La Ley LGTBI de Castilla-La Mancha cumple tres años con el Servicio de Atención Integral como gran “hito”

Más del 84 por ciento del articulado de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha está ya en marcha o en un desarrollo avanzado tras sus primeros tres años de vida, por lo que 37 de los 44 artículos evaluados en el informe trienal de esta norma presentan avances. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el informe de esta ley, que comprende desde mayo de 2022, momento en el que se puso en marcha, a diciembre del año 2025.

Ha apuntado que el informe de esta Ley evalúa la parte de la misma que insta al Gobierno a actuar de manera transversal, por lo que el grueso del análisis se centra en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley. “Hemos hecho lo más difícil, pasar de la ley escrita a la política pública real, a crear recursos, servicios, a poner presupuesto y a garantizar derechos en todo el territorio”, ha añadido la consejera.

Simón ha destacado así que “un hito imprescindible” de estos tres años ha sido la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI, que se ha ampliado durante este tiempo con atenciones presenciales en todas las capitales de provincia para “llegar de manera más cercana a todas las personas”.

Ha dado datos concretos de este servicio para indicar que desde 2023 a 2025 ha realizado 11.079 atenciones totales de las que 7.050 han sido actuaciones o atenciones especializadas, 4.066 psicológicas, 2.149 sociales y 835 jurídicas. “Más de 11.000 atenciones no son una cifra fría, son más de 11.000 ocasiones en las que una persona, una familia o un entorno encontró una respuesta pública, gratuita, especializada y segura”, ha afirmado.

Según Simón, este servicio no solo se ha creado sino que se ha consolidado, lo que se demuestra con el hecho de que las atenciones especializadas fueron 1.652 en el año 2023, pasando por 2.517 en el año 2024 hasta llegar a 2.881 en el año 2025. “Esto supone un crecimiento aproximado del 74% entre el primer y el último año del periodo evaluado”.

Cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude

Si se suman las consultas e información junto a las atenciones especializadas, el volumen total ha pasado de 2.731 intervenciones en el año 2023 a 4.497 en el año 2025, lo que supone un incremento cercano al 65% que para Simón significa que el recurso “se conoce más”, que “la ciudadanía confía más en él y que cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude”.

Finalmente, ha resaltado “otro dato especialmente relevante” como es el de que el SAI LGTBI ha acumulado en este periodo de tiempo 286 altas nuevas con expediente abierto, destacando que se trata de “procesos de acompañamiento, de itinerarios personales, de atención sostenida y de protección real”.

Junto a la ampliación del SAI, la consejera ha indicado que con esta ley también se han desarrollado otras acciones como la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Regional LGTBI, la celebración del Orgullo con una programación impulsada desde el Gobierno regional, la elaboración de protocolos o el avance en la creación de unidades especializadas como, por ejemplo, la unidad de atención sanitaria a personas trans e intersex.

En base a esta ley se han ido impulsando y mejorando las convocatorias de ayudas y de subvenciones, que llegan también a las entidades locales para la creación de los centros de promoción de la diversidad. “Hemos destinado medio millón de euros a financiar 88 programas y proyectos de las entidades sociales que componen el colectivo de la región, habiendo tenido un impacto sobre 107 municipios”.

Acciones formativas

Respecto a las acciones formativas, la consejera ha apuntado que a través de distintas acciones y en diferentes ámbitos, el Gobierno regional ha impulsado en base a esta ley programas formativos y de sensibilización que han llegado a más de 3.000 personas.

Se trata, ha indicado, de empleados y empleadas públicos con funciones administrativas, profesionales de la medicina, docentes, alumnado y, también, familias, “porque es imprescindible formar y concienciar para poder seguir avanzando para que la gente entienda que las posturas LGTBI-fóbicas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos”.

Con todo, la consejera de Igualdad ha afirmado que la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI es “muy joven todavía” aunque ha indicado que ya ha empezado a andar y ha dado “pasos contundentes” pese a que aún tiene “un importante camino que recorrer”.

“La aprobación de esta ley supuso la consolidación de un marco autonómico de actuación pública orientado a proteger los derechos de las personas LGTBI y a incorporar la diversidad en el conjunto de las políticas públicas del Gobierno regional”, ha remarcado Simón, que ha destacado que mientras en otras regiones se derogan leyes LGTBI y se retrocede en derechos, “aquí estamos hoy evaluando el desarrollo y el impacto de nuestras leyes en favor de la diversidad sexual”.

Según ha indicado, las personas LGTBI de otros lugares de España “están en riesgo de perder derechos hoy en día, sin embargo, aquí, en esta tierra, en Castilla-La Mancha, no”. “Aquí garantizamos los derechos y estamos ampliando servicios, aunque desde luego hay que tener claro que nada está blindado y hoy tenemos el compromiso del Gobierno, pero quizá en un futuro no sea así”, ha advertido.

Valoraciones de PP y Vox

El diputado de Vox David Blázquez ha lamentado que este informe no acredite el impacto social que la propia ley exige evaluar sino que acredite “una intensa actividad administrativa”. “Y precisamente esa diferencia explica que nuestro Grupo Parlamentario mantenga una posición profundamente crítica, tanto con este informe como con el modelo político que lo inspira”.

Ha lamentado que el informe parta de la premisa de que “toda diferencia de trato obedece necesariamente a una discriminación estructural”. “Nosotros creemos que esa conclusión no puede darse por supuesta y que las políticas públicas deben construirse sobre datos objetivos y no sobre presupuestos ideológicos y por eso echamos en falta un análisis mucho más riguroso de las causas concretas de cada problema, de la eficacia de cada medida y de la proporcionalidad del gasto”.

La diputada del PP Ana Cantarero ve como una virtud del informe que “desmonta parte del triunfalismo” del que “alardea” el Gobierno regional porque reconoce que la implantación de la Ley “está siendo desigual” entre territorios, que todavía existen “numerosos artículos” que ni siquiera han sido iniciadas o puestos en marcha y que faltan “instrumentos esenciales” que la norma prevé.

“Sí que sabemos cuántas actuaciones se han hecho pero no sabemos suficientemente si están cambiando realmente la vida de las personas y esa es una diferencia muy importante y un dato que tenemos que tener en cuenta, porque gobernar no solamente consiste en hacer, sino que consiste en obtener resultados y este informe recoge actividades pero no recoge resultados”, ha lamentado.