Jéssica Albiach: “Hay lawfare contra el Gobierno, nosotras también lo hemos sufrido, pero no todo es lawfare”

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, cerró la semana pasado un pacto de presupuestos con el PSC, los primeros que aprobará Salvador Illa. Pero de eso ya parece que hace un siglo, pues desde entonces el PSOE y sus socios han vivido el movimiento sísmico de la investigación judicial contra José Luís Rodríguez Zapatero y el avance de la causa sobre Leire Díaz.

Ante tales sacudidas, los Comuns recetan cautela y resaltan sus dos líneas rojas: solo se mantendrán en el Gobierno si no se demuestra financiación irregular ni tampoco que Sánchez estuviera al tanto de lo que hacía “Ábalos, Cerdán o Leire”. A la vez, apremian a Gabriel Rufián a aclarar qué quiere hacer en unas eventuales elecciones generales.

El protagonista de la semana ha sido el expresidente Zapatero. ¿Usted se lo cree cuando dice que no ha hecho nada ilegal?

Ni me lo creo ni dejo de creérmelo. Lo que sí tengo clarísimo es que el PSOE no ha dado todas las explicaciones que hacen falta. Sánchez se quedó muy corto. Tenemos que esperar a que la Justicia haga su camino, porque hay mucho de lawfare, pero no todo es lawfare. Lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra, en el caso del fiscal general del Estado.

Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir. El mínimo exigible para todos los partidos progresistas es ser ejemplares y tender hacia la corrupción cero.

La Audiencia Nacional sospecha que el PSOE pagó a Leire Díaz para maniobrar contra fiscales y policías. Sánchez ha dicho que si hay algo irregular, se actuará. ¿Qué debería hacer el PSOE o qué debería decir?

Necesitamos de una vez por todas la Oficina Anticorrupción a nivel estatal y una regulación sobre los lobbies y sobre qué puede hacer un expresidente. La línea entre el lobbismo y el tráfico de influencias es muy fina. ¿Un expresidente puede ser lobbista? Yo tengo mis dudas. Sánchez tiene que pensar cómo hacer limpieza. El PSOE es un partido en transición: entre todos lo hemos empujado hacia el reconocimiento del catalán, la plurinacionalidad o la ley de amnistía. Se están tocando teclas que cuestionan el régimen anterior, pero estamos viendo cosas como el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, que nos recuerdan demasiado a las inercias del pasado.

Ustedes son socios de gobierno con el PSOE. ¿Su listón para salir de este Gobierno, llegado el caso, sería que se demostrase que ha habido financiación irregular del PSOE?

Las líneas rojas serían dos: financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que ha podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire. Podríamos hablar de una conspiración con nombres y apellidos, como Aznar, Feijóo o Abascal. Pero tengamos claro que esta gente no viene a hacer nada contra la corrupción, lo que quiere es un quítate tú para ponerme yo. La gente de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen no nos puede venir a dar lecciones sobre salud democrática, y menos cuando van del brazo de la extrema derecha.

¿Cree usted que la legislatura se ha agotado y es momento de empezar a pensar en unas elecciones?

Las elecciones no las puede convocar Aznar ni esa internacional reaccionaria que tuvo encuentros en la embajada de los Estados Unidos con Feijóo, Abascal y Ayuso. Si tiene sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando. No tiene sentido que el Gobierno vaya arrastrando los pies. Tenemos [pendiente] la ley mordaza, la prórroga automática de alquileres o el registro horario. Lo que tienen que hacer es que esta legislatura valga la pena para la gente.

Ya antes de todos estos episodios le costaba mucho al Gobierno poder aprobar sus propuestas. No sé si está pidiendo también a los socios que ayuden un poco más para que el Gobierno pueda gobernar.

En los temas donde el Partido Socialista pensaba que España tenía que avanzar, se ponía a negociar. Y en aquellos temas que no consideraba prioritarios, como la prórroga automática de alquileres o el tope del 2% al incremento anual de alquileres, al PSOE ni lo hemos visto. Es importante que el PSOE baje del pedestal, que piense en este año de legislatura que queda, más allá de que la justicia vaya haciendo su camino tenemos que hacer que el Gobierno pueda seguir avanzando. A estas horas nadie espera que España tenga presupuestos. Ahora, también sabemos que el Gobierno puede hacer muchas cosas sin presupuestos.

Es muy importante es que Gabriel Rufián acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad

La exalcaldesa Ada Colau ha sido una de las más entusiastas en la defensa de la propuesta de Gabriel Rufián para las izquierdas. ¿A usted le gustaría compartir una lista con ERC en las generales?

Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Hemos escuchado a Esquerra decir que este no es su proyecto. Sí es muy importante que Gabriel Rufián, al que hemos escuchado hablar en una línea diferente a la de su partido, acabe de decidir qué es lo que quiere hacer. La propuesta de ERC es que sea el cabeza de lista de las elecciones generales por Catalunya bajo sus siglas. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Gabriel? Tiene en redes un altavoz muy importante, pero tiene que acabar de decidir, porque hay gente que se está referenciando en él y que llegado el caso puede encontrarse con una gran decepción. No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás.

