Housers, la 'startup' inmobiliaria que prometía grandes rentabilidades y dejó a cientos de inversores atrapados
Virginia Guisasola, 86 años, le pregunta cada día a su hijo Ignacio cuándo le devolverán su dinero. “Ya no sé qué decirle”, explica él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”.
Guisasola invirtió hace un lustro una parte de sus ahorros, unos 10.000 euros, en una plataforma de crowdfunding inmobiliario llamada Housers. Se suponía que, tras invertir en una promoción de ladrillo, en poco tiempo recuperaría su dinero con unos generosos intereses.
Tras varios años esperando, sin embargo, no sabe si los llegará a recuperar.
“Lo peor de todo es la falta de información”, abunda su hijo, que también tiene miles de euros paralizados en esa startup. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.
Anunciada a bombo y platillo en los medios, Housers nació en 2015 como la primera plataforma española de crowdfunding inmobiliario. La empresa permitía invertir desde 50 euros (ahora son 300) en la compra, reforma y posterior venta o alquiler de inmuebles a cambio, supuestamente, de intereses que podían alcanzar entre el 10 y el 13% o en ocasiones incluso más.
Tras una década de quejas, demandas de inversores insatisfechos, disputas entre los socios e incluso varias multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Housers cambió en febrero de nombre y accionistas: ahora se llama Crowpire.
Los problemas, no obstante, siguen siendo los mismos, según aseguran más de veinte inversores entrevistados para este reportaje.
“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, afirma Juan Antonio Fernández, otro afectado que lleva años esperando recuperar una parte de los 25.000 euros que invirtió.
De las entrevistas y la documentación empresarial y judicial obtenida se desprende que cientos de personas llevan años sin poder recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin ningún tipo de información sobre el estado de sus inversiones desde hace años.
Antoni Brussola, uno de los fundadores de la empresa (actualmente fuera del accionariado), fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de administración desleal por desviar 55.000 euros desde sociedades vinculadas a proyectos de Housers a la cuenta de una empleada de otra empresa que él presidía.
La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero y que no había trascendido hasta la publicación de este artículo, ha sido recurrida ante el Supremo.
“Brussola salió de la compañía en el año 2021. La nueva dirección de la compañía no tiene ni ha tenido contacto alguno con esta persona”, responden desde Housers/Crowpire. Esta redacción ha intentado sin éxito localizar a Brussola para ofrecerle comentar el artículo.
Housers/Crowpire, a su vez, ha contratado en varias ocasiones como intermediarios que presentaba como independientes ante los inversores a empresas controladas por personas que están en el organigrama de gobierno de esta startup inmobiliaria, según el registro mercantil.
Housers/Crowpire también llegó a ofertar a sus clientes inversiones vinculadas a una inmobiliaria de Marbella que fue investigada judicialmente en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La causa fue archivada , pero los inversores consultados aseguran que no han recuperado sus fondos.
“Crowpire tiene un accionariado completamente diferente al que tenía Housers, además de que todo el equipo fundador y gestor de Housers abandonó la compañía hace tiempo”, respondió la empresa en un cuestionario enviado el pasado julio.
Inversores que no saben adónde ha ido su dinero
La mayoría de los entrevistados admite que los primeros proyectos en los que invirtieron salieron bien: la plataforma les informó debidamente de cómo avanzaban y, aunque con menos intereses de los publicitados, lograron algunas ganancias.
El modelo consistía inicialmente en constituir una sociedad por cada inmueble y el inversor se convertía en socio y esperaba beneficios tras la venta o el alquiler. Posteriormente, la empresa pasó a un modelo de préstamos participativos a promotores que necesitaban financiación.
“¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta uno de los afectados. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar y la gente se extraña de haber perdido el dinero”.
A partir de 2019 un gran número de inversiones empezaron a ir mal. La información empezó a escasear, nadie sabía qué ocurría con sus aportaciones. Algunos inversores a día de hoy desconocen, en algunos casos desde hace más de seis años, si sus proyectos siguen en pie, si los promotores a los que prestaron dinero continúan operando o si directamente lo han perdido todo.
Basta visitar las páginas de reseñas Crowdrating o Trustpilot, con más de un millar de opiniones negativas, para ver hasta qué punto los inversores están descontentos con la plataforma.
La CNMV impuso ese año a la empresa tres sanciones que sumaron 215.000 euros. La primera, muy grave, por incumplir de forma reiterada sus obligaciones de información y transparencia hacia los clientes. La segunda, también muy grave, por llevar a cabo actividades no contempladas en su autorización. La tercera, calificada como grave, por la publicación de un proyecto de financiación participativa que no cumplía la normativa.
Los inversores describen juntas que se reducen a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años en llegar —cuando llegan—, documentación sobre sus inversiones que ha desaparecido con el cambio de nombre de la empresa (la compañía les ha asegurado que no tardará en estar disponible) y administradores que no presentan cuentas ni convocan reuniones desde hace años.
