Algunas de ellas tenían “domicilios ilocalizables” y otras tenían su sede social en los domicilios del abogado acusado en esta causa, Rodolfo M.P., y del testaferro, José Angel C.I., que figuraba como administrador de algunas de esas empresas y que no está acusado por padecer alzheimer.
El inspector ha destacado que las cuentas bancarias estaban “vacías” pero tenían movimientos “llamativos”, con ingresos de grandes cantidades de dinero que “entraba y a continuación desaparecía”. Así, ha puesto como ejemplo una cuenta que dura 15 días y en la que se ingresan cheques por valor de 300.000 y 400.000 euros que salen “el mismo día o el siguiente”.
Así lo ha explicado durante su declaración en el juicio de la operación Trigo Limpio, en el que hay 12 acusados para los que la Fiscalía pide en total más de 70 años por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, por facturar comisiones de operaciones de compraventa inmobiliaria a nombre de sociedades 'pantalla' como Minalcom o Arroyo de Aguanaz, ambas administradas por José Angel C.I., para ocultar beneficios y engañar al fisco.
El jefe de la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera, ha señalado que el acusado que más patrimonio tenía es el intermediador inmobiliario José Antonio L.G., principal imputado junto con el abogado. La Fiscalía pide para ellos 27 y 25 años de cárcel, respectivamente.
A preguntas de la defensa del abogado, ha afirmado que José Angel C.I., cobró cheques por valor de un millón de euros. “El dinero según entraba salía, el destino todavía estamos buscándolo”, ha dicho tras recordar que José Angel testificó en 2007 ante la policía y el juez instructor, que el dinero “se lo reparten entre unos cuantos, a mí me dan la propinilla”.
En la jornada de este miércoles también han declarado las forenses que en 2011 y 2013 dictaminaron que José Angel C.I. no estaba capacitado para declarar ante el juez y sobre su imputabilidad.