¿A los Comuns les gustaría hacer una lista conjunta con Esquerra?

Cuando se trata de impulsar las transformaciones que necesita nuestro país y de parar a la derecha y a la extrema derecha aquí no sobra nadie. En 2023, mucha gente ya daba por perdida la posibilidad de tener un Gobierno de coalición progresista y creamos una herramienta que lo hizo posible. Ahora estamos en un contexto mucho más duro, con una internacional reaccionaria sin filtros y desacomplejada, y las encuestas no son una fuente de esperanza: la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y nos necesitamos todas. Puede haber muchas maneras de colaborar, pactos preelectorales, programáticos, postelectorales… tenemos que encontrar la fórmula. Estamos hablando con Más Madrid, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar, con Podemos, con Compromís, con la Chunta Aragonesista o con Més. Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana.

Usted pidió una reunión la semana pasada con Gabriel Rufián y todavía no ha tenido respuesta de ella. ¿No le parece que eso es despectivo hacia su formación?

Quiero ser muy prudente. Cuando queremos que las cosas salgan bien se necesita una cierta discreción. Lo que sí le puedo decir es que las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, están directamente implicadas y trabajando en la construcción de esta herramienta y están en contacto con Gabriel y con su entorno. Cuando tengamos novedades las comunicaremos.

Situémonos en Catalunya. Viendo los acuerdos tanto con los Comuns como con Esquerra, ¿estos presupuestos no habrían podido estar listos cuando tocaba hace medio año y no haber esperado ahora y, por tanto, no tenerlos vigentes solo medio año?

Claro que podríamos haber tenido unos presupuestos hace tres meses. Nosotros hicimos el trabajo y llegamos a un acuerdo, pero el Govern y ERC no. Tampoco me gusta hacer una política de reproches, creo que en el fair play. Lo más importante es que Catalunya tendrá presupuestos este año y no solo este año, sino que ya previendo que podríamos hablar de unos presupuestos de legislatura, ampliamos el acuerdo que habíamos firmado, pensando en que tienen que sernos útiles para 2027 y para 2028.

Han logrado la limitación de la compra especulativa de viviendas. ¿Cómo ha quedado finalmente esta medida y cómo está la tramitación?

El 60% de las compras que se hacen en el Estado se pagan al contado. ¿Quién puede pagar 400.000 o 500.000 euros de golpe? Evidentemente, no suelen ser familias trabajadoras. Detrás hay grandes rentistas, fondos buitre, especuladores. ¿Cómo actuar legislativamente sin que nos lo tumbe el Tribunal Constitucional? No prohibiendo la compra, sino regulando el uso de la vivienda, tirando de la declaración de zona tensionada.

En las zonas tensionadas solo podrás comprar para vivir, para un familiar cercano, o un edificio entero, pero ese edificio estará sujeto al tope de alquiler y destinado a familias de manera permanente. No estamos prohibiendo la compra, sino el uso especulativo. Registramos una proposición de ley y creamos un grupo de trabajo con el Govern, pero no tenemos los votos suficientes. Queremos que sea una ley de país, y ahora vamos a una posición central que tiene que tener el Sindicat de Llogateres, y evidentemente también con la CUP y con ERC.

También han conseguido del Govern una Dirección General de Disciplina de la Vivienda. Entiendo que es para sancionar el fraude del alquiler, pero ¿cómo funcionaría?

Vemos una falta importante de voluntad política con las sanciones a quienes defraudan con la ley de la vivienda. Primero aprobamos el régimen sancionador, después acordamos con el Govern la contratación de 100 inspectores, 60 ya están trabajando y 40 en formación, pero las sanciones que está poniendo el Govern son anecdóticas: pocas y muy bajas. Las muy graves pueden ir de 90.000 a 900.000 euros, y en cambio están poniendo sanciones de 3.000, 4.000 o 5.000 euros.

¿Y qué les explican cuando hacen esa pregunta a sus socios? ¿Qué les dicen?

Siempre están trabajando, siempre lo están mirando, siempre lo están estudiando. Se acabó. Pactaron el régimen sancionador, pactaron el cuerpo de inspectores, ahora necesitamos voluntad y visión política. Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable.

La persona que esté al frente de la Dirección General tiene que ser un nombre pactado entre Govern y Comuns. No es que nosotros entremos en el Govern: necesitamos a alguien que por trayectoria, por formación, por experiencia sepa hacia dónde tenemos que ir, porque la conclusión es que no están haciendo todo lo que deberían hacer.

Algún nombre tendrán en mente, ¿no?

