El Gobierno y la Generalitat acuerdan financiar la ampliación de los Mossos hasta los 25.000 agentes
La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas de las medidas previstas en el acuerdo entre el Govern y ERC para los presupuestos. Entre los acuerdos se encuentra la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones y la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones. También se ha pactado firmar este año un protocolo de colaboración para crear la nueva Línea Orbital Ferroviaria y se ha acordado un nuevo reparto del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. En cuanto a los Mossos, se ha dado luz verde a la financiación necesaria para alcanzar los 25.000 agentes en 2030, cifra que se pactó en el anterior bilateral.
Desde el Gobierno destacan que las reuniones celebradas en Madrid -donde han participado el ministro Ángel Víctor Torres y los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Economía, Alícia Romero- permite dar un “nuevo paso adelante” en el despliegue de competencias en ámbitos como la gestión del litoral, impulsar el autogobierno y seguir abriendo paso hacia catalanes. La cita, que fue la tercera de esta legislatura, comenzó a las 16.30 horas y duró poco más de una hora. “La comisión bilateral ha culminado una agenda de trabajo intensa”, ha remarcado Dalmau ante la prensa al finalizar el encuentro.
En el caso de la decisión sobre los Mossos se ha cerrado en una reunión previa de la Junta de Seguridad y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF), presidida por la consejera Alícia Romero. Allí se ha aprobado que la transferencia de recursos del Estado se calcule anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021 (el año de referencia para el cálculo). Esta diferencia se multiplicará por el coste de cada efectivo adicional fijado en 70.600 euros, pero que se actualizará cada año a partir del IPC.
Infraestructuras
En el capítulo de infraestructuras, el Estado y la Generalitat han acordado impulsar un nuevo modelo de “gobernanza compartida” para acelerar y mejorar la planificación y ejecución de obras. Para ello, se prevé la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones, concebido como un órgano de “coordinación estratégica, seguimiento y supervisión de las actuaciones inversoras” del sector público estatal en Catalunya. El nuevo ente quedará adscrito al Ministerio de Transportes. Asimismo, se constituirá la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones, con el objetivo de dotar de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa la ejecución de estudios, proyectos y obras.
Tren orbital
La reunión de este miércoles también sirvió para sellar el acuerdo para la creación del tren orbital, que conectará ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona. Ambos gobiernos han acordado crear una mesa de seguimiento para coordinar el proyecto y que el propio Consorcio de Inversiones se encargue de impulsarlo y desarrollarlo. La actual R8 será la primera fase funcional del sistema orbital, según el acuerdo ratificado.
Consorcio de la Zona Franca
Por lo que se refiere al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se ha pactado la constitución de un nuevo reparto de fuerzas que incremente la posición de la Generalitat. Hasta ahora, el ente estaba controlado al 100% por el Estado. Ahora, el Estado tendrá el 45%, la Generalitat el 40% y el Ajuntament de Barcelona el 15%. Se conservará la denominación histórica del consorcio, la presidencia continuará asumiendo el alcalde de Barcelona y el plenario mantendrá una representación de las entidades económicas y sociales de Catalunya.
Impulso del catalán
En materia lingüística, ambos gobiernos han acordado crear un grupo de trabajo que deberá presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año para extender la formación en catalán en distintos ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Catalunya. También se ha pactado que la Administración General del Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción de catalán en los recursos de la administración digital, sitios web y trámites electrónicos.
Gestión del litoral
Otra de las novedades radica en las competencias sobre la gestión del litoral. De hecho, se ha pactado cambiar el Reglamento General de Costas con el objetivo de adaptarlo al marco competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y consolidar y reforzar el papel de la Generalitat en la ordenación y gestión del litoral catalán. El acuerdo recoge el compromiso de la Administración General del Estado de promover, en el plazo de tres meses, la legislación para hacerlo realidad. La modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.