Cómo pasó Junts de pactar el decreto de vivienda a tumbarlo

El martes por la noche se celebró la cena anual de la patronal Pimec. Casi 1.000 empresarios y representantes de la mayoría de instituciones y partidos catalanes. Muchas de las conversaciones y preguntas versaron sobre los decretos de vivienda. La presentadora del acto, micro en mano, fue interpelando a los distintos políticos que asistían al evento. Cuando le tocó el turno a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts ya abrió la puerta a rechazar ambos decretos. El segundo se daba por descontado, pero la cuestión era qué votarían al primero.

En los corrillos con representantes empresariales, Nogueras les pidió también ayuda para que a Junts le fuese más fácil explicar su posición, según confirman a elDiario.es fuentes presentes en el acto, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pimec, en una interpretación inicial, había valorado positivamente “la orientación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el alquiler asequible y ampliar la oferta”. Pero, al mismo tiempo, esta organización empresarial, una de las más moderadas, reclamó que el conjunto de las medidas garantizase seguridad jurídica, viabilidad económica y “un aumento efectivo de la oferta”. Además, advirtió del riesgo de generar incertidumbre y de que acabase poniéndose menos vivienda en el mercado.

Hubo posicionamientos menos diplomáticos y mucho más duros con los decretos del Gobierno. Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya alertaron de que podían “agravar” el problema. También insistieron en que, en su opinión, se estaba abonando una “mayor inseguridad jurídica”. Este sector, siempre próximo al tradicional entorno convergente, entiende que las medidas que finalmente no han prosperado trasladaban a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas.

En una línea parecida, el colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, cuya representante más conocida es la exconsellera y exdiputada Lourdes Ciuró, considera que la mayor parte de las medidas actuaban sobre el parque de alquiler existente, sin impulsar suficiente vivienda nueva ni ampliar de manera efectiva la oferta pública y asequible.

Como siempre, la patronal más tajante fue Foment. A los argumentos esgrimidos por el resto de representantes empresariales, su presidente, Josep Sánchez Llibre, añadió que los decretos pretendían “socializar” la propiedad privada: “Es la propiedad de miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler”.

Junts, que no solo por la presión de las plazas, pero también por ella, negoció el primer decreto con el Gobierno, constató pronto que los sectores que le son más afines electoralmente, aquellos que se erigen como representantes de los llamados pequeños propietarios, rechazaban ambos textos. Además, a diferencia de otras formaciones, sus votantes no están en esas protestas de la calle.

El partido fue endureciendo su discurso tras conocerse el contenido de los decretos, pese a que el Gobierno los había dividido en dos para asegurarse de que votaría al menos uno de ellos, el que incluía las propuestas que habían negociado. Incluso en las filas de los independentistas decían que el primero era “el decreto de Junts”. Pero Nogueras y otros diputados expresaron su enfado por no haber tenido hasta horas después los dos decretos, empezaron a deslizar que algunas de las medidas no eran las acordadas y atribuyeron los cambios a la influencia de Sumar y el resto de “ideologías extremas”.

“Queremos ver la letra pequeña”, “lo estamos analizando”, se limitaban a señalar. La palabra que empezaron a repetir fue “decepción” y, a partir de ahí, el discurso fue escalando cada vez más.

Fuentes de Junts confirman que también sus alcaldes les hicieron llegar el rechazo a los decretos. Uno de los argumentos es que eran “inaplicables” y apelaban, como las patronales, a la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

Los diputados en Madrid eran de los más duros en el rechazo y Jordi Turull optó por convocar una reunión telemática, en la que Puigdemont no participó porque solo asiste a las permanentes o a las más reducidas. Sirvió para certificar el ‘no’ que se ha confirmado este viernes en el Congreso. “Un decreto en el que sale el nombre de ‘Maricarmen’ no es un decreto, es un artículo de opinión”, critican en el partido.

El Gobierno estaba convencido hasta el jueves por la tarde de que Junts no tumbaría ambos decretos, pero a media tarde empezó a cundir el pesimismo.

Los argumentos que se esgrimieron en la reunión telemática de los posconvergentes, en la que el rechazo a los decretos se adoptó por unanimidad, fueron los que Nogueras repitió en la tribuna del Congreso. Según su interpretación, los fondos buitre podrían seguir especulando y desahuciando y los pequeños propietarios tendrían que asumir el coste de proteger a los inquilinos vulnerables.

En la comparativa entre los decretos presentados por el Gobierno y el texto alternativo que le entregó este viernes en el Congreso, lo más destacable es que los de Puigdemont proponen recortar el decreto de vivienda a favor de los caseros y acelerar los desalojos de okupas. En esta información se pueden leer las diferencias entre ambos documentos.

Con la propuesta de Junts queda claro que la principal objeción no era que el decreto del Gobierno se quedase corto, como afirmó Nogueras desde la tribuna, sino que, en su opinión, se excedía.

En su defensa del pequeño casero, las prórrogas extraordinarias pasarían a ser voluntarias, favorecidas solo con incentivos fiscales, y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables afectaría solo a los grandes tenedores. Una de sus rectificaciones más destacables es que es partidario de no regular el alquiler de temporada, el gran agujero por el que gran cantidad de pisos han dejado de estar al alcance de muchos vecinos de las grandes ciudades.

La opinión de sus votantes

Sus votantes no son inmunes a la crisis de la vivienda. Según el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), es el principal problema para los electores de la mayoría de los partidos catalanes: para un 62% en el caso de la CUP, un 53% en los Comuns, un 38% en los del PSC, un 34% en ERC y un 20% en los de Junts. Entre los votantes de Aliança y Vox, la principal inquietud es la inmigración.

El azar quiso que Junts tuviera que tomar la decisión sobre los decretos, quizás la más trascendente de este final de legislatura, un 1 de octubre, nueve años después del de 2017. Un tiempo en el que el partido, como el conjunto de la sociedad catalana, ya no tiene la independencia como principal preocupación política. Pasados los años del procés, Junts es hoy un partido que trata de posicionarse con claridad en la derecha, con un discurso de corte liberal en lo económico y cada vez más duro en cuestiones como la inmigración o la delincuencia.

La cúpula de la formación es muy consciente de que ya no se disputa la mayoría de los votos con ERC, como ocurría hace una década, sino con Aliança, una formación de extrema derecha que en materia de vivienda está muy cómoda con el mismo discurso que Vox. Los ultras independentistas se han pasado la semana acusando a los de Puigdemont de estar vendidos al PSOE.

Junts es, por tanto, un partido de ideología liberal-conservadora, con un electorado que se sitúa hacia la derecha, que tiene importantes vínculos con las patronales y que se disputa los apoyos con formaciones instaladas en la extrema derecha. Pero aún hay una razón más para que opten por no aprobar nada que llegue del Gobierno: se han sentido engañados en la negociación que mantenían en Suiza y, desde hace cerca de un año, han llegado a la conclusión de que les resta aparecer junto a Sánchez. Y eso, como ya alertaron hace meses, no cambiará cuando regrese Puigdemont.