“Es muy grave que no nos informen de nada”, apunta Ruben Berastegui, de 44 años. “Nadie te dice si alguno de los proyectos no se podrá recuperar, tienes que adivinarlo tú porque llevan años paralizados”.
Berastegui invirtió decenas de miles de euros en 42 proyectos distintos ofertados por la startup. En 24 de ellos logró recuperar el dinero, pero en los 18 restantes asegura que lo ha perdido todo o no tiene noticias de su inversión.
“En los que he conseguido recuperar el dinero habré ganado unos 8.000 euros”, sostiene en conversación telefónica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.
Otros clientes, como Asier Fernández, invirtieron en la compra y reforma de un piso en el corazón del Raval. Pagó el dinero hace más de cinco años y afirma que la última noticia que tuvo de su inversión, a través del administrador, era que el edificio estaba tapiado. El inmueble, sin embargo, no está tapiado y presenta un aspecto exterior normal, según pudo comprobar este diario.
Dificultades para denunciar o recuperar el dinero
Son varios los inversores que han intentado sin éxito llevar a esta empresa a los tribunales durante la última década. En 2020 incluso se creó una asociación de afectados que se acabó disolviendo tras los reveses judiciales a los inversores.
“Lo tienen muy bien montado para que sea difícil denunciarlos”, apunta Guillermo (no quiere que se publique su apellido), otro de los clientes atrapados.
Según los contratos analizados, Housers/Crowpire se presenta como un mero “intermediario” tecnológico, una especie de tablón de anuncios que junta a quien quiere invertir con quien necesita el préstamo, sin responsabilidad en caso de que el negocio salga mal.
Pero su papel no se limita a poner en contacto a inversores y promotores: según los contratos analizados, la plataforma decide qué proyectos publica y puede solicitar información adicional al promotor.
El contrato atribuye al promotor la responsabilidad por cualquier información falsa o engañosa que traslade a los inversores y exime expresamente a Housers de esa responsabilidad. Esto ocurre pese a que la plataforma cobra una comisión específica por el “análisis y estudio” de cada oportunidad y recurre a asesores externos para valorar los proyectos antes de publicarlos.
Housers, además, cobra comisiones en distintas fases del proyecto, con independencia de que el inversor gane o pierda dinero: hasta un 6% al inicio, por recibir, analizar y publicar la oferta; 100 euros por cada aviso de impago que envía; y 2.000 euros cada vez que se reestructura la deuda de un proyecto con problemas.
Los contratos, por tanto, prevén pagos adicionales a la plataforma cuando un proyecto entra en impago o necesita una reestructuración, mientras los inversores siguen pendientes de recuperar su dinero.
“Opacidad en las votaciones”
En algunas ocasiones, los inversores han logrado votar conjuntamente para expulsar al administrador designado inicialmente por Housers/Crowpire y gestionar la promoción por su cuenta, pero en la mayoría de casos no logran tirar adelante estas votaciones porque los afectados no se conocen entre ellos y cuesta coordinarse, a pesar de que existen más de una docena de grupos de WhatsApp en los que los afectados intentan organizarse.
Los entrevistados también afirman que no logran nunca ejecutar la garantía hipotecaria cuando un proyecto se ha atascado. “Ha habido proyectos en los que nos hemos organizado para votar, pero siempre acaba ganando la opción de dar más tiempo al promotor, nunca la de ejecutar”, apunta Juan Antonio Fernández, que ha invertido en diversos proyectos desde 2017.
Este periódico ha podido comprobar que, en varios proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías —la empresa que actúa de intermediaria entre inversor y promotor para verificar y, en su caso, ejecutar las garantías hipotecarias— a una sociedad controlada por el que fue secretario no consejero de Housers/Crowpire entre julio de 2019 y noviembre de 2025.
“No ha afectado en nada la independencia”, responden desde Housers/Crowpire, “porque el secretario consejero no forma parte del órgano de administración a efectos de voto y ejercicio”. Añaden, sin embargo, que tras las preguntas de elDiario.es no seguirán contando con esta empresa como intermediaria.
En otros proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías a sociedades recién creadas y sin ni siquiera un teléfono de contacto. “Su contratación se hace por su cualificación y profesionalidad”, aseguran desde la plataforma. “No corresponde a esta compañía valorar la estructura jurídica de estos”.
Los inversores entrevistados sostienen que tampoco resulta fácil organizar reclamaciones judiciales conjuntas con otros clientes a los que no conocen de nada, por no contar con los que han invertido pequeñas cantidades y no están dispuestos a sufragar un abogado.
“¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se pregunta Ignacio Rubio. “Estamos todos atrapados y ni siquiera podemos declarar las pérdidas de proyectos que no saldrán adelante porque la empresa ni siquiera nos informa de que han fracasado”.