El PP aprovecha la Ley de Vivienda de Cantabria para modificar el POL y la Ley de Carreteras
El Partido Popular de Cantabria propone utilizar la futura Ley de Vivienda para modificar otra dos leyes. El grupo parlamentario popular ha presentado dos enmiendas a su propia Ley de Vivienda para incluir dos modificaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de la Ley de Carreteras.
El proyecto de ley, que tramita en estos momentos el Parlamento de Cantabria, ha sido redactado por el Gobierno de Buruaga pero, aún así, su propio grupo parlamentario ha presentado 27 enmiendas parciales al texto para añadir o modificar el texto inicial remitido desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Roberto Media.
Así, el Partido Popular plantea aprovechar la futura Ley de Vivienda para modificar el POL e incluir la nueva actuación integral estratégica productiva Solía, el futuro y polémico polígono industrial donde se ejecutarán la segunda y tercera fase del Centro de Datos Altamira.
Una área de 61 hectáreas entre Astillero, Piélagos, Villaescusa y Camargo de suelo rústico protegido donde no se puede actuar. Para ello, el Gobierno de Cantabria necesita recalificar el terreno. De ahí que se plantee esta modificación del POL para desproteger el terreno y poder utilizarlo para usos industriales. el PP aprovechará la Ley de Vivienda para corregir otra Ley, la del POL.
La operación estaba impulsada también inicialmente por el PRC mediante otra vía más rápida, aunque finalmente renunció a ello. Los afectados por el PSIR -que supone recalificaciones y expropiaciones- se han unido en una plataforma ciudadana bautizada como La mancha gris que alerta sobre “las modificaciones ad hoc”, es decir, a medida de los intereses de los promotores interesados en el proyecto.
La iniciativa del Partido Popular justifica que ya se ha agotado el polígono industrial de Morero y que hace falta más espacio: reservas de suelo “para implantar nuevas actividades económicas”.
Por ello, propone sacar del POL los terrenos, excepto una avenida arbolada con plátanos que conduce a la casa palacio de Juenga y añade que en los 200 metros alrededor de la ribera de la ría “solo se ubicarán los sistemas de espacios libres”.
La idea de convertir una zona protegida en suelo urbanizable necesita que se modifique la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y que se plantee un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional protegido junto a la ría que ejecutará la recalificación y, en su caso, las expropiaciones donde se ubicarán las fases dos y tres del Proyecto Altamira.
Modificación de la Ley de Carreteras
La Ley de Vivienda también servirá de comodín para aprobar otra modificación de la Ley de Carreteras, que el grupo parlamentario popular ha planteado como otra enmienda al proyecto.
En concreto pretenden modificar un artículo de la Ley para que, a partir de ahora, solo se necesite una declaración responsable -comunicar a la administración la buena voluntad de cumplir con la normativa- para hacer obras en las edificaciones que invaden la zona de protección de la carreteras. Es decir, aquellas que quedan dentro de las franjas que hay a cada lado de la vía y que delimitan la línea a partir de la cual se puede construir.
También se permitiría levantar -en estos márgenes de las vías- levantar “instalaciones fácilmente desmontables y aquellas otras destinadas al servicio de la carretera”, solo con una declaración responsable. Hasta ahora, para ello, era necesario el permiso de la Consejería de Obras Públicas.
Con la modificación de la Ley que plantea el PP, se podrían pintar fachadas, reparar tejados, cambiar ventanas y puertas, reparar el interior o hacer otras de mantenimiento, sin permiso, solo con la declaración responsable.
Una Ley de Vivienda en cuestión
El PSOE ya ha anunciado su rechazo: “queremos una ley que ponga en el centro a las personas y no al mercado como prioridad”, argumentó. Los socialistas dicen que el PP propone lo de siempre: liberalizar y confiar en que el mercado lo resolverá. Pero, en su opinión, si no se interviene el problema no se resuelve, empeora.
La postura del PRC es un poco más ambigua, inicialmente facilitó su tramitación y votó en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto siguiese adelante, pero consideran que es insuficiente y que necesita cambios. Los regionalistas han presentado cien aportaciones que consideran “imprescindibles” y ha advertido de que, si no son incorporadas, la futura norma no contará con su apoyo.