“Hacernos trabajar gratis, mientras la Administración cobra a los opositores y paga a los miembros de los tribunales, resulta un agravio comparativo y es una inmoralidad. En la medida de lo posible, no deberíamos permitirlo”, ha subrayado la plataforma en un comunicado remitido por el sindicato TU, que apoya “íntegramente” sus demandas.
La plataforma ha recordado que la Conserjería de Educación ha hecho público el calendario y sedes para la celebración de las oposiciones al Cuerpo de Maestros y la mayoría de los actos de este proceso (constitución de tribunales, presentaciones y desarrollo de pruebas) se llevarán a cabo en institutos de Secundaria de Santander, Torrelavega y Camargo durante los meses de junio y julio.
Los subalternos han enfatizado que esta actividad “nada tiene que ver” con sus cometidos laborales y ha sostenido que si la Administración convoca estas pruebas en estos centros de trabajo “es para asegurarse las infraestructuras y el personal de forma gratuita”.
“Nos incrementan nuestra habitual carga de trabajo dentro de la jornada laboral, a la vez que pretenden que cubramos las necesidades horarias extraordinarias fuera de ella. A cambio nos propondrán que disfrutemos las horas trabajadas fuera de nuestra jornada en otros momentos que no afecten al normal desarrollo de la actividad de los centros. Esta 'devolución horaria' significaría el que otros compañeros tendrían que hacerse cargo del trabajo de las personas que libren”, ha explicado el colectivo.
En este sentido, ha insistido en la “no obligatoriedad” de trabajar fuera de su horario (sábado 22 de junio o tardes del mes de julio), de modo que los subalternos se pueden “negar” a acudir día y/o esas tardes.
La plataforma ha subrayado que los subalternos de educación llevan más de un año “luchando por dignificar” sus sueldos, pero el consejero de Educación en funciones, Francisco Fernández Mañanes, y el conjunto del Gobierno de Cantabria “se han mostrado insensibles ante la precariedad de nuestros salarios”, además de que el presidente regional en funciones, Miguel Ángel Revilla, “ha llegado a decir que concedernos la jornada prolongada sería una ilegalidad”.