Chopera, 29: un propietario y un ‘inmobro’ se alían para echar a inquilinos y alquilar pisos por habitaciones a 2.000 euros

Cuando Celeste, odontóloga, se reunió con su por entonces casero en febrero de este año para ver si le renovaría el alquiler de su piso compartido en Paseo de la Chopera, 29, en Madrid, la respuesta fue negativa. “El negocio está cambiando, me sale más a cuenta alquilar a empresas que lidiar con los inquilinos”, cuenta que le dijo Juan Luis del Pozo, dueño del edificio. Desde hace ya unos años, la mayoría de inquilinos se tienen que ir cuando finalizan el contrato, como hizo poco después Celeste. El dueño alquila las viviendas a la empresa Madrid Compartido, gestionada por un joven inmobro, que a su vez convierte el comedor en habitación para realquilar el piso troceado por cuartos, pasando de repente de costar 900 a unos 2.000 euros en plena crisis de vivienda.

Lo constata ante el bloque una vecina que paga 690 euros por una habitación donde vive con su pareja. Viven en total 8 personas en su piso, entre quienes viven solos y en pareja en la habitación. Confirma que el apartamento tiene ahora cinco habitaciones y ningún salón y explica que el precio varía en función del tamaño del cuarto y también de la demanda. “Cuando está mucho tiempo vacío, lo bajan”. Con precios que oscilan entre 450 y 690 euros, el piso en total no baja de los 2.500 euros. En el portal, hasta 16 timbres tienen como etiqueta “no funciona”.

“Lo aceptamos porque no piden papeles, es mucho más rápido que cualquier otro alquiler”, cuenta María, venezolana, que está buscando alternativa y espera que le sea más fácil ahora que se ha acogido a la regularización. Los buzones del portal reflejan esta nueva realidad, que expulsa a inquilinos, ahoga a los nuevos y es totalmente legal: siete de los 48 buzones del bloque tienen el logo de la empresa en vez del nombre de sus inquilinos.

Los contratos de habitaciones no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y otorgan menos derechos que los de vivienda habitual, a la espera de que el nuevo decreto que negocia el Gobierno cambie esta situación. Para el rent to rent de estos pisos, como se conoce en el sector a la práctica de alquilar para subarrendar, la empresa de Del Pozo, Hice SL, dueña del bloque, se alía con Madrid Compartido, nombre de cara al público de Domático 22, gestionada por el inmobro (como se conoce a los jóvenes que promocionan la especulación de vivienda en las redes como si fueran criptomonedas) Juan Carlos Atroche.

Juan Carlos tiene solo 26 años y a los 23, hace tres años, ya presumía de gestionar 197 habitaciones en ‘Libre a los 30’, un pódcast de YouTube de entrevistas con especuladores. En su intervención, no escondía el modus operandi de sus negocios y decía preferir el alquiler de habitaciones por varios motivos.

En general, es “mucho más rentable”, pero incluso en un caso en el que ganaba menos dinero, lo prefería: “Tengo un bajo de 30 metros cuadrados que tiene una habitación y un salón y lo hemos convertido en dos habitaciones. Gano 50 euros menos que si lo alquilara entero, pero el dinero que se gana por la rotación, la tranquilidad de ir a ver el piso cuando yo quiera…”. “A mí me gusta ir a ver el piso cuando me apetezca y eso en un alquiler habitual no lo puedes hacer”, explicaba.

En efecto, un contrato firmado fuera de la LAU permite que el tiempo sea el pactado por las partes y, en general, la gente abandona este tipo de vivienda pasados unos meses por su elevado precio y poco espacio de intimidad. Y también queda fuera de la prohibición de cobrar honorarios. “Hay habitaciones de 700 euros que han estado un mes y se han ido, han pagado el mes de inmobiliaria y se han ido y has ganado 1.400 euros en un mes”, contaba entre risas. “A mí me cancelan 10 o 12 personas al mes”, añadía aclarando que podía ganar dinero con la gestión incluso con gente que no llega a pisar las habitaciones.

María, inquilina actual de una habitación, confirma este extremo como clienta: ella tuvo que pagar la mitad del precio de su habitación por la intermediación. Paola, nombre ficticio, es otra inquilina que vive hoy en una habitación alquilada y muestra el contrato que prueba que la habitación está a nombre de Domático 22 y no de Hice, SL.

Paola, contable de 33 años, llegó a esa habitación el año pasado con su pareja a través de Idealista y la dejó hace unas semanas. Pagaba 550 euros, pero “pocos meses después, la misma habitación en otros pisos estaba a 620”, cuenta. Su piso tenía 4 habitaciones, uno menos que el de María, y llegaron a convivir en él hasta tres parejas, un total de siete personas. A 500 euros de media, tampoco debía bajar de los 2.000 euros. Paola estudia además ahora denunciar a Domático porque no les devuelven la fianza ni responden a sus llamadas.

