El Parlament de Catalunya ha puesto este jueves en marcha los trámites para acabar sancionado al diputado Francesc de Dalmases, que abroncó a gritos a una periodista de TV3. Pese a los obstáculos del presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado (CED), el también diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, los diputados han acordado iniciar una “investigación” consistente en dar audiencia al investigado y cotejar si los hechos ocurridos encajan con los supuestos que el código interno sanciona. La comisión finalmente elevará un informe a la Mesa, que deberá ser el órgano que ejecute la sanción a Dalmases si así se ha decidido.
Con esta decisión, la Cámara sigue adelante con el procedimiento que puede acabar en sanción y que hasta el momento Junts había tratado de torpedear a través del presidente de la comisión. Primero lo hizo dilatando la convocatoria de la sesión, que no se ha celebrado hasta más de tres meses después de los hechos ocurridos en el plató de televisión de TV3 el 9 de julio y revelados por este diario una semana después. Tras la presión de los grupos, Cuevillas aceptó convocar la comisión, pero este miércoles sus argumentos se han tornado jurídicos para considerar que el código de conducta es poco claro y plantear todo tipo de dudas sobre si podía aplicarse.
La mayoría de los diputados de esta comisión, sin embargo, no han aceptado estos argumentos y han apostado por seguir adelante con la aplicación del código de conducta. De esta forma, la CED ha emprendido este jueves los llamados “procesos de verificación” de tres diputados, es decir, la fórmula mediante la que la Cámara debe determinar si los representantes incumplieron el código de conducta.
Además del diputado de Junts, dos miembros de VOX, el propio líder Ignacio Garriga y el diputado Alberto Tarradas, también estaban estaban sometidos al mismo procedimiento, el primero por un supuesto discurso de odio al vincular migración y delincuencia y, el segundo, por haberse referido a Laura Borràs como “narcopresidenta”.
La sesión ha comenzado con una breve introducción del presidente de la comisión, Jaume Alonso-Cuevillas, y de los representantes de los grupos. Mientras que el primero ha asegurado que consideraba que el código de conducta era “poco claro” y ha manifestado dudas sobre cómo podían aplicarse las sanciones, otros diputados, como los representantes de ERC, la CUP o En Comú Podem, han considerado que el procedimiento es claro y su aplicación es perfectamente posible y adecuada, según los casos. Además han reprochado al presidente las manifestaciones en medios de comunicación en las que había calificado el código de “chapuza”.
Tras esta primera ronda, la comisión se ha seguido a puerta cerrada. Las dudas sobre el procedimiento, según se alegaba, tenían que ver con que fuese la primera vez que la Cámara trataba de aplicar el régimen sancionador de su código de conducta. Así lo ha manifestado, además del propio presidente, el representante del PSC, lo que ha suscitado un debate sobre cuestiones técnicas sobre las sanciones en el ámbito parlamentario. Finalmente, ya bien entrada la sesión, los grupos han comenzado a debatir los casos concretos.
En el caso de Francesc de Dalmases, finalmente se ha acordado por consenso evaluar si infringió el código de conducta y ofrecerle un trámite de audiencia, presencial o por escrito. Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la comisión vuelva a reunirse en las próximas semanas y no dilatar más los trámites, para agilizar lo máximo posible la aplicación del código de conducta. Respecto a los diputados de Vox, la comisión ha decidido esperar a conocer el informe que está realizando la Mesa sobre la libertad de expresión en el ejercicio del cargo, por tratarse en ambos casos de expresiones utilizadas en sus intervenciones ante la Cámara.