Abren juicio oral por falso testimonio al exasesor del PP que trató de reventar el juicio de 'Taula' por la caja B en València

Lucas Marco

València —

0

Antes se coge a un mentiroso que a un cojo, dice el rico refranero español. El exasesor popular Jesús Gordillo no sufre cojera, pero le han abierto juicio oral por un presunto delito de falso testimonio por su rocambolesca declaración como testigo en el juicio sobre la caja B del PP de València durante la etapa de Rita Barberá. La Fiscalía pide para Gordillo una pena de un año de prisión tras su actuación durante el juicio de la pieza A del 'caso Taula', en el marco del cual declaró el 24 de enero de 2024 para desdecirse de todo lo que había mantenido en la fase de instrucción, echarle la culpa a un muerto y acusar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberlo presionado, tal como informó elDiario.es. Su retractación, con fragmentos dignos del cine negro, hizo aguas por todas partes y no logró salvar al principal acusado, el ex vicealcalde de València, Alfonso Grau, condenado a la sazón a cuatro años y medio de prisión.

Se trataba del testigo clave de la causa sobre la caja B del PP de València para las elecciones de 2007 y 2011. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, lejos de creer su drástico cambio de versión, ordenó en un auto complementario al fallo que se investigara si se había producido un falso testimonio, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito del Ministerio Público, adelantado por El Español y al que también ha tenido acceso este diario, considera que la declaración de Gordillo “entró en contradicción” tanto con los otros testigos de la vista oral como con la documentación que constaba en el procedimiento, tal como “explica de manera extensa y pormenorizada” la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia. De hecho, el tribunal privó de cualquier valor probatorio al testimonio de Jesús Gordillo, del que sospechaba firmemente que pudo haber faltado a la verdad ante el tribunal “a sabiendas”, según recuerda la Fiscalía en su escrito.

La titular de la plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València dictó el auto de juicio oral contra Gordillo y designó a un juzgado de lo Penal como órgano competente, dado el presunto delito imputado al exasesor.

Jesús Gordillo, actualmente funcionario del Ayuntamiento de València, aportó a la UCO la documentación sobre el entramado del PP de València de su caja B para las municipales de 2007 y 2011 y explicó detalladamente en entramado organizado por Alfonso Grau, el vicealcalde del que el testigo había sido asesor. Actuó como una auténtica 'garganta profunda', aunque tras la fase de instrucción se plantó en el juicio oral para actuar como redimido salvador de su exjefe, con quien había roto todos los puentes.

La fábula de Gordillo en el juicio

En la vista oral Gordillo se desdijo de todo, le echó la culpa a un empresario fallecido (Vicente Sáez, de quien dijo de paso que consumía cocaína) y se sacó de la manga que un misterioso hombre —a quien ni siquiera supo describir físicamente— lo había amenazado por la calle para que entregara la documentación. Una supuesta amenaza que ni siquiera comunicó al juez instructor del 'caso Taula' cuando posteriormente se ratificó en su declaración policial.

Además, en la sala también expuso otras fabulaciones sobre la periodista a la que entregó la documentación que fueron desmentidas por el director de Valencia Plaza, Javier Alfonso, que tuvo que comparecer como testigo en el juicio a consecuencia de la retractación de Gordillo.

La nueva versión de Jesús Gordillo no logró convencer al tribunal, cuyo presidente le recordó en varias ocasiones la definición del delito de falso testimonio en el ordenamiento jurídico español.

De hecho, la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, dictada el 30 de julio de 2024, descartó de plano el cambio de versión de Gordillo y condenó a Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión.

El fallo, recurrido ante el Tribunal Supremo, acreditaba detalladamente las empresas contratistas del Ayuntamiento de València que hincharon la millonaria caja B del PP de Rita Barberá.