Cantabria ha remitido este lunes al Ministerio de Juventud e Infancia los datos solicitados a las comunidades autónomas sobre su capacidad de acogida de menores, pero insiste en que el Real Decreto elaborado por el Gobierno central sobre los menores no acompañados es “claramente inconstitucional” y por ello lo llevará a los tribunales.
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha indicado en declaraciones remitidas a los medios que su departamento ha cumplido el requerimiento del Ministerio, que solicitaba conocer tanto el número de plazas del sistema de acogida de menores en general como el específico de menores migrantes.
En el caso de Cantabria, hay 220 plazas de acogida de menores, de las que 36 se destinan a atender a los menores extranjeros no acompañados. Actualmente, de estas últimas hay ocupadas 22, con lo que habría 14 libres, aunque la Consejería ha precisado que son datos “extremadamente volátiles” que varían con frecuencia.
A lo largo de 2024 la comunidad acogió a 41 de estos menores migrantes, pues aunque el número total de plazas es inferior (36), algunos no permanecen acogidos todo el año.
Estos son los datos que Cantabria ha remitido al Ministerio porque, como ha reiterado la consejera, la comunidad “cumple y cumplirá la normativa vigente”, sin perjuicio de que activará “los mecanismos de defensa jurídica” frente a al Real Decreto-ley 2/2025 porque lo considera “inconstitucional”.