Nuevo fracaso en la negociación de la financiación autonómica entre Castilla-La Mancha y Hacienda
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Se había fijado la cita este lunes para una reunión bilateral entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda de cara a volver a hablar del nuevo modelo de financiación autonómica y el encuentro ha dejado poco margen para la sorpresa. Ningún resultado en un dilatado compás de espera sobre una cuestión que se prolonga ya durante más de una década.
Hoy el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reiterado su “rechazo frontal” a la propuesta impulsada por el Ejecutivo central porque cree que se trata de “un modelo diseñado al margen del conjunto de las comunidades autónomas, basado en el principio de ordinalidad y orientado a consolidar privilegios territoriales incompatibles con la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas”.
Lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al salir de la reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Mónica García, en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.
Una reunión más, “tardía” y por “lealtad institucional y educación”
Ya lo había avanzado el presidente regional Emiliano García-Page el viernes. No habría “nada de lo que hablar” si de la propuesta no se retiran “las cesiones al independentismo”. Así que la reunión de hoy pasa por ser una más, sin resultados positivos y el enésimo fracaso en los últimos años.
Ruiz Molina ha cuestionado incluso la utilidad de una reunión que, a su juicio, ha sido “tardía”, ya que se produce “cuando las principales decisiones ya han sido adoptadas”. El consejero cree que los encuentros 'bis a bis' con cada uno de los territorios deberían haberse celebrado “antes” de que el Gobierno central cerrara una propuesta de financiación “con una comunidad autónoma concreta”, aludiendo a Catalunya, y antes de su presentación pública.
En este aspecto ha afeado que no se hayan contrastado las distintas “sensibilidades territoriales” y el consejero de Hacienda ha comentado que si se ha mantenido esta reunión con el Gobierno central ha sido por pura “lealtad institucional y por educación” y que eso es algo que “no ha tenido el Gobierno de nación”.
Castilla-La Mancha reitera su rechazo al principio de ordinalidad
Una de las cuestiones que mantienen enfrentadas las posturas entre el Gobierno castellanomanchego y el Ministerio de Hacienda tienen que ver con el hecho de que esta comunidad autónoma se opone al llamado 'principio de ordinalidad“ en el reparto de los fondos para los territorios.
Este, dice Ruiz Molina, es un criterio que sigue presente en la propuesta planteada por el Ejecutivo central, y que en su opinión “supone que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantengan una posición privilegiada en términos de financiación, lo que contradice los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema”.
A juicio de Ruiz Molina, trasladar ese criterio al funcionamiento de los servicios públicos equivaldría a asumir que los ciudadanos que residen en territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores servicios públicos o que las comunidades con una mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior.
En definitiva, señala el consejero, supone defender que “quien más tiene debe recibir más”, y por ello, cree que resulta difícil comprender cómo “un Gobierno que se define como progresista abogue por este planteamiento”.
¿Qué propone Castilla-La Mancha?
Frente a esa propuesta, el responsable de Hacienda ha defendido nuevamente un modelo de financiación sustentado “en el principio de igualdad y en el coste real que nos supone a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, es decir, que el sistema tenga en cuenta factores que incrementan el coste de los servicios públicos, como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico.
Como ejemplo, el consejero ha recordado que en una ciudad como Fuenlabrada, que tiene una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, la prestación de la Atención Primaria se realiza con siete centros de salud, mientras que en la provincia conquense son necesarios 32.
Por ello, Castilla-La Mancha defiende que el nuevo modelo garantice recursos suficientes para cubrir el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y asegurar que “todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica de la región en la que vivan, tienen derecho al mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos”.
Un modelo “injusto” que “no debe salir adelante”
El consejero califica la propuesta que el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa como un modelo “injusto” que, a su juicio, insiste en que “busca satisfacer las exigencias de una Comunidad Autónoma concreta”.
Por eso considera que este es un “modelo que no debe salir adelante”, ya que “ni siquiera cuenta con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”.
Ha advertido de que “el principal daño de este debate es el mensaje que se traslada a la sociedad, de que los territorios con mayor capacidad económica tienen derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a disponer de mejores servicios” y de ahí el rechazo por parte del Gobierno castellanomanchego.