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La Fiscalía General del Estado anuncia querellas contra la Mesa del Parlament y el Gobierno de Puigdemont

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, asegura que los impulsores de la ley de Referéndum podrían haber cometido los delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos"

La Fiscalía ha trasladado a la Policía la orden para incautar las urnas y todo el material necesario para la celebración de referéndum

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El FGE, José Manuel Maza EFE

Ofensiva de la Fiscalía General del Estado contra la convocatoria y celebración del 1-0. El fiscal general, José Manuel Maza, ha anunciado su intención de perseguir a la Mesa del Parlament y al Gobierno de Puigdemont por la presunta comisión de "al menos" los delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos". Maza ha realizado el anuncio por medio de la lectura de un comunicado en una comparecencia sin preguntas y marcada por un tono de gravedad.

Maza ha anunciado la presentación de dos querellas criminales, que la Fiscalía presentará en las próximas horas ente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según el fiscal general "la gravedad de los acontecimientos" obligan a la adopción de medidas contundentes "para garantizar nuestro modelo de convivencia".

Fiscalía ha ordenado además que la Polícía persiga la organización del referéndum y se incaute del material preparado para realizar esa consulta.  Esta orden ha sido consensuada, según Maza, con el fiscal superior de Cataluña y con los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. 

La decisión de que sea la Fiscalía quien lleve el peso de la ofensiva judicial contra los protagonistas de la convocatoria del referéndum evitará que el Gobierno tenga que forzar al Constitucional a la adopción de medidas como inhabilitar a los responsables de los actos que también se han recurrido ante ese tribunal. Los delitos por los que el ministerio público perseguirá a los miembros del Gobierno de Puigdemont y a los integrantes de la Mesa podrían acarrear incluso penas de cárcel para sus responsables.   

Paralelamente al anuncio del fiscal general, el Consejo de Estado daba por terminado su trabajo de elaboración de los dictámenes que el Gobierno necesita para plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional por la aprobación de la ley de referéndum. A pocos días de la celebración de la Diada, a los responsables de impulsar la consulta se les abren en el mismo día dos frentes: el esperado recurso ante el Constitucional y otro de carácter criminal, a instancias de la Fiscalía.    

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