Qué penas máximas contemplan los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en su anuncio de una querella contra Puigdemont y todos los consellers, ha dicho que la organización del referéndum puede ser constitutiva “al menos” de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos (este último, el único que contempla penas de cárcel). Este es el resumen y las horquillas de penas de los tres delitos a que ha hecho referencia Maza:

- Prevaricación (artículo 404 del Código Penal): está castigado con penas de entre tres meses a quince años de inhabilitación y prohibición de ser candidato a unas elecciones, así como el pago de multa. Este delito castiga al cargo público que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su ilegalidad.

- Desobediencia (artículo 410 del Código Penal): posible pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años. El delito de desobediencia requiere que previamente exista una orden directa para el acusado, que en este caso podrían ser los numerosos avisos que ha mandado el TC para que los políticos catalanes no desarrollen el plan soberanista. Este es el delito por el que fue condenado Artur Mas por la consulta del 9-N.

- Malversación (artículo 432 del Código Penal): es el único de los tres delitos que contempla penas de prisión, en concreto de dos a seis años, así com una inhabilitación de seis a diez años. No obstante, si se causa “un grave daño o entorpecimiento al servicio público” la pena podría llegar a los ocho años de cárcel y a los ocho años e inhabilitación.

En paralelo a la vía penal, el Tribunal Constitucional podría hacer uso de sus facultades para suspender a cargos públicos de sus funciones en caso de que Puigdemont siga hasta el final con el 1-O, aunque el Gobierno de momento no las pedirá para evitar romper el consenso en el Tribunal.