La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha prepara una Ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a víctimas del terrorismo. Hasta el próximo 10 de enero estará abierta la fase de consulta pública previa sobre el Anteproyecto legislativo.
Es la Viceconsejería de Relaciones Institucionales dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno regional la que impulsa esta iniciativa legislativa y buscará “configurar el sistema asistencial” que venga a complementar los actuales mecanismos de atención y reparación o compensación que ya contempla el Estado en favor de las víctimas de actos de terrorismo.
El Ejecutivo regional explica que, en los últimos años, las asociaciones de víctimas han venido reclamando tanto el impulso de actuaciones de refuerzo de la memoria y la dignidad de las víctimas, como la elaboración de un protocolo de actuación en caso de atentado terrorista y que imparta formación especializada al personal responsable de la atención a las víctimas.
Esa es la razón, añade el documento de consulta previa que ahora se somete a participación pública, por la que el Gobierno de Castilla-La Mancha “desea articular en un único texto legal los mecanismos de atención y reparación a las víctimas que complementen los dispuestos en el nivel estatal, supliendo los actuales problemas de dispersión”.
Otras comunidades autónomas ya tienen leyes similares
Esta ley regional quiere complementar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo aprobada en 2011 en España que aunque ya regula, de manera unificada, las prestaciones y ayudas económicas directas y otras actuaciones tendentes a facilitar la reincorporación de las víctimas a la vida familiar, social o laboral, reclama el complemento de la legislación de las comunidades autónomas dentro de sus competencias.
Castilla-La Mancha seguirá así la estela de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, País Vasco, Murcia, Andalucía y la Comunidad Foral de Navarra que establecieron leyes propias de apoyo a las víctimas del Terrorismo, bien como complemento de las medidas de la Ley estatal 13/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, o en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Además, Castilla y León, La Rioja, la Comunidad de Madrid y Extremadura las han puesto en marcha o revisado, con posterioridad a la ley estatal.
Hasta la fecha, Castilla-La Mancha solo cuenta con medidas de apoyo “a través de normas dispersas” relacionadas con la exención de pago de tasas de matrícula y para la expedición de títulos académicos, la prioridad en materia de formación para el empleo, el acceso a la vivienda protegida y al empleo público.
¿Cuáles serán los objetivos de la ley?
Dice el Ejecutivo castellanomanchego que “el terrorismo al que nos enfrentamos actualmente es inédito en su alcance y capacidad de causar daño, dada su determinación para emplear cualesquiera métodos a fin de causar el máximo número de víctimas aleatorias entre la población civil”.
Por eso la nueva ley tendrá tres grandes objetivos generales. Por un lado, “situar la atención a las víctimas en el lugar central que le corresponde en el marco de la lucha contra el terrorismo”, por otro, “reconocer a nivel autonómico los derechos de las víctimas del terrorismo”, complementando y potenciando los mecanismos de protección estatales y además “establecer un cuerpo normativo único para potenciar su utilidad y facilitar su conocimiento”.
Previsiblemente esta ley se tramitará en el primer semestre de 2022. O al menos esa es la intención del Gobierno de Emiliano García-Page. El presidente así lo anunció el pasado mes de octubre y definió la futura norma como “el mejor homenaje que les podemos hacer a ellos y a las generaciones futuras”.