Cantabria se compromete a aumentar la financiación autonómica en dependencia y apoyar mejoras para las trabajadoras
El grupo parlamentario del Partido Popular ha reconocido este martes en el Parlamento de Cantabria que “hay cosas por mejorar” en la financiación autonómica en atención de dependencia y en las condiciones de las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio en Cantabria, comunidad gobernada por el PP.
Si bien ha reprochado al PRC que haya dibujado “un panorama desolador” que, a su juicio, no se corresponde con la realidad, ha apoyado la propuesta regionalista para aumentar la financiación y una mejora en las condiciones de las empleadas.
Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox) han unido este martes sus votos en el Pleno para demandar un aumento de la financiación autonómica del sistema de dependencia y una mejora de las condiciones salariales y ratios de personal en este sector y en el servicio de ayuda a domicilio.
El PP ha apoyado la iniciativa, pero ha señalado que hay cuestiones que se incluyen en la propuesta que están sujetas a la negociación colectiva de las trabajadoras de atención a domicilio, en las que el Gobierno “no puede interferir” ni “entrometerse” porque corresponde a la patronal y a los sindicatos. “Si son capaces estas partes negociadoras de elaborar un convenio mejor para los trabajadores, el Gobierno de Cantabria estará encantado de aplicarlo”, ha dicho.
En la iniciativa aprobada, impulsada por el PRC, que ha pactado cambios en el texto original con los otros dos grupos de la oposición, se reclama que las condiciones laborales de las trabajadoras de estos sectores se actualicen en base a “indicadores reales del coste de la vida”, eliminando actuales referencias al PIB en los convenios que impiden hacer efectivas estas mejoras.
Además, se insta al Gobierno del PP a elaborar pliegos de contratación que impidan de forma efectiva la adjudicación de contratos en baja temeraria “a costa de la retribución de las trabajadoras y la degradación del servicio” y se reclama la implementación de auditorias que, con carácter periódico, evalúen las condiciones laborales de los trabajadores.
Durante todo el debate han sido varios los portavoces que han puesto de relieve la “precariedad” que sufren los trabajadores de la dependencia y han insistido en la necesidad de “dignificación” de sus condiciones.