Diez años del Comisionado de Transparencia de Castilla y León: mandato caducado y aún sin multas
El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha defendido este lunes cambios normativos para mejorar el acceso a la información pública, con herramientas coercitivas que lleven al “cumplimiento forzoso” por parte de las entidades públicas, para garantizar la transparencia diez años después del inicio de este camino en la Comunidad.
Hasta ahora, el Comisionado calcula que se ha cumplido el 62% de las resoluciones estimatorias que adoptó el año pasado esta institución, por lo que ha vuelto a poner el foco en “garantizar el cumplimiento forzoso” de las resoluciones, una iniciativa que propuso en su momento Ciudadanos, pero que quedó en un cajón tras la ruptura y adelanto electoral de 2021.
Es por esto que, ante la “falta de cumplimiento de las resoluciones”, el Comisionado ha destacado que entre las modificaciones legales que deberían introducirse “sería deseable incluir las dirigidas a garantizar el cumplimiento forzoso de las resoluciones de estos órganos, como ya han hecho algunas comunidades autónomas”.
“Solo con la previsión legal en este sentido, un porcentaje muy alto de las administraciones cumplirían. Con ”una multa coercitiva, se produciría el cumplimiento voluntario ante la posibilidad de una sanción“, ha afirmado.
Quintana ha valorado que las diputaciones y los ayuntamientos tienen “un cumplimiento cada vez mayor” de la normativa en transparencia activa, un aspecto que es todavía complejo para los municipios más pequeños “debido a la escasez de medios humanos y materiales” y que tiene “carencias similares” a las de hace diez años, con una evolución positiva pero “excesivamente lenta”.
El comisionado de Transparencia ha reclamado a los grandes Ayuntamientos que añadan información gráfica en áreas como contratos, subvenciones o presupuestos para que los datos resulten más entendibles para la ciudadanía, que mantengan su información actualizada, permitan su acceso a personas con discapacidad y que entreguen archivos en formatos reutilizables. “Se publica más información, pero no siempre implica que la actividad pública sea más transparente”, ha afeado Tomás Quintana.
Uno de los principales motivos por los que los ciudadanos acuden al Comisionado de Transparencia es por la falta de respuesta por parte de la Administración pública. El año pasado, el 85% de las reclamaciones se presentaron por este motivo.
Décima memoria
Ante la Comisión de Relaciones con el Procurador el Común, institución que gestiona el Comisionado de Transparencia, Quintana ha destacado que la presentada este lunes es la décima Memoria anual, por lo que la institución ha planteado una revisión general de la observancia de la legislación de transparencia por parte de los entes que integran el sector público autonómico, de las entidades locales y de las corporaciones de derecho público de Castilla y León.
En este análisis comparativo, Quintana ha destacado que en la memoria de 2016 únicamente fueron cumplimentados por los entes públicos el 60 por ciento de los cuestionarios de autoevaluación enviados por el Comisionado de Transparencia, mientras que en 2025, año al que se refiere este último informe, ese porcentaje ha subido hasta el 81 por ciento.
En concreto, todas las entidades que integran el sector público autonómico –incluidas las universidades públicas- y las 9 diputaciones provinciales han remitido sus cuestionarios debidamente cumplimentados, ha subrayado Quintana.
En el caso de los ayuntamientos, de los 61 que cuentan con más de 5.000 habitantes, han cumplido con su obligación de responder a ese requerimiento de información únicamente 44.
Sobre el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, la memoria plantea un “considerable grado de cumplimiento de las exigencias” legales, aunque mantiene que “todavía hay margen e mejora” en actualización de contenidos y en una mayor claridad, especialmente destinada a personas con discapacidad.
De entre las entidades del sector público autonómico, la memoria señala las “notables deficiencias” observadas en la empresa pública Somacyl, que ya viene arrastrando esta situación en ediciones anteriores del informe.
En cuanto a las universidades públicas, Quintana ha defendido el alto grado de cumplimiento, aunque ha apelado a mejoras pendientes como la visibilidad de sus portales de transparencia en sus respectivas web.
Sobre las entidades locales, ha constatado que los problemas fundamentales están en los pequeños municipios, que no responden por “escasez o carencia de medios humanos y materiales”, por lo que ha apelado a la ayuda de las Diputaciones Provinciales en esta materia.
