Un pueblo de Ávila que terminó afectado por el fuego dejó de pagar un retén de bomberos en junio por su elevado coste
El Ayuntamiento de Casillas (Ávila), que terminó afectado por el fuego este verano, dejó de pagar un retén de bomberos en junio por su elevado coste. El gobierno municipal, en manos del PP, firmó un convenio de extinción de incendios con la Junta de Castilla y León en 2024, dotado con un presupuesto de 73.492,8 euros. Este acuerdo tenía vigencia hasta octubre de 2027, pero el pasado junio el Ayuntamiento denunció el convenio “por dificultades de viabilidad financiera”.
Este retén de bomberos realizaba labores de prevención de los incendios forestales, además de los trabajos de extinción, apoyados también por una autobomba. Resultaba “inviable soportar los costes” a la espera de que pagara la Junta de Castilla y León, que abonó los 17.831,52 euros correspondientes a finales de 2024 y 18.187,76 euros referentes al año pasado, ya en enero de este año.
El convenio establecía el pago de estas cantidades –que no cubría todo el coste de personal– a cambio de poner a su disposición un vehículo autobomba (que tiene capacidad para un conductor y dos mangueristas) y de integrar los medios municipales al operativo de extinción durante 122 días al año, siempre que el servicio fuera a no más de veinte kilómetros del pueblo. Además de este pago, el Ejecutivo autonómico dotaría al vehículo de una emisora y a los bomberos voluntarios, de equipos de protección individuales y formación.
El Ayuntamiento defiende que este verano el camión municipal de Casillas ha estado integrado en Infocal por el convenio con la Diputación, por lo que ha estado “disponible para todos los incendios que pudiera haber en la provincia”. Casillas ha sido uno de los municipios afectados este verano y, de hecho, tuvo que ser desalojado.
El Ayuntamiento tenía que aportar 17.700 euros
Según los cálculos de miembros del Consistorio, el Ayuntamiento de Casillas recibía esos 18.000 euros del convenio y otros 8.500 euros procedentes de una línea de ayudas de la Diputación de Ávila para la contratación de conductores de autobombas, por lo que el consistorio debía aportar los otros 17.700 euros, una cantidad que el equipo de gobierno consideró excesiva dos años después de firmar el convenio.
La alcaldesa de Casillas, Beatriz Díaz, reprocha que los convenios con la Junta no cubren los gastos de personal, y que el nuevo secretario interventor municipal consideró que se debía rescindir el convenio “para poder llegar a una estabilización plena presupuestaria”.
El Grupo Socialista reconoce que la financiación es “insuficiente” para un municipio como el de Casillas, que no llega a los mil habitantes, aunque cree que es “incoherente” que la alcaldesa abandonase el convenio y después declarara durante los incendios que les faltaban medios. “Desde nuestro propio ayuntamiento hemos debilitado el ya maltrecho operativo de incendios forestales de Castilla y León”, sostiene el portavoz, que cree que este servicio habría sido.
Las labores de prevención
La oposición municipal destaca el trabajo de este retén tanto en prevención como en las actuaciones de recuperación de la naturaleza y fortalecimiento del terreno ante las lluvias. La alcaldesa niega que el convenio incluya labores de prevención, aunque sí reconoce que este año no ha habido guardias de vigilancia, a pesar de que el convenio contemplaba que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Consejería del vehículo para labores de prevención de incendios.
“El camión ha estado alerta y disponible, pero no ha tenido un horario durante los cuatro meses de época de riesgo alto de incendios forestales (que dura hasta el 12 de octubre). ”El camión de Casillas ha estado a disposición de la Junta, pero solo se movilizaba si había incendios en la zona, en la zona determinada, en Ávila, donde nos mandasen“, explica Beatriz Díaz en una entrevista a elDiario.es.
Díaz ha asegurado que, antes de denunciar el convenio, se planteó modificar el convenio para que el Ejecutivo aumentara su partida, “al igual que otros Ayuntamientos”, y, ante la negativa, se decidió denunciar el mismo.