Cantabria suspende en atención a la dependencia y es con un 3,5 la cuarta región con peor puntuación
Cantabria está entre las comunidades con peor puntuación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, que evalúa a través de 20 indicadores un sistema que atiende en España a 1,6 millones de personas y mantiene en espera a otras 258.167, aunque a distintas velocidades y con distintos modelos territoriales.
El observatorio de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este viernes la Escala de Valoración de la Dependencia a cierre de 2025 que aprueba solo a seis comunidades, teniendo en cuenta indicadores como beneficiarios, gasto, listas de espera, servicios, empleos directos y solicitudes, entre otros.
Castilla-La Mancha (con un 8,2) y Castilla y León (7,5) son las comunidades mejor puntuadas, mientras que Extremadura (2,2), Ceuta (2,5), Melilla (2,5), Murcia (3,2), Cataluña (3,2) y Cantabria (3,5), están a la cola.
El resto de las comunidades que consiguen aprobar son Andalucía (6,7), Galicia (6,7), Comunidad Valenciana (5,7), Aragón (5,2); suspenden también Navarra (4,7), Asturias (4,5), Canarias (4,5), Madrid (4,5), Baleares (4,2), País Vasco (4) y La Rioja (4).
“Hay una desigualdad terrible, según dónde viva la persona dependiente encuentra unas prestaciones o servicios; solo seis comunidades han aprobado y la nota media en España es de 4,8, por lo tanto suspende el desarrollo de la dependencia”, ha señalado su presidente, José Manuel Ramírez.
Cantabria obtiene además la peor nota en uno de los 20 indicadores analizados, el relativo a la variación anual de personas atendidas sobre el total de la población potencialmente dependiente, con un -0,2%.
Más beneficiarios, pero con servicios de bajo coste
Hay 1,7 millones de personas que tienen reconocido ese derecho (147.612 más respecto al año anterior) y 158.618 personas más han sido atendidas. Pero el aumento de los beneficiarios se ha hecho a costa de prestaciones y servicios con menor coste, ha señalado Ramírez. Por ejemplo, el 44,6 % de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, con un importe medio mensual de 264 euros (lo perciben actualmente 735.889 personas).
En España, 66.246 personas reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024: cuatro de cada diez de estos casos (41 %) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137).
El estudio destaca que para optar por un modelo de atención que permita vivir en sus hogares es necesario reforzar la Ayuda a Domicilio. Sobre ese servicio, Navarra lo presta con 76,9 horas de media mensuales, Galicia con 53 horas y Canarias con 49 horas. Con menos de una hora diaria de media están Aragón (18,6), País Vasco (24,8) y Castilla la Mancha (25,6).
5.945 euros de inversión por dependiente
La horquilla de la inversión que se da a las personas en situación de dependencia es muy amplia, con una media en España de 6.015 euros. La Rioja encabeza la inversión pública por persona dependiente (7.537 euros), seguida de País Vasco (6.567) y Castilla La Mancha (6.432 euros). A la cola, se sitúan Aragón (4.020), Asturias (4.045) y Ceuta y Melilla (4.264).
En el caso de Cantabria, el promedio de gasto público por persona dependiente es de 5.945 euros, ligeramente por debajo de la media nacional, con “un diferencial poco perceptible, pero que continúa una senda de reducción desde el año 2019”, detalla el informe.
Si bien “un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor”, detallan desde el Observatorio, “sí denota voluntad política e inversora”.
341 días de media para resolver un expediente
Al término de 2025 en España se mantenían en espera 258.167 personas: 148.907 con derecho reconocido sin atención (6.441 más que el año anterior) y 109.260 pendientes de valoración (18.619 menos que hace un año); murieron 32.704 personas, solo en Cataluña 9.116, la comunidad con mayor número de personas fallecidas a la espera de un procedimiento. En el caso de Cantabria, fallecieron 124 personas en lista de espera, 50 sin resolución de grado y 74 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.
El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 341 días, siete más que el año anterior. En Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días) esperan más de año y medio en recibir una prestación o servicio de la dependencia.
En 2025 se alcanzó un máximo de inversión en el sistema, con 13.506 millones de euros, el 0,8 % del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “Sería necesario aumentar en mil millones en los próximos presupuestos para pasar de las buenas intenciones a una realidad que no puede esperar”, ha aseverado Ramírez.