De Castilla y León, a excepción de Burgos, León y Valladolid, no sale una vaca a menos que su destino sea el matadero. Esa es la primera consecuencia de la nueva normativa de saneamiento ganadero que ha puesto en marcha la Consejería de Agricultura, en manos de Vox y que ha provocado que el Ministerio del ramo haya emitido una orden que prácticamente confina al ganado bovino de la Comunidad y prohíbe el desplazamiento a cualquier destino del territorio nacional, o de otros Estados miembros de la Unión Europea. En su afán de “flexibilizar” medidas que tienen como objetivo erradicar la tuberculosis bovina, Vox se ha pasado de frenada, y según el Ministerio, la normativa que puso en marcha el pasado 15 de mayo, en plena campaña electoral, no sólo incumple la normativa española, también la europea.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, con el lema de “siembra”, ya anunció sus intenciones hace un año, cuando visitó una explotación ganadera en Lario (León) donde se había producido un supuesto positivo en tuberculosis. Con imágenes de los pastos y los animales corriendo por las colinas, el vicepresidente, a cámara lenta admiraba el paisaje y lamentaba la dura normativa que preserva no sólo la salud de los animales -una vaca tuberculosa da poca leche y además pierde peso- sino la de las personas. En 2021 fallecieron por esa enfermedad 1,6 millones de personas en todo el mundo y enfermaron 10 millones. La tuberculosis se transmite de animales a humanos con facilidad. Pero para García-Gallardo las medidas que se llevaban a cabo para dar garantías, son “arbitrarias”.
Un año después de ese vídeo, Vox impuso su normativa y el Ministerio de Agricultura reaccionó el 29 de mayo, una vez que se habían celebrado las elecciones. No puede decirse que fuese oportunista, pero la medida cayó como un jarro de agua fría, porque la orden que inmoviliza vacas llegó en lunes, el día en que se celebra el mercado semanal ganadero de Salamanca, uno de los más importantes de la Comunidad y que sólo en un mes mueve 5 millones de euros. O se reestablecen los requisitos fijados anteriormente, o cada provincia de Castilla y León, a excepción de las tres que están libres de tuberculosis, se come sus propias vacas. De lo que se trata es evitar poner en riesgo el estatus sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria. El Ministerio ha acudido también al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El 23 de mayo interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería “por fijar un marco normativo más laxo que contraviene la legislación europea y frente al inevitable riesgo de dispersión de la enfermedad a nuevas zonas, explotaciones y animales”. Según el Ministerio se está poniendo en riesgo de contagio a las explotaciones libres de tuberculosis de Castilla y León (en las provincias de Valladolid, León y Burgos, declaradas oficialmente libres de infección de tuberculosis bovina por la CE) “y a las del resto del territorio de España y de la UE”.
Pero la Junta se niega a retirar su normativa. “Nuestro planteamiento es muy claro, defender siempre los intereses de Castilla y León y atender al interés del ganado, de la salud del ganado. Cualquier decisión que tomemos para que deje de estar vigente esa orden ministerial será positiva para Castilla y León, será positivo para el sector ganadero y aquí planteamos no oponernos al requerimiento de la medida cautelar que se ha planteado respecto de la resolución del 10 de mayo de la Junta de Castilla y León. Queremos que finalice lo más rápidamente posible esas medidas de restricción establecidas por la orden ministerial”. Esto afirmaba el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Con evidentes dificultades para explicarlo, aseguró que no se iba a derogar la normativa autonómica, pero que se iba a tratar de dejar “sin efecto” la orden ministerial.
Fuentes de la Consejería de Agricultura sí han explicado a elDiario.es a qué se refería exactamente el portavoz cuando hablaba de dejar sin efecto la orden del Ministerio: Tanto este como la Abogacía del Estado han solicitado que se suspenda cautelarmente la normativa de la Junta, y la Junta no se va a oponer. De esta forma, si se suspende cautelarmente la norma en cuestión, estaría en funcionamiento la anterior y no habría que inmovilizar a los animales por contravenir presuntamente las leyes españolas y europeas. Con ello la Junta trata de evitar las pérdidas millonarias que provoca esa inmovilización y a la vez sigue peleando por imponer sus propias reglas, porque el contencioso continuará. Y todo ello sin irritar a su socio de gobierno, con el que se negocian los pactos postelectorales en Ayuntamientos y autonomías.
