Un centenar de inquilinos de Santander se moviliza tras la venta en lote de sus pisos en alquiler asequible a un fondo de inversión

Un círculo irregular de más de cincuenta personas rodea silencioso a una mujer pelirroja, delante de un bloque de pisos, a las afueras de Santander. Ella ejerce de portavoz informal para reconstruir un contexto que los vecinos de tres bloques de la calle Hermanos Calderón conocen. La duda colectiva es el desenlace.

La Obra Social de Fundación La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCaixa, construyó tres bloques de viviendas de alquiler asequible en plena crisis del ladrillo en España. A la colocación de la primera piedra, en 2011, acudió el entonces alcalde, Íñigo de la Serna (PP), quien regresó en 2015 para visitar las obras. Finalmente fueron tres bloques, por un precio de 350 a 500 euros, a cuyos inquilinos les fueron renovando los contratos. Así fue hasta que, en octubre de 2025, los más de 130 vecinos recibieron una inesperada notificación informándoles de que habían vendido en lote sus pisos de alquiler asequible a un fondo privado inmobiliario llamado Mosaic Propco.

Algunos aceptaron rescindir contrato por una baja cantidad. Otros negociaron comprar. Son alrededor de treinta, dicen en voz baja los presentes. El resto, un centenar, la mayoría de inquilinos de las 107 viviendas de esta calle del barrio de Peñacastillo, está este lunes, a las ocho de la tarde, en la calle.

Es una reunión de los afectados de las 107 viviendas con el recien creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria. También asiste una arrendataria de un local (los bajos de los edificios son propiedad aún de InmoCaixa). Mencionan casos similares en municipios de Madrid, como Pinto, o en populosos distritos como Ensanche de Vallecas y Vicalvaro, que también eran de la Fundacion La Caixa y que igualmente han pasado a manos de Mosaic.

Vecinos y sindicato identifican “una operación por lotes” en el cambio de propiedad de los bloques, que se ha repetido en Madrid. Por eso, el sindicato cántabro les cuenta que ha contactado al Sindicato de Inquilinas de Madrid y avanza que buscarán más casos en otras provincias. “Entiendo que esto tiene que ser una negociación colectiva”, dice Yolanda Ceballos, una de las integrantes del sindicato, mientras la gente asiente.

“Hay que unificar los casos a nivel nacional”, dice una vecina de pelo corto, que también ha contactado a la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento Santander para entender si ha jugado algún papel desde antes o después de aquella primera piedra.

El cambio de estrategia, en cuestión de veinte años, en inversiones inmobiliarias de la Obra Social de Fundación La Caixa es real. En 2005, a través de Criteria Caixa, la entidad destinó fondos para construir pisos de alquiler a precios asequibles, cuya gestión correspondería a InmoCaixa. Después, la fundación llegó a alquilar 4.000 viviendas de este tipo en todo el país, incluyendo las 107 de la calle Hermanos Calderón.

Así fue hasta que en 2021, InmoCaixa empezó a dejar de invertir en vivienda residencial, resultando Cataluña una de las comunidades autónomas donde más pisos —alrededor de 2.000— pasarían a manos de la Generalitat, porque tenía derecho preferencial y buscaba aumentar el parque residencial público. En los casos de Vicalvaro y Ensanche de Vallecas, el Sindicato de Inquilinas se ha movilizado para apoyar a los vecinos cuyos pisos alquilados están en promociones libres, es decir, en suelo privado, por lo que el Ayuntamiento no tiene derecho preferencial a compra para plantear promoción pública.

Fuentes de InmoCaixa describen un proceso “responsable y paulatino de desinversión de la vivienda residencial, priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”. La reorientación está implicando la venta de viviendas de protección oficial, “priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”, según van concluyendo los contratos de los programas de alquiler asequible. En el caso de los bloques de la calle Hermanos Calderón, el vencimiento de los contratos oscila entre 2027 y 2030.

Mientras, en Santander, distribuidos entre el parterre y las columnas de uno de los bloques de las 107 viviendas de alquiler, los vecinos escuchan atentos a la portavoz. Ella cuenta cómo, a partir de 2025, empezaron a recibir llamadas, visitas y a veces whatsapp. Recibían, y reciben cada vez más habitualmente, dos opciones: aceptar dinero para finalizar contrato de alquiler —entre 6.000 y 15.000 euros, en los casos consultados— o directamente comprar el piso a un precio que, salvo excepciones, no podían asumir. “A cada vecino le han ofrecido una cosa”, dice la mujer que ha ejercido de portavoz.

La reunión avanza y algunos vecinos se animan a contar sus casos a elDiario.es. Uno cuenta cómo la inmobiliaria Básico Living le ha contactado “para gestionar las incidencias” y otro enseña su móvil con una propuesta de “acompañamiento” para la compra de su piso. Otros también citan a la agencia “de mediación” Imass, para negociar una liquidación de contrato o un contrato de compra. Otro, más al fondo, cuenta que ofreció 145.000 para intentar comprar su piso, en el que lleva diez años. La respuesta, dice sonriente, fue que no, por teléfono.

Siempre de forma individual, en reiteradas ocasiones. Por ahora, dicen, “la presión es amable”. Un vecino dice que le han llamado cinco veces en un mes. “A mí, dos veces la semana pasada”, advierte otro. “Si nos ofrecen dinero, es porque no nos pueden echar”, afirma categórica otra.

Más vecinos enseñan mensajes de Whatsapp como prueba de que, en ningún caso, las ofertas por escrito de las empresas incluyen propuestas concretas de dinero. “De dinero solo nos hablan por llamada o en persona”, dice un vecino que lleva un perro a la reunión: “Me ofrecieron 8.000 por irme y les dije: 'vale, que yo me voy, pero he invertido en este piso, solo me iría por 53.000 euros'. Claro, no les interesa”. Cada caso, es singular. A la mujer que ejerce de portavoz le ofrecieron la compra del piso en febrero de 2025 por 155.200 euros más impuestos, pero no se lo puede permitir.

Desde el Sindicato de la Vivienda preguntan de nuevo si están dispuestos a una lucha colectiva. “Somos muchos aquí, aquí vamos a luchar por todos”, dice tajante la mujer que ha iniciado la reunión.

Los vecinos han hablado varias veces con varios partidos políticos en mayo, pero muchos se preguntan por el papel del Ayuntamiento (PP), que no se ha comunicado formalmente con el centenar de vecinos. Algunos se preguntan de quién es la propiedad del suelo de los bloques, otros sospechan de si tiene derecho de tanteo, y a otros les gustaría saber si el consistorio nunca se ofreció a comprar el lote de 107 viviendas.

Según fuentes consultadas, la propiedad del suelo en Santander era privada, los bloques eran promociones libres y por lo tanto el Ayuntamiento no podía ejercer derecho de tanteo.

Sin embargo, desde el Sindicato de Vivienda demandan la participación del Ayuntamiento: “En este conflicto, el Ayuntamiento debería intentar ser un agente activo; si no es responsable, mínimo debería de mediar porque está sucediendo en su ciudad y aparecieron en la entrega de las viviendas”, cuestiona un día después Yolanda Ceballos, del Sindicato: “Este movimiento social tiene que ser a nivel español porque si dependemos de las instituciones cántabras, se pueden quedar sin casa”.