Tenemos unos cuantos nombres, pero, como digo, al final el nombre no lo impondremos ni ellos ni nosotros, tiene que ser una persona de consenso. Todavía no está decidido y no quemaremos los nombres de personas que podrían ser. Para nosotros es importante la mirada política: las sanciones no pueden ser anecdóticas, hay que ir a por lo gordo, que son los que nos están echando de nuestros barrios.

Es mucho más importante sancionar a un fondo buitre que a un señor que tiene un piso y que se está saltando la ley porque no pone toda la información en un anuncio. Necesitamos sanciones ejemplarizantes para demostrar que especular no es rentable

El Govern ha pactado con ERC la línea orbital ferroviaria. Ustedes le pedían la retirada de la R-Aeropuerto, pero finalmente han dicho que mantienen de momento. ¿Qué piensan de la orbital?

La crisis de Rodalies de principios de año me recuerda a la que tenemos ahora con Educación: son problemas que llevamos arrastrando desde hace muchos años. El problema de Rodalies no es responsabilidad del Govern del PSC, pero si la crisis estalla ahora, tú la tienes que saber gestionar. Tuvimos una crisis de infrafinanciación y una crisis de autoridad del Govern: tuvo que venir el Secretario de Estado de Infraestructuras para plantarse ante Renfe porque aquí nadie tenía autoridad suficiente.

La R-Aeropuerto no puede ser un tren exclusivamente para turistas: tiene que entrar en la lógica de Rodalies. Hemos pactado que en 2027 empezará, pero con estudios para reconvertirse en 2030 en Rodalies. En cuanto a la orbital ferroviaria, es necesario conectar el Maresme con Vilafranca del Penedès sin pasar siempre por Barcelona. Los esfuerzos en estos presupuestos los hemos puesto en 21 millones para una red de autobuses alternativos hasta que Rodalies funcione.

¿Quién cree que tiene la culpa de que no se resuelva el conflicto laboral del Govern con los docentes [la entrevista se realizó el jueves, un día antes del preacuerdo con los sindicatos]?

Teníamos los profesionales peor pagados de todo el Estado y el complemento específico no se había actualizado en 25 años, fruto de los recortes de Convergència. La situación que tenemos ahora no es fruto del presente sino del pasado. Ahora bien, cómo se resuelve esta crisis sí es responsabilidad del Govern: no se puede empezar en septiembre un nuevo curso sin resolver este conflicto.

Los maestros no piden privilegios; piden poder hacer bien su trabajo. Sin más herramientas, ni el mejor docente del mundo puede con niños que duermen con los zapatos puestos por poder ser desahuciados o con niños en procesos migratorios que quizás no conocen la lengua. Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir poniendo parches o plantearnos que tenemos un problema grave social y educativo. Cuando todos los indicadores dicen que vamos por el mal camino, no tiene sentido enchufar unos cuantos millones más y seguir como si no pasara nada.

¿El Govern se equivocó cuando pactó con los sindicatos educativos minoritarios fuera de la mesa de negociación de los profesores?

No confrontaré acuerdos ni sindicatos. El mejor favor que le podemos hacer a la educación de nuestro país es pensar que tenemos que ir todas a una. Los nuevos acuerdos, que son necesarios, no enmiendan los anteriores. Menos reproches y más pensar qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestro país.

Tienen el compromiso del Govern de que no volverá a haber infiltraciones policiales sin autorización judicial. ¿Cómo queda este asunto en la letra pequeña?

El PSC cada vez que se sale del acuerdo de investidura o de los presupuestos se equivoca. Lo vimos con las bajas laborales, en la gestión de Rodalies y en el conflicto con los docentes. Las movilizaciones no se tienen que ver como algo a contener, sino como un mensaje de “no podemos más”. Lo que no debía haber hecho el Govern bajo ningún concepto es espiar a los docentes. Es un error de campeonato. Pactamos con el Govern que esto nunca más puede volver a pasar, ni en el ámbito de la educación ni en otros ámbitos con asociaciones, entidades o sociedad civil organizada. A partir de ahora, las infiltraciones en ciertos colectivos solo podrán ser con orden judicial y en casos de extrema necesidad por cuestiones de seguridad.

La consellera dijo que las infiltraciones habían sido una decisión operativa, y que la parte política no había tenido nada que ver. ¿Por qué pidieron la dimisión de Trapero, que es el responsable político?

Pedimos la dimisión de Trapero porque pensamos que por su trayectoria él conocía perfectamente cuáles eran las inercias. Nos costaba mucho entender y creer que él no conociera las inercias y las dinámicas de la comisaría general de información, que es desde donde se trabajaron estas infiltraciones. Era extraño que él no lo supiera.

¿No se creyeron a la consellera cuando dijo que él no sabía nada?

Yo me creo que la consellera no supiera nada. No sé si en este punto concreto Trapero lo sabía. Ahora, Trapero sabe perfectamente cómo funciona, y porque además pensamos que esto no viene de ahora, sino que esto se ha hecho otras veces. Lo que pasa es que no nos hemos enterado.

Vea la entrevista íntegra.