Una histórica entidad feminista desafía a la Diputación de Barcelona para recuperar un edificio incautado por Franco
Durante décadas, decenas de miles de mujeres cruzaron las puertas del número 7 de Sant Pere Més Baix, en Barcelona, para estudiar idiomas, aprender oficios o, simplemente, leer en la que fue la primera biblioteca pública femenina de Europa.
El edificio albergó el Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, fundado en 1909 por la mecenas Francesca Bonnemaison y convertido pronto en un espacio pionero para las mujeres catalanas. Tras la Guerra Civil, el inmueble pasó a manos de la Diputación de Barcelona y quedó bajo control de la Sección Femenina de Falange.
Casi un siglo después, la entidad heredera de aquel proyecto plantea una pregunta incómoda: ¿y si uno de los principales equipamientos de la Diputación en el centro de Barcelona nunca le perteneció legítimamente?
Esa es la conclusión a la que han llegado varias investigadoras vinculadas al Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison —conocido como La Bonne— tras años de investigación buceando en archivos, actas notariales y documentación previa y posterior a la Guerra Civil.
Trece mujeres —entre ellas juristas e historiadoras— han impulsado una investigación con la que reclaman la titularidad del edificio, situado en el corazón del barrio Gótico. Sostienen que la Diputación ostenta la propiedad gracias a una incautación ejecutada tras la victoria franquista.
La reclamación se apoya en la Ley de Memoria Democrática. Si se acreditara que el inmueble fue confiscado por el régimen, se abriría la puerta a su restitución. Es por esto que, si la Diputación no atiende sus demandas, desde La Bonne aseguran que acudirán a la justicia.
“Se ha hecho una investigación muy profunda, con documentos del Archivo Nacional, antiguas actas de la asociación y numerosos elementos fácticos para justificar lo que pedimos”, afirma Eugenia Canal, magistrada jubilada y una de las impulsoras de la reclamación. “Se mire como se mire, es una cuestión de justicia”.
Canal sostiene que la Ley de Memoria Democrática ampara la reclamación y recuerda que ya se han revisado operaciones patrimoniales del franquismo como por ejemplo el caso del Pazo de Meirás.
Un paraguas del feminismo catalán
Hoy, La Bonne agrupa a más de 80 entidades feministas de Barcelona. La asociación ocupa dos plantas del edificio —propiedad formal de la Diputación— donde decenas de colectivos se reúnen, trabajan, ensayan y prestan apoyo a miles de mujeres cada año.
Sus responsables denuncian que la Diputación lleva tiempo intentando reducir su presencia en el inmueble e incluso expulsarlas del recinto, en un conflicto que se arrastra desde hace años.
Desde La Bonne aseguran que la institución provincial ha amenazado en varias ocasiones con retirarles la gestión del espacio o convocar un concurso público que podría suponer su expulsión.
En el edificio también está la bibloteca pública Francesca Bonemaisson, la escuela de la mujer —con más de 3.000 alumnas— y varios despachos del área de feminismos. Todos estos equipamientos están gestionados y financiados por la propia Diputación.
En 2023 ya hubo movilizaciones para reclamar un convenio estable que garantizara seguridad jurídica a la entidad. De hecho, La Bonne ocupa parte del edificio sin acuerdo vigente desde 2018 ante la falta de entendimiento entre ambas partes.
La asociación denuncia además que la propuesta de la Diputación para un nuevo convenio pasa por destinar parte del inmueble a oficinas y desplazar a la entidad desde una de las dos plantas que ocupa hacia el sótano.
“La Diputación lleva años intentando desgastarnos, con una clara estrategia de ‘mobbing’”, sostiene la directora de La Bonne, Marta Vergonyós. “Les incomodamos porque recordamos la memoria del espacio y cuál era su objetivo original: estar dedicado a las mujeres”.
Desde la Diputación aseguran sentirse “sorprendidos” y “decepcionados” por la ofensiva legal de La Bonne. Fuentes de la institución sostienen que ambas partes seguían negociando una “solución acordada” que permitiera el “encaje jurídico” de la entidad en el edificio.
Mireia Bofill, primera directora de La Bonne, recuerda que fue la propia Diputación quien reconoció a la asociación como heredera del proyecto fundado por Francesca Bonnemaison al cederle dos plantas del inmueble en 2003, cuando se firmó el primer convenio.
Aquel acuerdo recogía expresamente que el franquismo “reprimió las libertades y confiscó bienes y propiedades de particulares, asociaciones, sindicatos y partidos”, contexto en el que el edificio pasó a manos de la Diputación en 1941.
La actual dirección enmarca la actual ofensiva judicial como consecuencia de unas relaciones ya muy deterioradas. “Han actuado durante muchos años con tal soberbia que esta reclamación recoloca las cosas desde el punto de vista de la legitimidad histórica”, afirma Vergonyós. “Este equipamiento sería una referencia en cualquier ciudad como Londres, Berlín o Nueva York”.
¿Cesión voluntaria o expolio?
Tras instalarse en 1922 en el edificio ahora en disputa, el Instituto creado por Bonemaisson atendió cada vez a más mujeres y su influencia fue creciendo de manera exponencial. Si en el curso 1910-1911 hubo 300 matrículas, en 1934-35, antes de la guerra, se superaron las 6.200 alumnas.
Se calcula que entonces unas 30.000 mujeres pasaban cada año por sus instalaciones atraídas por una amplia oferta formativa: gramática, taquigrafía, idiomas, cálculo mercantil o formación profesional... El centro también tomó posición en debates sociales que afectaban a las mujeres, como la prostitución o las condiciones laborales.
El estallido de la Guerra Civil en 1936, sin embargo, interrumpió la actividad. Durante el conflicto, el edificio fue utilizado por organismos de la Generalitat republicana.
Con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, en 1939, antiguas dirigentes del Institut intentaron recuperar la actividad. Pero pronto comenzaron las presiones de la Sección Femenina para controlar el espacio, hasta el punto de recibir la visita de Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange.
“La visita ha producido muy buena impresión, tanto a Pilar Primo de Rivera como a sus acompañantes”, quedó escrito entonces.
Dos años después, mientras Francesca Bonnemaison permanecía exiliada en Suiza, la junta del Institut acordó en noviembre de 1941 la cesión del edificio a la Diputación. Apenas cinco meses más tarde, en marzo de 1942, la institución provincial cedió la gestión del equipamiento a la Sección Femenina de la Falange.
Las investigadoras de La Bonne sostienen que aquella operación, pese a quedar formalizada en un acta notarial, fue en realidad una incautación encubierta realizada sin el consentimiento real de la propietaria. El objetivo, afirman, era desactivar una institución feminista y poner su estructura al servicio del control ideológico de las mujeres.
“El franquismo aprovechó el poder adquirido tras el golpe de Estado para dar apariencia de cesión a lo que fue un expolio”, sostiene la jurista Marisa Fernández, también implicada en la reclamación.
Otro de los argumentos de La Bonne es que la cesión del inmueble obligaba a mantener la finalidad cultural y social original del Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. La actual dirección considera que esa condición tampoco se cumple.
“La Diputación alquila espacios para actos que no tienen nada que ver con ese propósito”, denuncia Vergonyós. “Hemos tenido eventos de Ciudadanos o del PP contra la ocupación, caterings de empresas…”.
La directora sostiene que la Diputación pretende reconvertir el edificio —un caramelo inmobiliario en pleno centro de Barcelona— en un recinto orientado a convenciones y actos corporativos, más que en un espacio cultural. También denuncia trabas constantes para programar actividades.
“Ya es suficientemente difícil sostener el día a día de un centro cultural”, concluye. “Tener que pelear además por esto resulta enormemente desgastante”.