En la entrevista de Youtube de 2023, Juan Carlos cuenta que realiza inversiones de más de 10.000 euros para adaptar el piso al alquiler y que después puede pagar de alquiler unos 800 euros para llevarse 1.581 al mes por los alquileres de habitaciones. En el piso de Chopera, todo apunta más bien a que pueda pagar unos 1.200 de alquiler y llevarse 2.000, pero ni Juan Carlos ni Juan Luis han respondido a las peticiones de elDiario.es.

Paola cuenta que “cualquier reparación era una batalla”, como por ejemplo un arreglo de la caldera que les llevó a estar un mes sin agua caliente. La convivencia en esta especie de habitaciones calientes “se puede hacer dura”, cuenta Paola, que enumera unas 12 personas que vivieron con ella en varios meses. “No hay convivencia. Cada uno va a su ritmo. Vienes a dormir, te despiertas, vas al trabajo y vuelves a casa a dormir”, relata.

La ya ex inquilina asegura que en uno de los pisos ha llegado a haber turnos para dormir porque en una misma habitación podían vivir unas 7 personas. “La mayoría de gente son migrantes, que aceptan estas habitaciones porque no tienen nada y es la forma rápida de acceder a vivienda sin presentar una gran cantidad de documentación”, explica Paola, “pero esta convivencia te puede llegar a enfermar”, remata contundente. Ella y su pareja, además, encontraron esta vivienda después de ser estafados por un supuesto propietario que les cobró una fianza sin tener ningún piso.

Además de Celeste, la ex inquilina del primer párrafo, elDiario.es ha hablado con otras tres inquilinas que tuvieron que abandonar su piso en Paseo de la Chopera al vencer el contrato. En algunos casos, el casero ha renovado el alquiler a inquilinos antiguos y otros viven a la espera de saber qué pasará.

Es el caso de Rocío, nombre ficticio, a quien le quedan un par de años de contrato y ya se va a haciendo a la idea de que le tocará salir. “Desde que han ido entrando los pisos por habitaciones, la convivencia ha ido empeorando porque no le pones cara a los vecinos. Duran unos meses y se van”, cuenta. Y denuncia, además, que las basuras están descontroladas a pesar de que el casero ha decidido que paguen ellas el impuesto.

Echando a los inquilinos incómodos

En 2003, cuando el dueño del bloque todavía no había empezado su migración al alquiler de habitaciones por el doble de precio, el casero ya tuvo un conflicto legal con algunos inquilinos. La empresa de Juan Luis del Pozo se negó a cumplir el tope del 2% de subidas anuales de alquiler que había aprobado el Gobierno con motivo de la guerra de Ucrania, y la presión colectiva a través del Sindicato de Inquilinas hizo que el casero cediera y devolviera 25.000 euros, unos 175 por hogar, informó El Salto. Además, pretendía rescindir los contratos para subirlos un 60%, denuncian los exinquilinos.

Inmediatamente, empezó a proponer subidas del 60% para los contratos que vencían y pocos meses después comenzó a poner sus viviendas al servicio del realquiler por habitaciones. A quienes estaban implicados en la lucha por pedir el cumplimiento de la ley no se les renovó el contrato. La lucha unió a otros dos bloques también propiedad de la misma empresa, en la madrileña calle Valladolid, en Casa de Campo, y en Martín Cerezo, en el barrio de San Isidro.

La empresa inmobiliaria de Juan Luis del Pozo, Hice, S.L., facturó 698.000 euros en 2025, de los que consiguió 278.000 de beneficio con tan solo dos personas contratadas, según cifras del registro mercantil. La familia tiene otras empresas con las que gestiona los otros bloques: Caspima facturó 472.000 y ganó más de 90.000 en 2023 y de Cosvaz figuran resultados de 2020 con medio millón de euros de facturación y 278.000 de beneficio. En total, por el alquiler de unos 160 inmuebles facturan algo más de millón y medio con un beneficio que ronda el medio millón.

En cuanto a la empresa de Juan Carlos, Domático 22, conocida por el público como Madrid Compartido y marca de la empresa Boende 22, facturó 154.000 euros en 2024, último ejercicio disponible, con solo dos años de vida. Casi toda la cifra de negocios se tradujo en beneficios, que alcanzaron los 121.867. Pero es que, además, registró como “otros ingresos de explotación” 1,6 millones de euros, seguramente porque ahí es donde se imputan los alquileres. Por entonces tenía 11 trabajadores contratados.

Madrid Compartido tiene 50 pisos publicados en Idealista con precios que van de los 400 a los 650 euros al mes. Entre los anuncios, hay uno en Paseo de la Chopera por 550 euros en un piso a compartir con 9 personas y que exige el pago de gastos de gestión.

En octubre de 2024, Facua pidió investigar a la empresa porque descaradamente anunciaba el alquiler de habitaciones como “una vía legal para esquivar la nueva ley del alquiler y multiplicar tus ingresos como propietario”. “Te ofrecemos la flexibilidad necesaria para subir el precio del alquiler, decidir la duración del contrato y establecer cláusulas que la legislación de arrendamientos urbanos no permite”, decía el anuncio.