El ministerio cita por carta al consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha para hablar de financiación autonómica
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, ha remitido una carta -vía correo electrónico- al consejero de Hacienda en Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el que propone celebrar una reunión, presencial, tanto en la sede del Ministerio como en la sede la Consejería o, bien telemática, para hablar de nuevo de financiación autonómica.
La misiva se ha enviado a todas las comunidades autónomas, concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.
El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según dice la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.
Jesús Gascón explica en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.
Tomar como “base” el año 2023
En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.
El secretario de Estado lo justifica en que, al ser un ejercicio cerrado, “se dispone de información cierta sobre qué rendimiento hubiera proporcionado el nuevo sistema de financiación en 2023 si se hubiese aplicado”. También, continúa la carta, permite estimar el dato para 2027, en cuanto al incremento de recursos que proporcionará el nuevo sistema.
“Al considerarse el año 2023 como año base, determinados parámetros, calculados con datos de dicho ejercicio, se actualizarán por el ITE [ índice de tributación equivalente], mientras que otros, más ligados a la capacidad tributaria, evolucionarán según los ingresos reales (cesta de impuestos, nivelación horizontal, 5% del IRPF destinado a la nivelación vertical, etc)”, señala.
Población ajustada con datos de varios ejercicios y “mantener” las entregas a cuenta
En la carta también se hace alusión a la población ajustada, como indicador para el reparto de fondos. “Hemos analizado la posibilidad de considerar los datos de varios ejercicios y no solo del último disponible”.
Por otro lado, el Ministerio cree que el sistema de entregas a cuenta tradicional “se puede mantener sin perjuicio de que las comunidades autónomas que lo prefieran puedan acogerse a un nuevo sistema de entregas inmediatas”. Eso, añade, es “compatible con el establecimiento de una preliquidación del sistema en el año N+1, también novedosa, y una liquidación definitiva en el año N+2, que se mantendría como cierre del sistema”.
En cuanto, al anunciado fondo basado en las diferencias de recursos por habitante ajustado que presentan algunas comunidades autónomas respecto de la media que proporciona el sistema, considera el Gobierno central que “ a pesar de su distinta naturaleza, su diseño debe ser compatible con el calendario de pagos del propio sistema mediante entregas a cuenta, preliquidaciones y liquidaciones”.
Estos son, dice el secretario de Estado, “algunos ejemplos de decisiones que estamos analizando para concretar el diseño del nuevo sistema de financiación a compartir antes de presentar una propuesta de acuerdo formal”, de ahí que se considere “conveniente” una reunión previa e individual con cada territorio.
Tras las reuniones con cada comunidad, la idea es elaborar un primer borrador del acuerdo para someterlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, de forma previa, se analizaría en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE).