Los acusados del supuesto escrache al expresidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), han decidido denunciar ante la Justicia “el montaje político y policial” que sufrieron entre 2014 y 2018, cuando se les llegaron a imputar penas de hasta 12 años de cárcel “por defender la educación pública”.
Así, uno de los portavoces del conocido caso como #PreguntarNoEsDelito, Diegu San Gabriel, considera que estos tres años que han pasado desde su absolución “han sido necesarios porque estábamos saturados”: “Fue un proceso muy largo y angustioso, cuando terminó todo estábamos agotados... Nos dijeron que teníamos cinco años hasta que el delito prescribiese y nos dejamos un tiempo para descansar”, relata a elDiario.es.
No obstante, reconoce que siempre tuvieron claro que llevarían adelante la denuncia por el coste emocional que les supuso enfrentarse a Diego, a su jefe de gabinete y a dos policías por unos delitos de atentado a la autoridad daños o coacciones. Unos delitos que ellos siempre desmintieron: “Recuerdo que al principio sentíamos incredulidad por el montaje mediático que habían creado, pero después empezamos a sentir miedo por la repercusión que podía tener en nuestra vida. En un medio de comunicación salieron nuestros nombres y los DNI, y yo, por ejemplo, era profesor interino y una sentencia condenatoria me podría haber conllevado la inhabilitación para la función pública”, explica San Gabriel quien, por cierto, era el que se enfrentaba a la mayor pena.
Por tanto, después de que la magistrada encargada del caso, durante un juicio muy mediático y con movilizaciones en las calles en apoyo a los acusados, fallase en contra de que estas seis personas cometieran los delitos de los que estaban siendo acusados -coacciones y daños al coche oficial del expresidente-, los implicados exigen ahora que haya consecuencias “para aquellos que falsificaron pruebas y testimonios”: “La presunción de veracidad está bien pero, ¿qué pasa con la responsabilidad cuando se demuestra que has mentido y utilizado tu autoridad de forma mezquina? ¿No debería conllevar una inhabilitación?”, se pregunta el portavoz.
Cabe recordar que la acusación partió del Ministerio Fiscal, aunque tanto Ignacio Diego como su exjefe de gabinete, Arsenio de la Vega, como los dos escoltas -y policías-, declararon que se produjeron dichos intentos de agresión y daños al vehículo. Poco después de la declaración de estos, la versión quedaba desmontada con dos vídeos que dejaban en entredicho la versión del político y su equipo. Y es que sí se produjo una agresión, pero por parte de uno de los escoltas a uno de los jóvenes y no al revés. Además, en las imágenes se aprecia como el coche, que supuestamente había sido golpeado, salía de las inmediaciones de la Universidad de Cantabria en perfecto estado.
“Las empresas de renting que en ese momento trabajaban con el Gobierno de Cantabria presentaron unas facturas sin peritar y sin fotos después de engordar los supuestos daños para que se convirtiese en delito. Le dieron la vuelta al relato completamente, e intentaron manipularlo todo. Menos mal que fueron chapuceros”, reflexiona San Gabriel.
Precisamente, y a la pregunta de si esta denuncia puede haber sido incentivada por casos similares recientes como el del exdiputado de Unidas Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez, y de la exdiputada de la Asamblea de Madrid Isa Serra, el joven activista considera que el requerimiento ya llevaba tiempo meditándose: “Creemos que tenemos posibilidades de conseguir, no una sentencia justa, pero sí de demostrar de forma innegable que se falsificaron pruebas y testimonios para incriminarnos. A partir de eso pensamos que podemos sentar un precedente que proteja a compañeros de cara al futuro en Cantabria”, indica.
Asimismo, durante la conversación, San Gabriel reitera en varias ocasiones “el respaldo que obtuvimos de la sociedad”, algo a lo que también alude en última instancia alegando que él y sus compañeros siguen estando en deuda con todos los que les apoyaron: “Queremos darle una oportunidad al sistema para actuar con justicia y sentimos que tenemos que hacer una última contribución para que nadie más pase por lo que nosotros hemos tenido que pasar porque, ¿quién sabe qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido vídeos que demostrasen nuestra versión?”, concluye.
Los hechos
Estos activistas acudieron en febrero de 2014 al acto de Ignacio Diego en la Universidad de Cantabria bajo el título 'Tengo una pregunta para usted' y tras no permitirles entrar al evento “sin ninguna explicación” , decidieron acudir a la salida trasera de la universidad -por donde habían visto que iba a salir Ignacio Diego- para cuestionarle “qué clase de acto público era ese”.
Allí, y tal y como muestran los vídeos tomados desde dos perspectivas, se manifestaron de forma pacífica en favor de la Educación Pública y contra la política de recortes en esta materia que llevaba a cabo el Gobierno del PP. En ese momento fueron identificados y acusados de “indicios racionales de criminalidad” y de haber tratado de impedir la salida del recinto al presidente mediante “un cordón”.