De hecho, el 26 de mayo, García-Gallardo tuiteó que había mantenido una reunión “con la directora general de Sanidad Animal” en Bruselas -elDiario.es ha comprobado que en realidad fue una responsable de protocolo de ese departamento“, para insistir en la flexibilización de medidas.
Los veterinarios advirtieron hace un año que se acabaría paralizando el desplazamiento de vacas
El riesgo que se asume, además de los que afectan a sanidad animal y a la salud humana, es el descrédito de una comunidad eminentemente ganadera así lo cree el presidente del Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL), Manuel Martínez, que ya ha solicitado una reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Porque quienes han quedado fuera de la ecuación de Vox, la ganadería y la normativa, son los veterinarios, que han contemplado “atónitos” como como se ha puesto en marcha una normativa sin tener en cuenta el criterio de estos profesionales. Sivecal-Uscal ya advirtió a la Junta dos veces hace un año, el 26 de junio y 7 de julio de 2022. “Desde que se produjo el nombramiento del Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y en este intervalo de tiempo desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León hemos asistido atónitos a las declaraciones que ha vertido en relación a los programas de erradicación de la Tuberculosis Bovina, enfermedad de la que, por cierto, le hacemos notar la distorsión sanitaria y productiva que tiene de ella, y le recordamos que si se hacen realidad sus intenciones dejarían en un evidente riesgo de inmovilización y pérdida de competitividad a este nuestro sector ganadero tan importante por los motivos que le hemos expuesto”, comunicaron. No les faltaba razón. Para Martínez la normativa siempre es mejorable y siempre se pueden hacer cambios, pero lo importante es preservar la salud. “Hay algo que nos piden los ganaderos y tienen razón y por eso vamos a pedir una reunión con la Consejería de Medio Ambiente, y es que se controle la enfermedad en la fauna silvestre”. El tejón, es un “reservorio” de la tuberculosis, y como el jabalí y algunos roedores comparten con las vacas desde pastos a abrevaderos naturales. La bacteria se disemina en la hierba, en el agua e incluso en el aire. Según Martínez no es raro ver a jabalíes y vacas en el mismo sitio. Pero para este veterinario lo que ha hecho la Junta es esto “como saltarse las señales de tráfico, porque se han flexibilizado medidas al margen de las campañas de saneamiento que se establecen en leyes españolas y europeas”, y recuerda que la Organización de la Salud ha establecido el 2030 como el año para tener erradicada la tuberculosis, una enfermedad que empezó a combatirse en los 50, en explotaciones ganaderas, cuando se comprobó que los animales producían menos leche cuando enfermaban. Pero hasta entonces, los hospitales de tuberculosos eran frecuentes. Martínez también considera necesario incorporar más veterinarios a la Junta para que puedan desarrollar su trabajo de saneamiento ganadero en tiempo y forma. Además advierte que si el presidente de la Junta no “toma cartas en el asunto” iniciarán “las medidas administrativas y judiciales que sean necesarias en defensa del sector pecuario y de la salud pública, así como de los compañeros veterinarios que se están viendo violentados diariamente por el simple hecho de aplicar las pautas técnico-sanitarias que marca la normativa nacional y comunitaria en materia de sanidad animal”.
Jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal de la Junta, contra la Resolución de la Consejería
A todo ello hay que sumar un informe de 10 páginas de los Jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal, a su vez Directores Provinciales de las Campañas de Saneamiento Ganadero de las nueve provincias de Castilla y León en el que se analiza la resolución normativa de la Consejería de Agricultura y en el que se señalan todas las normas que se contravienen. “Como funcionarios, y en base al apartado h del art. 63 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, tenemos el deber de dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas órdenes que, a nuestro juicio, fuesen contrarias a la legalidad o constitutivas de delito. Cuestión que ahora se hace al informar en primer lugar al Órgano Competente que dictó la Resolución”, advierten al final del mismo.