La protesta de los regantes de Albacete compromete a la Confederación del Segura a ofrecer soluciones a los pozos

Un centenar de agricultores y regantes de la provincia de Albacete, convocados por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, se han concentrado a las puertas de la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura en Murcia, para protestar por el bloqueo administrativo que mantiene paralizados más de 450 expedientes de pozos de riego de apoyo de hasta 7.000 metros cúbicos.

Tras la concentración, una delegación de personas se ha entrevistado con el presidente de la CHS, quien se ha comprometido en el plazo de una semana, a caracterizar los expedientes y ver en qué situación documental se encuentran, y mantener una mesa técnico-jurídica con UPA para contrastar las interpretaciones legales y avanzar en una resolución de carácter urgente, según ha asegurado la organización agraria en un comunicado.

El secretario general de UPA en la región, Julián Morcillo, ha hecho un resumen de la situación ante los medios de comunicación que vive y la que se avecina con la nueva planificación hidrológica, señalando que “incluso se plantea un trasvase del Júcar al Vinalopó de 15 hectómetros para esta zona”.

Ha recordado que en la provincia de Albacete, “que vemos pasar los recursos, lo que quieren hacer con la cabecera del Segura en la provincia de Albacete es que de los 132 hectómetros que estamos utilizando en todos los usos recortarnos 67. Si alguien cree que esta situación y este desequilibrio territorial se va a resolver sin tener en cuenta a Albacete y a Castilla-La Mancha está muy equivocado”.

UPA ha presentado un escrito a la CHS donde recordaba que los expedientes bloqueados no son concesiones discrecionales, sino un derecho al uso privativo por disposición legal amparado en el artículo 54.2 de la Ley de Aguas, fundamental para la viabilidad de los cultivos de secano mejorado en Albacete. Asimismo, se subraya que dos sentencias del Tribunal Supremo (de marzo y abril de 2019) ya anularon la exigencia de autorización previa en masas de agua no declaradas en riesgo de mal estado.

Desde UPA se ha enfatizado en que, tras aquellos fallos judiciales, fue la propia Confederación la que notificó por escrito en 2021 a los titulares la idoneidad de sus solicitudes. En dichas comunicaciones oficiales se certificó técnicamente que las parcelas no se encontraban en masas de agua declaradas en mal estado ni en zona de policía, tras lo cual el Servicio de Guardería Fluvial inspeccionó las explotaciones y precintó los caudalímetros.

Para la organización agraria, la negativa actual del organismo de cuenca a inscribir estos derechos en la Sección B del Registro de Aguas vulnera los principios de buena fe y confianza legítima recogidos en la Ley 40/2015, además de penalizar a los agricultores por cinco años de inactividad de la propia Administración tras haber acometido sus inversiones. Algo que se ha explicado el presidente durante la breve reunión mantenida en las instalaciones de la CHS.

Con esta acción, la organización agraria advierte de que mantendrá la presión sindical y jurídica hasta garantizar la seguridad de unas explotaciones familiares que actuaron en todo momento bajo el amparo de la ley y siguiendo las instrucciones de la propia Confederación.