El fiscal de la estafa de los ataúdes mantiene la acusación por los cambios de féretros para revenderlos durante 20 años
El fiscal del juicio del conocido como caso ataúdes ha mantenido este lunes que entre 1995 y 2015, en el Grupo funerario El Salvador de Valladolid, siguiendo el mandato de sus responsables, se llevaron a cabo cambios de féretros antes de las incineraciones para revenderlos ocultando que ya habían sido usados.
El representante del ministerio público ha expuesto durante unas tres horas su informe final, en el que ha sostenido acusaciones que oscilan entre 20 años, las más elevadas, y dos años, las menores, para veintitrés encausados. “Existe prueba bastante, suficiente, contundente y aplastante”, ha resumido.
Entre los argumentos en los que ha asentado su exposición, el fiscal ha citado las veintiséis libretas, tres archivadores con partes de defunciones, catorce carretes sin revelar, dos sobres con fotos y tres memorias USB que tenía un trabajador de la empresa, Justo M.G., ya fallecido, en los que se reflejaban los cambios de ataúdes.
Ha calculado en 5.308 las anotaciones que realizó este empleado sobre cambios de féretros, además de elementos florales recogidos para su reventa, y ha aclarado que de esa documentación se deriva la posibilidad de que en muy pocos casos -unos cinco- se hubiera entregado a los allegados de los difuntos cenizas distintas de las de su familiar incinerado.
A escondidas
El acusador público ha subrayado que del material que guardaba el trabajador se desprende que difuntos que debían haber sido cremados en el tanatorio de El Salvador de Valladolid lo fueron en el horno del cementerio de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, propiedad del mismo grupo funerario, “a escondidas” de los familiares de los finados.
Las fotografías de Justo M.G. abarcan difuntos sobre cajas de restos, tapas de féretros y cajas en desuso.
En este sentido ha citado la declaración en el juicio de dos policías que manifestaron que hubo cerca de 150 familias que reconocieron a sus familiares fotografiados sobre elementos que no eran los ataúdes que habían comprado.
Coordinación para manipular cadáveres
Ha basado además su informe en la comparecencia del inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quien explicó que la manipulación de los cadáveres que aparecen en las imágenes no podía realizarla solo una persona. A juicio del fiscal, se requería la coordinación de varios empleados.
Ha desechado que los trabajadores no conocieran estas prácticas cuando manifestaron que se enteraron por la prensa o en el registro que llevó a cabo en la funeraria la Policía en enero de 2019, ya que al menos tenían que saberlo desde dos años antes, cuando un representante de la empresa denunció en Comisaría a Justo M.G. porque le extorsionó diciendo que iba a hacer pública su documentación si no le daba dinero. “La noticia -de la extorsión- corrió por toda la empresa”, ha remarcado.
Ha mencionado también que el 99 % de los testigos que han comparecido en la vista oral no vio la entrada de su familiar en el horno crematorio -en algunos casos se simulaba que había comenzado la incineración-. Una de las dos acusaciones particulares personadas ha reivindicado el protagonismo de las víctimas de los hechos enjuiciados y ha reprochado a los encausados que no hayan acudido a todas las sesiones del juicio -el tribunal autorizó la posibilidad de que se ausentaran- lo que denota que no les importa lo más mínimo los afectados que han declarado.
La letrada ha descrito la forma de actuar en el grupo funerario como una operativa empresarial organizada, prolongada en el tiempo, con reparto de funciones y con el objeto de obtener un beneficio económico para la familia propietaria de la empresa.
Falta del respeto debido a los difuntos
Al detenerse a evaluar el delito contra el respeto a los difuntos, ha considerado que se trata de falta del respeto debido y profanar un cadáver o sus cenizas. No supone una infracción sanitaria ni una falta de cuidado, consiste en despojar el cadáver del féretro contratado, manipularlo de forma clandestina y ocultar las condiciones de la incineración, en el mejor de los casos en una caja de restos, en un claro engaño a las familias, ha recalcado.
Ha opinado además que el móvil en una empresa que ya ganaba dinero pudo ser la codicia desmedida que no respeta ni lo mas sagrado, que es la memoria de los difuntos. La otra acusación particular, que representa a 55 afectados, también se ha referido al delito de no guardar el respeto debido a los difuntos, que ha considerado lo más grave de lo enjuiciado desde el punto de vista moral.
Ha reivindicado el derecho de las familias a despedir a su ser querido con dignidad y ha asegurado que los hechos no son aislados o episódicos, son una práctica reiterada, conocida, tolerada y económicamente beneficiosa para quienes participaron en ella. Se ha referido a las fotografías que guardaba Justo M.G. como imágenes que desvelan cadáveres manipulados, colocados en cajas distintas, e incineraciones en el cementerio de Santovenia en lugar de en el tanatorio, lugar en el que las familias creían que se hacían.
“Justo no solo conocía los hechos, los documentaba y dejaba constancia gráfica” de la mecánica, ha expresado la abogada. Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
El fiscal ha modificado algún aspecto de su calificación como en el caso de dos procesadas al retirar cargos por delitos continuados de apropiación indebida y contra el respeto a los difuntos. Las defensas han mantenido la solicitud de absolución y una de ellas ha pedido incluir la circunstancia de dilaciones indebidas muy cualificada. La vista oral continuará mañana con los informes de los abogados de los acusados.