Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio exigen el fin de los “abusos laborales” de las empresas adjudicatarias
Zaira Rivero es una de las cerca de 3.000 trabajadoras encargadas de cubrir los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) en Cantabria. Aunque según datos de febrero de 2026, al menos 1.308 personas tenían derecho al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, se estima que la cifra asciende a más de 4.000, ya que los SAD son servicios locales que gestiona cada ayuntamiento.
Esta amalgama de siglas, SAD y SAAD, comprende un amplio conjunto de atenciones de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria que Servicios Sociales ofrece a las personas con algún grado de dependencia reconocido, en sus propias casas. Desde levantarse, lavarse, vestirse o comer hasta acompañamiento y apoyo psicosocial para fomentar hábitos saludables. Curiosamente también abarca tareas domésticas como limpieza, compra, cocina y cuidado de la ropa. Eso sí, estas tareas deben ser desempeñadas por personal cualificado.
Zaira Rivero estudió el ciclo formativo de grado medio de ‘Atención a personas en situación de dependencia’ y tiene compañeras con el título de Técnico Sociosanitario o incluso el grado en Enfermería: “Todas tenemos que tener titulación”, recalca.
Una de las reivindicaciones de este colectivo, que lleva alzando la voz con fuerza desde noviembre de 2025, es el reconocimiento como servicio público esencial. A su vez reclaman que se les garantice una formación continua, ya que, como recuerdan, “sostienen la vida de miles de personas dependientes”.
Un día 'cualquiera' en el SAD
Zaira resume cómo es un día de trabajo para ella en Torrelavega, en los tres barrios que tiene asignados: Ganzo, Duález y Torres, aunque, “siempre te puede tocar una sustitución en otra zona”, advierte. “Yo tengo una jornada parcial de 36 horas semanales, trabajo solo de mañana, y cada día tengo que atender a seis personas. Las primeras horas suelen ser aseos, luego empiezan los paseos y acompañamientos y las últimas son de labores y limpieza del hogar”.
Esta trabajadora cuenta que llega al domicilio de Blanqui, de 82 años, la primera persona a la que atiende, a las ocho de la mañana. Tiene 50 minutos para asearla, porque los 10 minutos restantes de la hora que le correspondería a esa primera usuaria los tiene que emplear en el desplazamiento al siguiente domicilio, donde le espera Mari, de 91 años.
En principio debería de salir de ese domicilio a las 9.00 horas, pero la primera persona reside en Ganzo y la segunda en Duález. En el mejor de los casos, Zaira explica que ese desplazamiento le lleva mínimo seis o siete minutos en coche. “Tengo que atravesar la bajada del hospital de Sierrallana, donde muchas veces hay atasco, por lo que siempre te retrasas más”, argumenta. “Otras compañeras, por ejemplo, trabajan en el centro y se tienen que desplazar por lugares en los que es imposible moverse en coche y andando te lleva más de 10 minutos”, explica.
Algo que agradece, aunque, al mismo tiempo considera que no debería de ser así, es que en muchas ocasiones cuentan con la colaboración de los familiares de las personas a las que atienden y les facilitan las cosas lo máximo posible. “A veces nos esperan con el baño preparado, por echarnos una mano lo tienen todo listo para cuando lleguemos porque conocen las condiciones en las que trabajamos”, afirma.
Otro factor a tener en cuenta en su trabajo es el estado de la persona a la que deben atender. Zaira explica que, si la persona está encamada, el cumplir con las exigencias temporales se complica enormemente. “Se viene necesitando hora y media e incluso más, a veces sería imprescindible la ayuda de otra compañera. Se te complica mucho, porque lavar a una persona con dificultades de movilidad a la vez que le sujetas para que no se te mueva y no se caiga es muy complicado, son posturas muy malas y son esfuerzos físicos muy grandes”, detalla.
