Luz verde a la ley de Page para convertir cuarteles o superficies comerciales en desuso en vivienda protegida
Castilla-La Mancha ya tiene una nueva ley de medidas sobre suelo y vivienda. No es la ley que pactó con Podemos, en la primera legislatura de Emiliano García-Page de 2015 a 2019, y que nunca llegó a aprobarse. Se trata de una normativa que se ha tramitado por la vía de urgencia en forma de proposición parlamentaria y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.
Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas han añadido un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada.
Asimismo, se incorpora que los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), tanto de iniciativa pública como privada, podrán conllevar el aumento de edificabilidad y densidad residencial (más cantidad de viviendas para más gente) que permita la viabilidad de la actuación. Y, en este sentido, establece que en caso de que ese incremento esté limitado por el planeamiento urbanístico - por ejemplo a través del Plan de Ordenación Municipal (POM)-, el número de viviendas no implicará necesariamente un aumento de infraestructuras o dotaciones, pero si así fuera, el coste irá a cargo del promotor.
La medida más importante añadida por el PSOE a última hora es la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin.
Pero, además, amplía a “cualquier Administración” esta posibilidad y se indica que la “excepcionalidad” por cinco años para este objetivo es “prorrogable”. Finalmente, el PSOE elimina la posibilidad de que los ayuntamientos impongan condiciones a la posibilidad de implantar vivienda protegida en aquellos que estuvieran destinados a comercio, oficinas, hostelería u ocio.
'No' a la propuesta del PP de bajar impuestos a fondos buitre
Al margen de estas incorporaciones de los socialistas, durante el debate para su aprobación definitiva, el PP no ha conseguido sacar adelante las tres polémicas enmiendas que quería incluir en esta ley.
Entre otras cosas pedían bajar impuestos a “empresas” sin determinar cuáles, aunque el PSOE denunció que hablaba de bajar impuestos a fondos buitre e inmobiliarias, y también pedían agilizar desahucios en las viviendas públicas.
La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales ha tumbado estas propuestas hoy, en el pleno que ha aprobado la ley, como ya lo hiciera en la Comisión que elaboró el dictamen inicial. Pese a su controvertido contenido, el Grupo Popular decidió mantenerlas vivas para la sesión plenaria, que ya ha dado luz verde a la ley.
Estas enmiendas las presentó el PP en pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.
Concretamente, las enmiendas de la discordia eran tres de las 58 que el PP había presentado para su incorporación a la nueva norma castellanomanchega, ya promulgada y que se ha aprobado en menos de dos meses por trámite de urgencia de que se registró en las Cortes castellanomanchegos.
Estas propuestas del PP se han vuelto a debatir en el pleno. La primera de ellas pedía añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.
En la segunda de sus propuestas, el PP apostaba también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, bajando del 5 al 3%, la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas suponían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Es más, en ambas propuestas la bajada de impuestos se hubiera aplicado con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas beneficiarias podrían “solicitar la devolución” de la diferencia pagada en impuestos. No ha salido adelante.
El PP también quería agilizar desahucios administrativos
Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, proponían ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quería así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal, pudiera ser causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de esa necesidad que justificó la adjudicación a una determinada persona o familia. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas. No ha salido adelante por deseo expreso del PSOE.
También había polémica en seis de las enmiendas presentadas por Vox, que defendía aplicar su cacareado principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda. Es decir, solo para los españoles. Los socialistas también han impedido su incorporación a la ley.
Estas cuestiones han vuelto a marcar buena parte del debate en el pleno que ha aprobado ley castellanomanchega, que se ha tramitado por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista. La defensa de norma la ha hecho el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha remarcado que hubo un “consenso inicial” con el PP y Vox para que no presentaran enmiendas a la totalidad, pero que posteriormente las propuestas de la oposición “no tienen nada que ver con el acercamiento que hubo”.
Ha acusado al PP de intentar convertir esta norma en una “ley de demanda y de populismo fiscal” y de “contaminarla” con su propuesta de “bajada de impuestos a fondos buitre” y con “más burocracia y más trabas”.
“Ser propietario no es ser un criminal, ni ser inquilino nos convierte ocupas”, ha dicho Toconar, defendiendo que la nueva ley viene a “reafirmar” las políticas de vivienda del Gobierno de Page, con más de 600 millones de euros invertidos en 12 años, frente a los 8 millones de euros que destinó en cuatro años el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal.
Dicho esto, ha defendido los Planes de Regeneración Urbana (PRU), una de las novedades de la ley, para “ayudar a muchas familias teniendo en cuenta el metabolismo rural de la región” y que permitirá convertir suelo rústico en urbanizable “de forma regulada y manteniendo las tramas urbanas”, pero de forma rápida y con procedimientos que reducirán los plazos hasta la mitad.
Las derechas de la oposición han reiterado los argumentos que ya fijaron en la comisión que debatió y rechazo sus enmiendas y han votado 'no' a esta ley.
Francisco José Cobo, de Vox, ha vuelto a pasar de puntillas por sus propuestas para incorporar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda, y se ha limitado a acusar al Gobierno regional de “no haber hecho nada” en 12 años.
“La ley no resuelve nada tras años de inacción y sin avanzar y ahora vienen con prisas. Ustedes no hacen vivienda, hacen titulares y no cumplen con sus promesas. Ahora tienen que correr y esto es una tomadura de pelo, un agujero que luego rentabilizarán electoralmente, pero va a generar problemas, sobre todo en los ayuntamientos y solo es un parche más”, ha alertado.
En una línea similar se ha pronunciado Ignacio Redondo, del PP, quien ha negado primero que su propuesta de bajada de impuestos sea para 'fondos buitre'. Ha dicho que en su enmienda se refieren a empresas inmobiliarias, mediante un tipo reducido que, según ha dicho, ya aplicó el Gobierno de Page en 2022.
“La ley tiene errores que pueden durar años. Pedimos que la ley no se salte los límites de cesión de suelo. Al intentar ser ágil, al final habrá retrasos y dificultades. No estamos en contra de construir más, pero sí queremos fórmulas para justificar de verdad el incremento de la edificabilidad e informes municipales previos y vinculantes para esas ampliaciones”, ha argumentado.
El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha detallado las novedades de la norma, resaltando la posibilidad de destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida “incluidos inmuebles pertenecientes a otras administraciones”, aunque el planeamiento urbanístico vigente hubiera previsto inicialmente su utilización para equipamientos privados.
Según la ley, debe crearse un parque público de vivienda
La norma establece también la creación de un patrimonio público residencial que solo podrá destinarse a vivienda con algún tipo de protección. La regulación contempla, además, la creación por ley de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se establecerá en función de los ingresos de las personas destinatarias y que prestará una atención específica a la población joven.
En materia de promoción de vivienda protegida, se contempla la posibilidad de incrementar, en determinadas parcelas, hasta un 20% la edificabilidad, un 30% la densidad y hasta dos plantas la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. La aplicación de estos incrementos, según ha explicado el responsable de Fomento, estará condicionada a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.
La regulación incorpora igualmente los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), concebidos para intervenir en situaciones de infravivienda o zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos permitirán abordar actuaciones de regeneración en ámbitos urbanos que, por sus características actuales, presentan dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos habituales de planeamiento.