Salió a correr por un camino de Tomelloso, en Ciudad Real y recibió varios perdigonazos procedentes de las armas de unos cazadores que se encontraban en la zona, cerca de la autovía A-43. La información la recogen varios medios de comunicación locales. Ocurrió el pasado 26 de octubre. Silvia, la atleta, tuvo que ser trasladada al hospital, sin consecuencias graves, y denunció los hechos ante la Guardia Civil.
Este viernes, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se ha solidarizado con la deportista y ha pedido “con contundencia” que las administraciones públicas “atiendan sus obligaciones legales”, que en su opinión pasan por “garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978”, así como “la seguridad de las personas usuarias en un viario público como los caminos y vías pecuarias” al disfrutar del ocio al aire libre.
El año pasado, tanto esta plataforma como clubes deportivos, federaciones de montaña y senderismo, asociaciones ecologistas y de conservación del medio natural, y otras organizaciones criticaron la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de permitir la caza en los caminos públicos.
La Consejería de Desarrollo Sostenible siempre ha esgrimido que se trata de “garantizar la seguridad” de los usuarios, permitiendo la práctica de la caza pero regulando cómo hacerlo. Pero lo cierto es que el Gobierno de España planteó en su momento discrepancias constitucionales a esta normativa del Ejecutivo castellanomanchego.
Tras el accidente en Tomelloso, que algunos vaticinaron que podía ocurrir con cazadores en los caminos públicos que usan viandantes de todas las edades, cicloturistas o deportistas, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha recordado hoy que viene exigiendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la necesidad de “regular esta actividad cinegética que se encuentra fuera de control” y que a tenor de lo ocurrido debe “garantizar los usos públicos de los ciudadanos, sin verse afectados por la caza que practica una minoría”.
La cuestión se ha puesto últimamente de nuevo sobre la mesa, después de que la Justicia haya tumbado el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha, aunque haya sido por una mera cuestión técnica (faltaba un informe). Ese reglamento, denuncia la plataforma, “persiste en posibilitar la caza en vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizado, vías pecuarias, dominio público y servidumbre de paso de cursos fluviales. También en otras comunidades las leyes quedan supeditadas al lobby de la caza”, recuerda el colectivo, que pide clarificar y regular mejor la cuestión.
Los proyectiles y la seguridad en las vías públicas
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) recuerda que Ley de Caza de Castilla-La Mancha señala que “con carácter general, se prohíbe el uso de cualquier tipo de arma dentro de las zonas de seguridad y a una distancia cuyos límites se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones al respecto. Tampoco se podrá hacer uso de armas en dirección a las zonas de seguridad cuando las pueda alcanzar el proyectil”.
Y en cuanto al proyecto del Reglamento de Caza, en su artículo 35, solo establece una franja de 50 metros de dichas vías públicas y que cuando una persona cazadora se encuentre a menos de 50 metros de una persona ajena a una cacería, ha de descargar su arma de fuego.
“De tapadillo, el Gobierno manchego en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 incluyó conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público”, recuerdan, en lo que fue “una medida contestada por la sociedad civil y tumbada por Ecologistas en Acción”.
Quienes integran esta plataforma advierten: “Son demasiadas las ocasiones en las que los lobbies ligados a la actividad cinegética (incompatible con otros usos y aprovechamientos debido a que amenaza la integridad y seguridad de las personas) obvian el cumplimiento de estas normas. Las consecuencias pueden ser fatales”.
Consideran que las normas son “insuficientes” y que además “su cumplimiento queda en cuestión si adolece de agentes que velen por la correcta aplicación de la normativa”.
Reclaman regulación, coto a coto, y un control efectivo
Sobre este asunto exigen que los planes de ordenación cinegética de cada coto de caza, recojan y respeten el dominio público, y que exista un control efectivo. Lo que observamos: la administración cierra caminos y vías pecuarias -incluso en el monte público- para dar prioridad a la gestión cinegética sobre otros aprovechamientos.
“Es necesario ampliar las zonas de seguridad y señalizarlas adecuadamente, además de conformar una nueva regulación sobre el uso de armas de fuego y medidas de control, como por ejemplo ante el consumo de alcohol y otras sustancias, que suelen alternarse en el transcurso de una jornada de actividad cinegética”.
Recuerdan que, en el caso de Castilla La Mancha, “no sólo no se ha limitado esta actividad en vías pecuarias y caminos públicos reconociendo las obligatorias zonas de seguridad, sino que se viene favoreciendo y permitiendo el llamado 'derecho de caza' sobre este viario público”.
Además, inciden, “la caza ha visto incrementado los períodos temporales habilitados progresivamente: hoy es posible cazar prácticamente todo el año para determinadas especies y en todo momento, por lo que se crean situaciones de riesgo nuevas y limitan gravemente los derechos del conjunto de la ciudadanía para realizar actividades por estas vías de dominio y uso público”.
Citan un apercibimiento judicial. En febrero de 2025 la titular del Juzgado nº 1 de Almadén, en Ciudad Real, se dirigió a la Junta de Comunidades para reclamar un mayor control de la actividad cinegética, tras detectarse “demasiadas imprudencias” en los últimos meses en esta práctica.