La mitad de las 13.200 viviendas protegidas construidas en Cantabria desde 1991 han pasado al mercado libre

Las 107 viviendas de alquiler asequible del Primero de Mayo de Santander, cedidas por la Obra Social de La Caixa en 2016, fueron vendidas a finales de 2025 a un fondo privado que está presionando a los inquilinos para que abandonen sus pisos. Aunque estas viviendas no son VPO en sentido estricto, replican la dinámica que documenta la investigación realizada por Civio, una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos: parque con vocación social que termina en manos de fondos en cuanto se debilita su protección.

La particularidad del caso del Primero de Mayo es que fue una promoción privada, aunque el proceso de adjudicación de viviendas lo hizo el Ayuntamiento. Pero Santander no es una excepción. En otros lugares ya se está actuando para impedir esta tendencia. En Cataluña, la Generalitat está comprando un millar de viviendas a La Caixa por tanteo y retracto precisamente para evitarlo. Aquí, el Ayuntamiento de Santander ha dado la espalda a los afectados. Mientras la alcaldesa del Partido Popular, Gema Igual, evita implicarse en el conflicto asistió, en cambio, a un evento con el CEO de Caixabank, Gonzálo Cortázar, en la ciudad y se retrató con él.

Al hilo de la crisis de la vivienda que afecta a toda España y que se deja sentir en Cantabria, donde las viviendas turísticas y segundas residencias encarecen la venta y los alquileres, se vuelve la mirada hacia la necesidad de contar con vivienda pública.

El informe de Civio explica que Cantabria fue una de las primeras comunidades en crear una categoría propia de vivienda protegida autonómica en 2004 con plazos muy cortos: solo 15 años y con posibilidad de descalificación voluntaria a los cinco. Transcurrido esos plazos la vivienda quedaba liberada y podía venderse. Posteriormente, la ley de vivienda de 2014 amplió los plazos a entre 10 y 30 años según tipo de suelo y dependiendo de si habían recibido ayudas públicas.

El resultado de esta política autonómica de vivienda protegida es que la mitad de las viviendas protegidas construidas desde 1991 podría haber pasado ya al mercado libre, según estima el estudio de Civio.

En paralelo, Cantabria es una de las comunidades que exige los ingresos mínimos más altos para acceder a una vivienda protegida. Mientras en otras comunidades el baremo es más bajo, para asegurar que preferentemente se otorgan a las personas o familias más vulnerables, los cántabros pueden conseguirlo con salarios de hasta 2.333 euros al mes.

Las viviendas protegidas acaban pasando muy rápido al mercado libre

Desde el año 1991 se han construido en Cantabria cerca de 13.200 viviendas protegidas. Al final del año pasado, 2025, seguían dentro de su plazo de protección entre 10.600 y 11.130. Pero la mitad de ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente devolviendo las ayudas, por lo que el parque en estos momentos podría reducirse a un mínimo de 5.900 viviendas.

Eso supone que en los últimos cinco años han cumplido su plazo de protección entre 2.000 y 2.500 viviendas. Entre 2026 y 2030 lo harán cerca de 1.900 más, aunque todas ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente antes. Para finales de 2030 quedará entre el 44% y el 66,6% de las viviendas construidas desde 1991.

Precisamente en los plazos radica el problema de que las viviendas protegidas acaban pasando de manera muy rápida al mercado libre. Blackstone es el mayor propietario privado de vivienda alquilada en la Comunidad de Madrid y uno de los principales del Estado. La gran mayoría de todas las viviendas protegidas que ha comprado Blackstone tenían plazos de protección muy cortos: 2.223 de ellas de tan solo diez o siete años. Hasta el punto de que 174 de estas viviendas pasaron al mercado libre en 2014, pocos meses después de la compra, multiplicando su valor de mercado. 

Condiciones de las viviendas de protección

Actualmente existen 18 modelos diferentes de vivienda protegida en España: los de las comunidades y el del Estado. El acceso a las viviendas con protección oficial se hace en función del nivel de ingresos. Pueden ser de venta, de alquiler o de alquiler con opción a compra. De promoción pública o privada, o de régimen especial, general o de otro tipo con mayor o menor restricción de acceso en cuanto a ingresos económicos.

Las comunidades autónomas son las responsables de las calificaciones de vivienda protegida, al ser las que tienen las competencias en vivienda desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También son las establecen los requisitos, precios y el plazo de duración de la protección. Pero, en el caso de que reciban ayudas estatales, tienen que respetar las directrices marcadas por los planes de vivienda estatales.

Del millón y medio de viviendas protegidas que se han construido en España desde 1991 solo 147.653 tienen protección permanente. Es decir, que no pueden pasar al mercado libre. Entre 2026 y 2030, viviendas perderán su protección 341.487.

Desde 1968 en España se han construido 4,81 millones de viviendas protegidas. La gran mayoría de los 3,31 millones anteriores a 1991 ha pasado al mercado libre, a excepción de las públicas de alquiler, muchas de ellas propiedad del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y traspasadas a las comunidades autónomas con la vuelta a la democracia.