¿Qué ha pasado con los 57 millones que desaparecieron de Housers, la ‘startup’ de inversión en ladrillo?

“Invierte como los grandes fondos” era uno de los reclamos con los que la startup Housers, rebautizada hace un año como Crowpire, trataba de captar clientes para invertir en promociones inmobiliarias a cambio de grandes rentabilidades.

Housers llegó a publicitar que había recaudado 167 millones de inversores y se habían devuelto 110. ¿Adónde han ido los 57 millones de euros que faltan?

Ni siquiera la nueva dirección de la empresa, que achaca los problemas a una etapa anterior, logra responder la pregunta. “La mayoría de los proyectos están en desarrollo y construcción y otros en recobro y en juicio”, afirman. “No podemos, en este caso, facilitarte los datos concretos, que daremos en cada caso conforme se vayan devolviendo, repartiendo o recobrando”.

Las docenas de inversores entrevistados y documentación obtenida por elDiario.es apuntan a problemas de gestión y a un entramado societario que permitió a la startup eludir cualquier responsabilidad en los proyectos inmobiliarios que anunciaba mientras, de manera indirecta, mantenía su control.

Sobre el papel, la responsabilidad de Housers sobre una promoción inmobiliaria acababa una vez se lograba la financiación para el proyecto. En la práctica, esas promociones acababan gestionadas por personas con vínculos societarios con la empresa.

La actual dirección, que le puso el nombre de Crowpire a la compañía, señala que estas prácticas forman parte del pasado.

“Estos hechos se produjeron en etapas anteriores y bajo responsabilidades distintas de las actuales”, responden. “Desde la incorporación de la actual dirección la actividad se ha centrado en defender los intereses de los inversores con la máxima transparencia”.

Este periódico también ha podido obtener diversas resoluciones y sanciones contra la empresa y sus dirigentes, incluido su presidente actual, que no habían trascendido hasta la fecha, más allá de las multas por 215.000 euros que le impuso en 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pocas semanas antes de asumir la presidencia de Housers, Juan Guruceta recibió una sanción del Banco de España. En octubre de 2025, el organismo le multó a él y a Divilo, la empresa que preside, con 54.000 euros por haber operado al menos seis meses con un capital inferior al mínimo exigido.

Tres meses después, Guruceta anunciaba que Housers pasaba a llamarse Crowpire y que la plataforma Divilo se integraría como plataforma de pagos en la startup de crowdfunding inmobiliario.

“La incidencia que mencionas es pública”, responden desde la compañía. “Y es absolutamente ajena a Crowpire y a su actividad”.

También el CONSOB, el regulador italiano del mercado de valores, multó con 100.000 euros a Housers a finales de 2019 por acumulación de sanciones vinculadas a su “actividad abusiva”. 

“No nos corresponde valorarla”, responden desde la empresa. “La sentencia es anterior al cambio de control y a la incorporación de la actual dirección”.

Un entramado societario que acababa en un piso de Madrid

En principio la tarea de Housers era la de un mero intermediario que juntaba a inversores con promotores que necesitaban el dinero. Cuando el proyecto estaba financiado, se nombraba un administrador “independiente” y Housers ya no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que ocurriera.

Este nombramiento de un administrador independiente fue una obligación que impuso la CNMV a Housers, cuyos primeros proyectos estuvieron administrados directamente por la startup hasta que el regulador le obligó a separar la gestión.

La empresa propuesta por Housers como “administradora independiente” en buena parte de sus proyectos era una compañía llamada Atrium Lex. El administrador de la empresa, sin embargo, estaba vinculado con personas vinculadas a Housers a través de diversas sociedades radicadas en un mismo piso en el barrio de Peñagrande de Madrid.

El responsable de Atrium era también apoderado de una sociedad, Firstom Properties, que acabó comprando las filiales de Housers en Italia y Portugal en 2019 por casi un millón de euros, según un documento interno de la empresa.

El presidente de Firsthom Properties presidió a su vez la compañía Lemon Key, otra empresa utilizada por uno de los fundadores de Housers, Antonio Brussola, para desviar más de 55.000 euros de proyectos inmobiliarios de la startup, según una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El fundador de Firsthom Properties, Arturo Ballester, y el administrador de Atrium, Luis Puebla, también compartían cargos en otra sociedad inmobiliaria, a su vez radicada en el mismo domicilio de Madrid. El que fuera administrador único de Firsthom Properties, David Marchamalo, fue también liquidador de varios proyectos de Housers.

Atrium, la administradora elegida por Housers, acumula quejas y denuncias judiciales, algunas en curso, por parte de decenas de inversores que acusan a la compañía de llevar años sin presentar las cuentas ni convocar juntas de propietarios en diversas promociones que están paralizadas. 

En una promoción de Barcelona que gestiona Atrium, la administradora aseguró a los inversores que el edificio estaba tapiado cuando en realidad estaba en perfecto estado, según pudo comprobar elDiario.es.

Atrium también fue multada con 100.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos por tratar masivamente datos financieros de inversores sin base legal ni medidas de seguridad y llegó incluso a tener el NIF revocado por insolvencia durante unos meses entre 2021 y 2022.

Al cierre de este artículo, esta empresa de administración de inmuebles no había respondido al cuestionario remitido por elDiario.es.

“Desde nuestra incorporación como gestores, la prioridad de la dirección actual ha sido maximizar la recuperación de las inversiones con transparencia, y defender los intereses de las personas afectadas por situaciones procedentes de etapas anteriores”, responden desde Crowpire.

Inversores denuncian posibles irregularidades en las comisiones

Los más de veinte inversores de Housers entrevistados apuntan también que la startup pudo cometer un fraude a Hacienda a la hora de cobrar sus comisiones en los proyectos. 

Según describen los entrevistados —bajo condición de anonimato para evitar acciones legales— en la comisión del 10% que Housers les cobraba por formalizar contratos u obtener rentabilidades, los cobros se detraían automáticamente de su cuenta en la liquidación de los rendimientos, sin una factura nominativa con identificación de la base imponible y el desglose del IVA correspondiente. 

Al carecer de una factura sobre esta comisión, los inversores no se podían deducir esa cantidad en la declaración del IRPF. Cuando un inversor solicitó a la compañía una factura detallada por este concepto, la empresa le respondió que no se la podía remitir, según un correo obtenido por esta redacción. 

“Es incorrecto que los inversores carezcan de soporte documental”, responden desde Crowpire. “Al menos bajo la actual dirección, toda la documentación contable y fiscal justificativa de los servicios prestados, y relativa a cualquier actividad, se emite, como no podía ser de otra manera, conforme a la normativa aplicable.”