A otra de las personas a las que visita a diario, Marimar, de 76 años, solo tiene que “ponerle la medicación en su sitio”, colocarle el pastillero para que ella pueda tomar lo que le corresponde correctamente, según dice. “Luego tengo otra persona que requiere aseo y a continuación un acompañamiento, que consiste en hacerle las compras, los recados o cualquier otra cosa que pueda necesitar”. Cuenta que ese mismo 'servicio', esa cuarta persona, tiene además dos días a la semana de labores del hogar, es decir, limpieza.
“El quinto servicio es también de labores del hogar y el sexto son dos horas seguidas también de limpieza”, concluye, en un repaso casi telegráfico de su intensa jornada laboral. El último domicilio cambia cada día pero todas las semanas se repite, es decir, cada día de la semana visita una casa diferente. Son las 15.00 horas y Zaira ha finalizado su jornada laboral.
Doble maltrato: administraciones y adjudicatarias
El sueldo de muchas de las trabajadoras de este colectivo no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional. No es de extrañar que desde sindicatos como USO denuncien “la invisibilización y el maltrato ejercido tanto por las administraciones públicas como por las empresas adjudicatarias”. Y es que la asignación de turnos corresponde a la empresa adjudicataria junto a las trabajadoras sociales. “Ellas son las que tienen que dar el beneplácito de si a un domicilio va una compañera o van dos”, pone como ejemplo Zaira.
De otro lado, en los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio de ayuda al domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS )se dice que los desplazamientos entre domicilios deberían correr a cargo de las empresas, pero la realidad es otra bien distinta. La empresa adjudicataria lo que hace es repercutir ese tiempo en el de sus trabajadoras, ya que no se contempla un tiempo extra para ello ni se suma a su jornada laboral.
Otro de los abusos que están denunciando desde este colectivo laboral, que ha comenzado a movilizarse en Cantabria, está relacionado con la contrapartida que se hace por el kilometraje de sus vehículos particulares. “Estamos cobrando a 0,20 céntimos el kilómetro. Yo suelo gastar unos 60 euros al mes en gasolina, antes de la subida de precios de las últimas semanas, claro, y me pagaban solo 20 euros”, asegura Zaira Rivera.
Sanivida, Senior Servicios Integrales y Servisar son las empresas que actualmente ostentan las adjudicaciones de los cuatro servicios unidos en esta protesta (el SAP de Torrelavega, la Ley de Dependencia de Torrelavega y de la Mancomunidad de Cayón y el SAP de Santander). “Yo empecé con una empresa que se llamaba Azvase y a los dos años cambiamos a Sanivida. Al final están cortadas todas por el mismo patrón y lo que buscan es sacar el máximo beneficio”, lamenta Zaira, que es secretaria y delegada del comité de empresa de Sanivida.
“Si paramos también lo sufrirían los usuarios”
Además de concentraciones frente al Parlamento de Cantabria, como la celebrada el pasado 30 de marzo, actualmente están recogiendo firmas para exigir un convenio colectivo a nivel autonómico. “Llevaremos las firmas al Parlamento, solicitando ese convenio colectivo, y hablaremos con quien haga falta”, afirma.
Al preguntarle por si se han planteado la posibilidad de hacer paros, Zaira Rivera expresa una preocupación poco habitual en otros colectivos. Al tratarse de plantillas formadas mayoritariamente por mujeres, dice que “hay muchas familias que dependen de su salario, por lo que hacer parones supondría reducir sueldos ya de por sí muy precarios”.
Además, pone el foco en las personas a las que prestan asistencia. “También entre los usuarios y sus familias hay gente muy vulnerable que lo sufriría y no quisiéramos tener que llegar a ello”, concluye con una empatía inspiradora pese a la sobrecarga física y emocional que arrastran ellas mismas. De ahí surge también el llamamiento que el conjunto de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Cantabria hace a la sociedad: “Respeto, reconocimiento y dignidad”. Sin ellas, recuerdan, “el sistema de cuidados se detiene”.