Para IU-Podemos, la tramitación parlamentaria que ahora entra en la fase de enmiendas parciales debe servir para acercar la futura ley a los problemas reales de acceso a la vivienda que sufren miles de cántabros, reforzando el parque público, ampliando el alquiler asequible y garantizando que la vivienda sea tratada como un derecho y no como un activo especulativo.