Un banquero andorrano acusa a los Pujol de pedir que se destruyeran sus datos: “Les invitamos a que se fueran”

Dos banqueros andorranos. Dos historias con muchos más puntos oscuros de los que han contado a los jueces, pero con algo en común: el dinero que la familia Pujol Ferrusola mantuvo durante décadas escondido en el principado. La Audiencia Nacional ha escuchado este martes a Manel Cerqueda y Joan Pau Miquel, responsables de las dos entidades bancarias andorranas, Andbank y BPA, en los que la familia mantuvo su fortuna oculta.

Manel Cerqueda es presidente no ejecutivo de Andbank, la entidad resultante de la fusión entre Banca Reig (donde los Pujol tenían el dinero escondido al principio) y el Banco Agrícola en 2001. Eran los tiempos en los que los ingresos de grandes cantidades en efectivo de catalanes ricos en la banca del principado eran moneda corriente. En Andorra no se preguntaba por el origen del dinero. Se ingresaba y se hacía crecer. Y todos contentos.

La cosa empezó a cambiar cuando, entrado ya el siglo XXI, Andorra se tuvo que poner al día en la lucha contra el blanqueo de capitales y dejó de ser un paraíso fiscal a tres horas en coche desde Barcelona. En el año 2010, se produce el cambio de cuentas de los Pujol, que pasan de Andbank a la Banca Privada de Andorra (BPA).

La salida de la familia de Andbank no fue precisamente pacífica, según ha relatado Cerqueda. El banquero ha contado al tribunal que los Pujol (sin especificar qué miembro de la familia) le pidieron “destruir documentación sobre sus cuentas”. “Nos negamos y les invitamos a que se fueran lo más rápido posible”, ha contado Cerqueda que fue la respuesta de la entidad.

El banquero no ha ocultado su alivio cuando supo que las cuentas de la familia del expresident ya no estaban bajo su responsabilidad: “Estuvimos encantados de que se fueran y que se marcharan como clientes”. Hasta 2014, cuando estalló el caso de la fortuna oculta de los Pujol, Cerqueda no supo que toda la familia tenía cuentas en Andbank, porque, según ha alegado, su cargo no era ejecutivo.

El testimonio de Cerqueda no es definitivo para lo que juzga el tribunal, pero sí permite constatar las preocupaciones de la familia Pujol para mantener su fortuna oculta en Andorra. Sobre su origen, siguen dos versiones enfrentadas: la familia defiende procede de un legado del abuelo Florenci, mientras la Fiscalía cree que la amasaron con comisiones ilegales de empresarios.

El secreto mejor guardado del hombre que gobernó Catalunya 23 años estalló en julio de 2014. Tras una portada en El Mundo con un pantallazo de datos bancarios de la familia en Andorra, el expresident confesó en un comunicado que durante toda su etapa al frente de la Generalitat había mantenido dinero sin declarar en Andorra.

Tan cierta es la fortuna oculta como las presiones de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy para que saliera a la luz. Uno de los testimonios que ha relatado este episodio ha sido Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA.

El exbanquero, condenado a siete años de cárcel en Andorra por blanqueo de capitales para la mafia de Gao Ping, ha contado algo que ya había aflorado en la investigación andorrana (en España ningún tribunal ha querido indagar en esta parte de la Operación Catalunya). Según Miquel, el exagregado de Interior en la embajada de Andorra, Celestino Barroso, contactó con los dueños del BPA para transmitirles un “mensaje de Madrid”: que “colaboraran” con el Estado español en su lucha contra el nacionalismo catalán, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, la entidad “moriría”.

La primera aproximación fue un mes antes de que el diario El Mundo publicara el pantallazo de la familia. Aunque todo apunta a la brigada política, presión mediante a la BPA, como responsable de la filtración, Miquel se ha desentendido de la misma.

Unos días después, el testigo ha contado que se reunió con Marcelino Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y que este fue “mucho más violento verbalmente” en sus presiones. Le dijo, según su versión, que el Estado estaba “en guerra” con el nacionalismo catalán y que quería datos de Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol.

Joan Pau Miquel ha insistido en que se limitó a entregar a Martín Blas un resumen de prensa con “información de posibles operaciones vinculadas al nacionalismo catalán que aparentaban escenarios de corrupción”, pero no el “pantallazo” que destapó el caso, filtración que fue investigada en una auditoría interna sin que nunca se identificara a sus responsables.

El secreto que guardaban las cuentas de la BPA ya no estaba a buen recaudo, pero algunos años antes la familia ya se movió para evitar que la mancha saliera a la luz. Según Cristina Lozano, exdirectiva del BPA, Jordi Pujol Ferrusola, gestor de los fondos de la familia, transmitió al banco su “preocupación” porque algún empleado filtrara información sobre sus cuentas, a raíz de la lista Falciani de defraudadores fiscales que hizo pública entre 2008 y 2009 un informático que trabajó en la entidad suiza HSBC.

A Pujol Ferrusola se le “ofreció” desde BPA, ha manifestado Lozano, la misma solución que a otros clientes que también estaban inquietos a raíz de la lista Falciani: la titularidad de sus cuentas se transmitió entonces a una fundación panameña, con lo que “ante consultas internas no aparecería su nombre, aunque estaba totalmente controlado”.