De 102 a 1.432 reclamaciones
El informe depara una evolución importante en el número de reclamaciones de transparencia, con 102 registradas en 2016 y con 1.432 recibidas por esta entidad en 2025, si bien 839 de ellas tenían el mismo objeto de reclamación.
En lo que va de 2026, Quintana ha subrayado que son ya más de 700 las reclamaciones recibidas en materia de transparencia, que supone la mayor cantidad a estas alturas de año.
Desde el punto de vista temático, el Comisionado ha explicado que son mayoritarias las relacionadas con el bienestar animal, seguidas de cuestiones sobre empleo público, contratación, urbanismo, medio ambiente, gestión y disposición de recursos públicos, actas y acuerdos.
En cuanto a las resoluciones, en 2025 fueron 497, mientras que en el primero de los informes en 2016 eran 66.
De las correspondientes al pasado año, 216 de ellas fueron estimatorias, 40 inadmitidas, 32 desestimatorias y 19 archivadas, según los datos aportados por Quintana ante el Parlamento.
Reacciones de los grupos
Tras escuchar la exposición del Comisionado ha sido el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes han coincidido en el valor del informe para tomar decisiones, aunque han diferido sobre los pasos que deben darse.
En representación del Grupo Popular ha intervenido José Luis Barrigón, quien ha defendido que “la Junta cumple” en esta materia y ha afirmado que, junto a las diputaciones, ya ayuda en materia de formación a los pequeños ayuntamientos para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.
Sobre la cuestión planteada por el Comisionado para contar con herramientas que permitan forzar a cumplir con la normativa, Barrigón ha citado una resolución del Consejo Consultivo, cuando fue aprobada la ley autonómica, que impediría introducir sanciones por encima de lo establecido en la normativa estatal, por lo que ha defendido esperar a la anunciada modificación de la Ley estatal.
Por su parte, el portavoz socialista en esta comisión, Iñaki Gómez, ha lamentado que año tras año en esta comisión se plantee por parte del Comisionado la necesidad de contar con cambios normativos que favorezcan el cumplimiento forzoso de la ley, sin que se hayan dado pasos en este sentido: “Hagámoslo, impongamos sanciones”, ha resumido.
Gómez ha incidido en que los incumplimientos de la empresa pública Somacyl son un “elefante que sobrevuela el informe”, ya que se trata de uno de los organismos más inversores de la Administración autonómica y comanda grandes proyectos en un “momento clave” para el futuro de Castilla y León, entre otros el centro de datos que la Junta pretende convertir en Proyecto Regional en la provincia de Zamora, sobre el que ha pedido más transparencia.
En representación de Vox ha intervenido el procurador José Antonio Palomo, quien ha reconocido que “el silencio no puede convertirse en una forma normal de respuesta” de las administraciones a los ciudadanos, por lo que se ha remitido a la nueva ley de transparencia que ha comprometido para esta legislatura el gobierno de coalición que forman PP y Vox en esta Comunidad.
Por último, la procuradora de la UPL Rosa María Quintanilla ha incidido en que son las provincias de León, Zamora y Salamanca las que se llevan “la peor parte” en materia de acceso a la información pública, a la vez que ha planteado que no es admisible que cuatro de cada 10 ciudadanos no vean satisfecha su reclamación de acceso a la documentación, por lo que ha apoyado contar con herramientas coercitivas para hacerlo cumplir.
Réplica del Comisionado
En su réplica a los grupos, el Comisionado ha defendido la viabilidad de avanzar en la creación de un mecanismo coercitivo que fuerce a las entidades públicas a cumplir con la norma, ya que entiende que el mero hecho de disponer de ella llevaría a gran parte de las administraciones a cumplir.
Ante las dudas del PP en este sentido, ha matizado que no son tanto sanciones como tal, sino mecanismos coercitivos desde el punto de vista administrativo que conlleven un mayor cumplimiento, y ha considerado que tan lícito es esperar al avance normativo estatal como seguir el camino de otras autonomías como Navarra y Comunidad Valenciana, que ya disponen de esas herramientas sin que hayan sido cuestionadas desde el punto de vista constitucional.