El abogado acusado por el bulo del 'caso Bar España' que se sienta 'online' en el banquillo y le echa la culpa a un muerto

El abogado Javier Fernández Torres se defiende a sí mismo en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' y comparece en el banquillo de los acusados en la modalidad telemática, al residir en Irlanda. El acusado declaró este martes, en la segunda sesión de la vista oral, para echarle el muerto a Reinaldo Colás, el peluquero fallecido en 2017 que, por venganza hacia su exmujer, creó inicialmente el bulo de una supuesta trama de pederastia y asesinatos en Castelló que implicaba falsamente a la pareja de ésta última, a la magistrada que archivó su denuncia y a relevantes cargos públicos, con un infundio amplificado en redes sociales por el submundo conspiranoico, por el que el fiscal Javier Carceller solicita penas de siete años de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Fernández Torres relató ante el juez de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló que Colás le hizo un “encargo profesional” y le remitió un “documento de 204 páginas”, además de un “informe pericial” sobre sus hijas, que supuestamente habrían sido las primeras víctimas de la falsa trama del 'caso Bar España'. Todo ello, según declaró el acusado, “para que se investigasen los hechos y se determinase si, efectivamente, esas denuncias que figuraban en el documento eran verídicas o eran falsas”, según manifestó el letrado a peguntas del representante del Ministerio Público.

“Yo no hice denuncias, hice un dictamen jurídico”, alegó el abogado, quien se amparó en el “trabajo de investigación de Reinaldo”.

El acusado dijo que “no tenía conocimiento” de que uno de los principales señalados por las denuncias de Reinaldo Colás era precisamente Giuseppe Farina, la pareja de su exmujer, con quien el peluquero mantenía un contencioso por el régimen de visitas de sus hijas.

Fernández también aseguró, en un primer momento, que “no tuvo conocimiento” de que Colás había sido condenado por denuncia falsa (en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs).

Luego dijo que había oído “comentarios” sobre el hecho de que el peluquero había sido condenado por el bulo y reconoció que sabía que Reinaldo Colás “tenía procedimientos” por sus denuncias falsas. Y, finalmente, precisó que su cliente “mencionó tangencialmente” que había sido condenado por denuncia falsa.

Dislates con “apariencia de veracidad muy grande”

Sin embargo, el acusado no pudo comprobar el contenido de los dosieres que elaboraban Colás y sus colaboradores, “por falta de medios económicos”, según defendió. “Reinaldo no contaba con medios suficientes, traté de apoyarle en todo lo que pude”, remachó.

La documentación que le aportó Colás, que sostenía que se habían producido abusos a menores e incluso asesinatos en el Bar España, presentaba una “apariencia de veracidad muy grande” y era “muy profunda”, dijo Javier Fernández.

El acusado también se parapetó en un segundo personaje cercano a Colás, el también fallecido Joaquín Crespo Marqués. “A día de hoy ese informe pierde valor por el fallecimiento de los dos”, se escudó Javier Fernández, a modo de estrategia de defensa. El abogado apostilló que “en absoluto” sabía que Crespo también fue condenado por denuncia falsa.

Por lo demás, el letrado negó que se concertara o se coordinara para amplificar el bulo con el resto de acusados, todos pertenecientes al submundo conspiranoico, incluyendo a Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o a Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y vincularla con el narcotráfico.

Javier Fernández reconoció que remitió en 2016 un informe a una larga lista de instituciones: la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat o la Agencia Valenciana Antifraude.

También a cargos autonómicos como el entonces president Ximo Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, o a representantes políticos de la época tales como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Rafael Hernando o Gabriel Rufián, entre otros. “Tenían que saber que no se estaban investigando un montón de asesinatos por parte de ninguna administración pública competente”, dijo Fernández.

El fiscal recordó que el acusado, mientras enviaba a media España el bulo, tenía una requisitoria de busca y captura al no haberse presentado ante el juzgado que le investigaba por la difusión de la desinformación.

Acusaba “de manera expresa” a Oltra o Camps

En los escritos, acusaba “de manera expresa” a cargos públicos como Oltra o la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, entre muchos otros, “de la omisión del deber de impedir delitos”, según recordó el fiscal Carceller. También implicó al expresident Francisco Camps.

Por otro lado, el acusado reconoció haber aportado el documento elaborado por Reinaldo Colás a Virginia Mota San Máximo, a quien elogió como una “profesional seria y rigurosa” y quien también se sienta en el banquillo de los acusados por difundir el bulo del 'caso Bar España' en el “periódico digital” Aquí Actualidad, ya desaparecido de la red y cuyo editor, Santiago Cordido García, figura como responsable civil.

Javier Fernández revestía sus escritos con el sello de 'Abogados contra la Corrupción', una entidad que nunca se llegó a constituir oficialmente y que el letrado definió como una “firma privada” de la cual poseía el “100% de titularidad”. “La fundación se quedó en el aire por falta de fondos”, indicó el acusado.

El fiscal, por el contrario, considera que el abogado usó “como pantalla” a la entidad “con la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” relativas al bulo del 'caso Bar España'.

Las declaraciones de las víctimas

Las siguientes sesiones del juicio incluyen la declaración testifical de varias víctimas del bulo, tales como Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.

También declararán como perjudicados la magistrada que archivó por falta de pruebas la primera denuncia de la fábula, que ha sufrido durante casi dos décadas una persecución sistemática, o enemistades personales de Reinaldo Colás incluidas en el infundio, además de las hijas del peluquero fallecido.